Familiares de víctimas de gatillo fácil y diversas organizaciones de derechos humanos se convocaron este martes por la tarde para exigirle al Estado que se haga responsable de las muertes de 292 jóvenes mendocinos asesinados por las fuerzas de seguridad desde la vuelta a la democracia.

Fotos: Coco Yañez

Frente a las políticas cada día más represivas del gobierno a nivel nacional y provincial, las familias afectadas por los asesinatos de sus seres queridos en manos de las fuerzas de seguridad se convocaron por segunda vez en nuestra provincia para exigir justicia por todxs lxs pibxs que ya no están.

También acompañaron la convocatoria diversos organismos de derechos humanos, que leyeron un comunicado en el que expresaron claramente el rechazo hacia las políticas represivas de este gobierno neoliberal:

Una vez más marchamos por las calles de nuestra ciudad y acompañamos a familiares de víctimas de la violencia que ejerce el Estado en el marco de la movilización nacional Marcha Nacional contra el gatillo fácil.

Señalamos al Estado como principal responsable, que a través de sus tres poderes engrosó en el último tiempo el aparato represivo para reprimir al pueblo, que a nivel nacional declara la emergencia en seguridad pública asignando presupuesto a políticas de mano dura, desfinanciando las políticas en educación, trabajo, justicia, vivienda y salud. Excluyendo de la agenda las emergencias social, alimentaria, agraria, de consumo problemático, en violencia hacia las mujeres y habitacional.

El mismo Estado que criminaliza la protesta social, que persigue a movimientos de trabajadores, estudiantes, organizaciones sociales, barriales y pueblos originarios. Es el mismo Estado que intenta bajar la edad de punibilidad y ofrece como su mejor alternativa a la juventud el servicio cívico voluntario gestionado por la gendarmería, que construye más cárceles que escuelas y hospitales, que hostiga en las calles y tortura en contextos de encierro, hospitales neuropsiquiatricos y comunidades terapéuticas cerradas.

Exigimos que se haga efectivo el órgano de revisión de la Ley de salud mental. Según organizaciones, cada 21 horas una persona es asesinada por las fuerzas de seguridad, todos los días amanecemos con un hecho de violencia policial, la Resolución 956 conocida como la “Doctrina Chocobar” es una muestra del respaldo político con el que cuenta el actuar de la fuerzas represivas estatales y privadas, quienes gozan de total impunidad garantizada por el poder judicial, el mismo que absuelve al ex general de las fuerzas armadas César Milani participe en el genocidio de la última dictadura militar.

El Estado bajo el modelo neoliberal, abandona su rol como garante de derechos de la manera más cínica posible y es en esta falta de políticas públicas que las mujeres y disidencias vemos comprometidos nuestros derechos y vidas, hoy en los barrios somos víctimas de la trata express, durante dos o tres días somos captadas, trasladadas a otros barrios, drogadas, violadas y explotadas sexualmente para luego ser devueltas a nuestra comunidad, todo ante la cómplice mirada de las fuerzas de seguridad y un gobierno al que nada le importan nuestras vidas.

Cuando las mujeres recurrimos a la justicia somos víctima de violencia institucional cuando somos cuestionadas de manera permanente, cuando nuestros reclamos son descalificados o tomados con poca seriedad, cuando debemos pasar largas horas en juzgados y tribunales para que se nos tome en serio y nunca la justicia avala nuestros reclamos, no solo ante temas como cuota alimentaria, cuidados sino también cuando se pide justicia por casos de violencia del Estado.

Nuestra provincia ha sido laboratorio de políticas de este tipo, aumentando las prisiones preventivas, restringiendo salidas transitorias a través de la Ley Petri, aumentando la población encarcelada, sancionando un Código de Contravención propio de la dictadura legitimando el encarcelamiento de personas por “conducta sospechosa”, violentando a personas en situación de calle, a lxs artistas callejeros y a trabajadorxs de la economía popular.

El gobierno violento y autoritario de Cornejo y sus siniestros ministerios a través de la nueva Ley de Niñez ante la posibilidad de vulneración de derechos a la infancia prioriza la intervención de la policía sobre organismos de protección de derechos, la misma policía que participa en los hechos más violentos como desalojos de comunidades sin vivienda, que dispara en festejos del día de la niñez, la misma que nos arrebata la vida volviendo de un recital, a la salida de la cancha, en una detención arbitraria, que secuestra, tortura, arma causas y es felicitada por quienes nos gobiernan.

Decimos una vez más Mauricio Macri, Patricia Bullrich, Alfredo Cornejo, Giani Venier, Rodolfo Suarez y José Valerio son responsables de la intensificación de las políticas represivas, el cierre, archivo y estancamiento de las causas judiciales.

Ni una piba menos, ni un pibe menos, ni una bala más. El Estado es responsable.

 

 

 

Thomas a favor del asesino

Con el gatillo demasiado fácil

Mano dura selectiva en tiempos de Cornejo