Con un informe minucioso y crítico sobre el colapso del fuero laboral provincial, se lanzó ayer el Observatorio del Trabajo de Mendoza. La iniciativa, rubricada por organizaciones sindicales, políticas y sociales, se posiciona en contraste con el diagnóstico y políticas impulsadas por los gobiernos nacional y provincial.
Fotos: Cristian Martínez
El objetivo es crear un espacio de investigación, asesoramiento y capacitación en torno al conflicto laboral individual y colectivo. El acto de lanzamiento se realizó en la sede local del Sindicato Argentino de Televisión (SATSAID), con la presencia de la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti, miembros de Abogadas y Abogados Mendocinos por la Justicia Social (AAMJuS), Fundación El Aleph y los sindicalistas Marcelo Aparicio (SATSAID), Sergio Giménez (Bancarios), Gustavo Correa (CTA), Gustavo Díaz (Secasfpi) y Horacio Ravera (Artes Gráficas).
El estudio, que marcó el debut de la entidad, hizo foco en el actual colapso e ineficiencia del servicio de justicia laboral de Mendoza, aunque el escenario propició valoraciones políticas que trascendieron a ese diagnóstico específico.
En esa dirección, Fernández Sagasti valoró la iniciativa al señalar que “servirá no solo para conocer dónde está focalizada la pérdida de empleo en Mendoza, por qué en el último año y medio tenemos 2.000 nuevos desempleados, o qué es lo que está pasando con nuestra actividad industrial que ha caído 6,9 % desde que gobierna Cornejo, sino también para alertar sobre las condiciones laborales de los trabajadores, o qué pasa con las paritarias en nuestra provincia”.
Transparentando el vínculo político entre el gobierno provincial y el nacional, la senadora arremetió: “este observatorio también es oportuno porque tenemos un gobernador que no opina sobre lo que le sucede a los argentinos, no sabemos qué opina sobre el aumento desmedido de los precios de los alimentos, de la canasta básica escolar, aunque sí sabemos que acuerda con los aumentos tarifarios y con las paritarias por decreto y a la baja, usando a la Legislatura como una escribanía”.
“Si al gobernador no le interesa hablar de lo que realmente les pasa a los mendocinos y las mendocinas, hay dos cosas que no mienten: la heladera -que uno la abre y no encuentra los mismos productos- y el bolsillo, que no llega a fin de mes” (Fernández Sagasti)
La industria sin chimeneas
El abogado Lucas Gómez Portillo expuso los lineamientos y metodología del estudio presentado. “Tomamos como disparador el latiguillo de la ‘industria del juicio’, que tanto repiten los medios de comunicación y las entidades gremiales empresariales. ¿Hay una industria del juicio? Evidentemente, pero no es promovida por grupos de trabajadores que buscan aprovecharse de las empresas o de abogados inescrupulosos al acecho de juicios que no corresponden. La ‘industria del juicio’ tiene otro beneficiario”.
Según la exposición del letrado, durante el período 2006-2014 las causas ingresadas al fuero laboral se duplicaron, “notando que en el año 2012 hay un quiebre coincidente con la reforma de la ley de riesgos de trabajo que incrementó las indemnizaciones y que provocó una estrategia de manipulación de las aseguradoras para trasladar sus costos al trabajador y al sistema judicial, colapsándolo”.
El análisis realizado por el Observatorio advierte que a la justicia laboral ingresan en promedio unas 20 mil causas por año y solo la mitad son resueltas, por lo que el sistema acumula a pérdida.
Un primer dato que llamó la atención de los analistas es que en el año 2006 alrededor del 77% de las causas se resolvieron a través de sentencias –es decir, mediante la definición de un juez- mientras que el resto concluía con un convenio –un arreglo entre las partes homologado por el juez interviniente-. Tendencia que se invierte en el último período observado, 2014, donde el 75% son convenios y el 25 % son sentencias, transformando el acto de justicia en “residual”, ya que “el sistema de protección de los derechos del trabajador no está cumpliendo ninguna finalidad”.
Gómez Portillo asegura que “hay un problema claro y grave del funcionamiento del sistema que a alguien beneficia, no precisamente al trabajador, que es quien espera y convive con la incertidumbre”.
