Una sede de la Oficina de Conciliaciones Laborales, impulsada por Cornejo para combatir la “industria del juicio”, se encuentra en el estudio jurídico de Alejandro Jofré, exsubsecretario de Trabajo, actualmente imputado por abusos sexuales.
La Oficina de Conciliación Laboral (OCL) fue creada el año pasado por la mayoría oficialista en la Legislatura y puesta en funciones por sus ideólogos: el entonces ministro de Gobierno Dalmiro Garay, el gobernador Alfredo Cornejo y el actual viceministro de Trabajo nacional, Horacio Pitrau.
En un acto celebrado en noviembre del año pasado, el mandatario mendocino destacó: “Queremos que se resuelvan rápido los conflictos laborales y no que estén ocho años litigando”. Cornejo puso su confianza en esta herramienta para combatir la “industria del juicio” y terminar con el “colapso de las Cámaras Laborales”.
La actuación de la OLC es vital para las trabajadoras y trabajadores. En la práctica, esta dependencia de la Subsecretaría de Trabajo actúa como árbitro obligatorio en conflictos laborales que impliquen despidos, cobro de salarios, consignaciones, daño moral, desalojos, diferencias salariales, pago de vacaciones y aguinaldos, etc. Hasta el día que “lo renunciaron”, debido a graves denuncias penales por abusos sexuales, Alejandro Jofré fue su máximo responsable.
La Oficina está integrada por un Cuerpo de Conciliadores, es decir, abogadas y abogados que “acercan” a las partes para reducir la judicialización. Sin embargo, lejos de la pregonada transparencia, la conformación de ese cuerpo dejó más dudas que seguridades. Una investigación de EL OTRO demostró que el proceso de selección de los letrados estuvo plagada de vicios, los que todavía no fueron desmentidos ni rectificados por el Ministerio de Gobierno, responsable político de la OLC.
¿Imparciales?, los cigarrillos
La innovación laboral del Ejecutivo suma nuevas manchas. En los últimos días, este diario pudo recabar datos y testimonios que confirman la falta de juego limpio en la OLC y comprometen seriamente la imparcialidad del organismo. A punto tal que, desde su implementación, una de las sedes funciona en “Jofré & Asociados”, el estudio jurídico del exsubsecretario de Trabajo, actualmente imputado por “la presunta comisión del delito de abuso sexual simple, dos hechos, y abuso sexual simple en grado de tentativa, todo en concurso real”, tal como consta en el expediente judicial 300.050/17.
La abogada Carina Alejandra González Romera, matrícula profesional 8486-A, es una de las conciliadoras designadas tras el cuestionado concurso oficial. Según consta en el listado de domicilios publicados, la letrada tiene su oficina en la calle Comandante Fossa 4, de la Ciudad de Mendoza. En ese lugar, la profesional realiza los arbitrajes entre patrones y trabajadores para que solucionen “amistosamente” sus conflictos y así evitar que se llegue a un juicio laboral.
El detalle, para nada menor, es que la dirección de González Romera es la de “Jofré & Asociados” y coincide con el domicilio declarado por su jefe, Alejandro Jofré, ante la Administración Federal de Ingresos Públicos.
Taca, taca
Obviamente, los conciliadores de la OLC cobran por su trabajo aunque, a diferencia de funcionarios y magistrados, sus ingresos están condicionados por el éxito que alcanzan en los arbitrajes. O sea, mientras más juicios evitan más plata ganan. Lo curioso es que esa eficiencia es recompensada por los empleadores.
Según la ley 8990, los honorarios son de $250 “en el caso de arribarse a una conciliación”, o de $3000 “para el caso en el que se arribe a un acuerdo que culmine con la respectiva homologación”.
En un contexto de políticas de flexibilización y precarización implementadas por Macri y Cornejo, la socia del buffet privado, una de las sedes de la OLC, recibe mayores incentivos patronales si logra cerrar acuerdos. Para “combatir la industria del juicio”, por supuesto.
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