La deriva filantrópica de la solidaridad y sus potenciales efectos antipolíticos.

Juan Carlos Aguiló | Docente/Investigador, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNCuyo.

Fotos: Cristian Martínez

 

[/media-credit] Twitter | 19/4/2020.

Una de las primeras reacciones de referentes de algunos sectores de la dirigencia política de Mendoza como respuesta a la falta de recursos para enfrentar las inesperadas y especiales demandas que la pandemia del COVID-19 exige al sistema público de salud ha sido la de proponer recortes de sueldo de funcionarios políticos para destinarlos a la atención de la emergencia. Esta medida, que se ha difundido a los cuerpos legislativos provinciales y a algunas autoridades de la UNCuyo, merece un análisis de los supuestos no explicitados que la conforman que quiero pasar a develar y cuestionar:

Un primer tema no menor es el impacto financiero que este tipo de fondos solidarios voluntarios podría tener en las reales necesidades presupuestarias de las políticas públicas de salud y educación. Entiendo a priori que esta recaudación voluntaria y solidaria tendría un impacto menor en las necesidades presupuestarias reales ¿Por qué? Porque estas son de una envergadura tan importante que solamente pueden ser resueltas a partir de la estructura impositiva sobre la que descansan los ingresos públicos. Se podría argumentar: ¿Los ingresos públicos están deteriorados con motivo de la disminución de la actividad económica producto de la suspensión de actividades obligada por la pandemia? Evidentemente, esto es correcto, entonces hay que apelar a ingresos de emergencia a partir de la aplicación de tributos extraordinarios a las grandes fortunas tal como se intenta plantear en el Congreso Nacional. Quedará pendiente la necesaria e imprescindible discusión sobre la estructura tributaria nacional y la concentración de la riqueza en nuestro país cuando retomemos la normalización de las actividades productivas una vez que superemos la restricción de actividades motivadas por los recaudos sanitarios.

Lisandro Nieri y Enrique Vaquié, ministros de Finanzas y Economía, respectivamente, del Gobierno de Mendoza.

Segundo, además de su carácter extraordinario y transitorio que no resuelve problemas estructurales de larga data, descansa en supuestos no explicitados, y probablemente no compartidos conscientemente por todos los que la proponen, en cuanto a dar por descontado que todas/os las/os funcionarias/os políticos de distinto nivel en distintas dependencias del Estado en sus diferentes poderes cuentan con excedentes financieros para aportar a estos fondos solidarios de emergencia. Este supuesto podría no cumplirse en muchos casos, en especial si se piensa para el caso de los cargos de gestión en la universidad pública, y dejaría entonces a las/os que no aportaran al fondo expuestos a la crítica siempre presente de la “opinión pública” amplificada y vehiculizada por los medios de comunicación que en nuestra provincia son particularmente hegemónicos. Podría estar funcionando aquí el argumento de lo inmerecido de los sueldos de la “política” y, llevado al extremo el razonamiento, una reaparición de explicaciones que adhieren a una práctica elitista de la misma. ¡Qué los cargos públicos sean ad-honorem podrían llegar a plantear algunos! Esto daría paso que solamente aquellas/os que cuentan con abultados patrimonios e ingresos podrían dedicarse a la actividad política en un regreso a las formas de la política de principios del siglo XX. Una suerte de elitismo en clave posmoderna que debilita varios de los principios de funcionamiento de las democracias representativas. La sospecha sobre la actividad política y las acciones de sus funcionarias/os podría trasladarse también a buena parte de las acciones del Estado y los funcionarios públicos. Actitud de sospecha crónica sobre lo público que sintoniza en la misma lógica que sostenía al voluntariado que proponía la exgobernadora de la Provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, para reemplazar a maestras/os en huelga. Culpabilización y prescindibilidad de los servicios públicos. ¡Claro! Ahora en tiempos de pandemia convocamos a aplaudir al personal sanitario… siempre y cuando no sean mis vecinos.

Como vemos, solidaridad es un concepto polisémico, como la mayoría de los utilizados para intentar explicar y comprender las razones de los fenómenos sociales y puede significar diferentes cosas para diferentes sectores y estar al servicio de diferentes intereses. Develar los supuestos que estarían funcionando en su utilización filantrópica tiene por objeto mostrar que esta forma de uso oculta que las desigualdades e inequidades presentes en nuestra sociedad se deben a razones de corte estructural que solamente van a ser reducidas con mejores políticas públicas que surjan de discusiones políticas que disputen el sentido común dominante que se oculta atrás de principios supuestamente bienintencionados. La solidaridad debe ser concebida y operacionalizada, por el contrario, como el derecho que tienen todas/os los ciudadanos a vivir en condiciones de bienestar garantizadas por la ley y por la provisión efectiva y eficiente de políticas públicas financiadas a partir de una estructura impositiva progresiva. Las propuestas que apelan a respuestas “neo-filantrópicas” distraen la atención de la discusión de los problemas estructurales de nuestra sociedad y contribuyen, al mismo tiempo, al cuestionamiento de la política y el debilitamiento y del rol del Estado mediante la deslegitimación de los funcionarios públicos.

 

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