Estadística en mano y en busca de esos beneficiarios, el informe concluye que “luego del incremento de las indemnizaciones a partir de la reforma de 2012, las ART trasladaron sus costos al sistema judicial con el fin de colapsarlo y lograr convenios que, aunque incentivados, no son controlados adecuadamente por la Justicia”. Esta conclusión se ratifica por los datos aportados por las ART, que marcan una disminución de la siniestralidad en el mismo período. Es decir, las enfermedades y accidentes laborales dejaron de ser reconocidos por las aseguradoras para mudarse a las ventanillas tribunalicias.
Según el especialista, la disminución de las sentencias y el aumento sostenido de los convenios forzados son los datos que delatan la génesis de la “industria del juicio”. “Las ART colapsan el sistema, trasladando lo que deben resolver en la instancia prejudicial –desconociendo cobertura y prestaciones al trabajador- al ámbito de la justicia laboral y a las obras sociales, dañando también el sistema de salud”.
Gómez Portillo afirma, tajante, que “las ART son las únicas ganadoras, han privatizado la justicia del trabajo y la han convertido en una simple escribanía”
¿Conciliación?
Por su parte, la abogada laboralista Marisa Uceda hizo hincapié en que se intenta confundir a la sociedad cuando se habla de la “industria del juicio laboral”: “en este sentido, el gobernador en su discurso del 1º de mayo informó que se abren 500 mil causas al año en la justicia provincial, pero no dijo que las causas en el ámbito laboral, según datos de la Suprema Corte, son solo 19 mil. Es decir, un 4% de ese total”.
Para Uceda, Alfredo Cornejo “no lo dice porque tendría que explicar que en el año 2016 hubo 190 mil causas en el fuero tributario –quizá porque la gente prioriza comer a pagar los impuestos- o 160 mil causas penales –quizá porque los autos estilo terminator que ha sacado a la calle no sirven de mucho a la hora de proteger a la ciudadanía”.
Un proyecto del oficialismo provincial prevé la creación de una Oficina de Conciliación Laboral Obligatoria (OCLO) con el presunto objetivo de reducir los tiempos de los litigios. “Es la prima hermana del SECLO (Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria) que funciona hace unos años en la Ciudad de Buenos Aires e implica que el trabajador, antes de iniciar cualquier demanda, deberá someterse a la mediación de la Subsecretaría de Trabajo”.
Según propagó el periodismo militante, la propuesta del gobernador estipula la contratación de unos 50 abogados para desempeñar esta tarea de mediación. “La única exigencia que se les solicitará a los postulantes es acreditar tres años de ejercicio en el ámbito del derecho laboral, algo insignificante para la amplitud y complejidad de la temática” “Por otro lado, se les pagará $250 por causa en la que intervengan, pero si esa conciliación llega a buen puerto, el monto asciende a $3000. No quiero pensar mal, pero creo que la diferencia estimula un esfuerzo, que se transfiere en presión sobre el trabajador. Si lo están forzando ahora sin plus”.
De prosperar el proyecto, para Uceda implicará la transformación de la Legislatura en una “escribanía de la Nación”, puesto que “cederíamos jurisprudencia al adecuarnos a una legislación nacional que le confiere al poder ejecutivo –de quien depende la subsecretaría de trabajo- competencias que le corresponden al poder judicial”.
Para terminar, la abogada reflexionó que “cuando se vende que el trabajador es el beneficiario de la industria del juicio, que se aviva contra las ART, nosotros contraponemos que el trabajador es una víctima y hoy la justicia está haciendo el papel de ajustadora del sistema. Y aquel juez o jueza que no esté de acuerdo en avasallar derechos laborales, irá a parar al juicio político”.
El informe refuta que la solución venga de la mano de estas instancias de conciliación que estipula el proyecto de Cornejo. “En la Ciudad de Buenos Aires el problema que se intenta solucionar se ha agudizado” acota Gómez Portillo, “porque la lógica es coherente a los intereses de los dueños del sistema que son las ART, que aprovechan que se suma una instancia más de mediación y dispersan aún más sus costos en el sistema público”.
Podés leer el informe completo del Observatorio del Trabajo aquí.
