Después de dos años de pandemia, como desde hace 46 años, los organismos de DDHH junto a organizaciones sociales, políticas y gremiales volvemos a las calles para recordar el feroz golpe cívico, militar y eclesiástico que dejó una herida abierta en nuestras vidas y en la sociedad argentina. Golpe de Estado planificado contra el pueblo, contra la clase trabajadora y sus dirigentes, con complicidad y apoyo de potencias extranjeras y del poder hegemónico nacional. Golpe perpetrado para instalar el modelo económico neoliberal que se consolidó en la década del 90 y que aún seguimos padeciendo.
Documento de los Organismos de Derechos Humanos de Mendoza
Fotos: Seba Heras | Coco Yañez
Hoy volvemos a las calles, a ocupar el espacio público, para dar cuenta de otras formas de vulneración a los derechos humanos que nos sacuden e interpelan de forma cotidiana.
Nos encontramos en otro 24, luego de más de cuatro décadas,sin respuestas a la pregunta mil veces repetida: ¿Dónde Están? Cada año que pasa se hace más insoportable e inadmisible el silencio sobre el destino de las y los nuestros.
Debemos admitir que se mantuvieron -aunque con obstáculos- algunas conquistas reparatorias desde que Memoria, Verdad y Justicia es política de Estado. Aunque no sin dificultades, se siguen desarrollando los juicios por delitos de lesa humanidad en todo el país.
A nivel nacional, actualmente hay 1058 personas condenadas en 273 sentencias por crímenes de lesa humanidad, a partir del reinicio de los juicios en 2006. Unas 165 personas fueron absueltas en el mismo período, hay 20 juicios en curso y otros 65 aguardan fecha de inicio. Hay 764 personas detenidas y la prisión domiciliaria se afianzó como el modo de detención.
En la actualidad, la justicia federal de Mendoza tiene en debate dos juicios, pero se desenvuelven con una lentitud pasmosa. Por un lado, está en curso el noveno juicio de Mendoza contra 18 militares y policías por crímenes cometidos a partir del Aparato de Inteligencia del Ejército –el Destacamento 144- y la Fuerza Aérea. Por otro lado, el décimo primer juicio se está realizando en San Rafael y es la ampliación de las acusaciones tratadas en la Megacausa que empezó en 2014 y terminó en 2017. Es imprescindible resaltar que, en ambos juicios, se realiza una audiencia cada 15 días. Es decir, dos sesiones en un mes. Esta situación no hace más que favorecer la impunidad biológica, provocando estados de indignación absoluta.
A su vez, en el mismo ámbito judicial, hace tres meses se dictó sentencia por la apropiación de Miriam (nieta restituida 127), hija de Pichona Moyano y Carlos Poblete, nacida en la ESMA. Por este delito fueron condenados el genocida Armando Fernández, su cómplice Abelardo Garay –ambos del Departamento 2 de informaciones de la Policía provincial- y la tercera condenada es la esposa de Fernández, Iris Luffi. El tribunal aplicó las penas más benignas.
En referencia a la tramitación de los juicios, nuestras preocupaciones se enfocan en las prisiones domiciliarias otorgadas con discrecionalidad a los procesados y la gran cantidad de prófugos. Entre ellos, destacamos al militar Carlos Malattto y al cura Franco Rebervebi, quienes a pesar de haber sido localizados, gozan de un buen pasar en Italia. Esto evidencia la red de protección y complicidades que utilizan los represores para eludir la justicia. El cura Reverberi -de San Rafaelandaba portando armas en una sala tortura, es el emblema de la complicidad eclesiástica en la Provincia. Sin embargo, su extradición sigue pendiente.
¡Seguimos buscando a nuestros hermanos y hermanas! Continúa vigente la búsqueda de más de 300 personas apropiadas que hoy tienen entre 40 y 46 años. En Mendoza, sigue funcionando la Red por la Identidad que, mediante el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, recepciona las demandas de quienes tienen dudas sobre su origen familiar o acompañan a personas que aportan información vinculada. En coordinación con Abuelas de Plaza de Mayo y la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad se realizan las muestras y análisis genéticos en los casos que corresponden.
Es esencial que el gobierno actual tenga la voluntad para desclasificar los archivos de las tres fuerzas armadas para facilitar el acceso a la verdad y la justicia. También está en deuda legislar en esta materia para contribuir a que las más de 300 personas mencionadas puedan reencontrarse con la identidad y la historia que les fue arrebatada como botín de una supuesta guerra.
En cuanto a lo que remite a la Ley 26.691 de sitios de memoria, su aplicación en la Provincia de Mendoza es una verdad a medias. Durante el año 2021 se encendió una señal de alarma cuando sobrevivientes y miembros de los Organismos advertimos el anuncio de que cederían parte del edificio donde funcionó la ex Comisaría Séptima -ex Centro Clandestino de Detención – para un emprendimiento privado, con total desaprensión. Los reclamos no se hicieron esperar. En la actualidad mantenemos nuestro pedido de que se cumpla la legislación nacional y estamos pendientes a la gestión de su preservación y promoción de la memoria. Nos hemos organizado en un Mesa de Trabajado para que dicho sitio sea un Espacio de Memoria signado por la participación de sobrevivientes, familiares y organismos de derechos humanos, y no solo un centro cultural municipal.
Nos afirmamos y seguimos creciendo en el Espacio para la Memoria ex-D2, donde funcionó el principal Centro Clandestino de Detención Torturas y Exterminio del Gran Mendoza. Sin embargo, este sitio de memoria funciona sin presupuesto propio ni personal, todo a pulmón, fruto de la actitud militante de los Organismos y la colaboración de la Universidad Nacional de Cuyo. Mientras, en la Legislatura, la mayoría oficialista viene postergando el tratamiento de la ley que legitime su funcionamiento. Sin duda, la ausencia sistemática del Gobierno provincial significa un retroceso ya que no incluyen políticas públicas consagradas y orientadas a la reparación.
Desde nuestro Espacio, se abrió las puertas a integrantes de Historias Desobedientes – Mendoza, la agrupación creada en 2017 que reúne a hijas, hijos y familiares de genocidas que cuestionan y buscan desvincularse del legado social de los perpetradores del terrorismo de Estado. A través de su lema se posicionan de forma clara y contundente: “30.000 motivos, no perdonamos, no nos reconciliamos”. Su presencia nos hermana y contribuye a desmontar las lógicas negacionistas que tanto se promueven en el aparato de propaganda mediática, utilizado como mecanismo funcional al olvido y la confusión del pueblo.
Al igual que el año pasado, volvemos a la marcha del 24 con el antecedente de la potente y multitudinaria marcha del 8 de marzo -día internacional de las Mujeres- contra el sistema patriarcal que reúne desigualdad y violencia. No olvidamos que en lo que va del año 2022 ya se contabilizan 61 víctimas de femicidios y crímenes de odio contra personas de la comunidad LGTBIQ+. A un año y medio del travesticidio de Mélody Barrera, continuamos exigiendo justicia.
Sumamos nuestras voces a la exigencia de “Vivas y libres, con agua, techo, tierra y trabajo nos queremos” clamado por 25.000 mujeres y disidencias que hicieron estallar las calles de Mendoza hace apenas unos días atrás.
En un contexto económico y social caracterizado por la desigualdad, todavía resuenan los ecos del debate por el pago de la deuda ilegal e ilegítima contraída con el FMI en 2018, durante la presidencia de Mauricio Macri. Creemos firmemente que la deuda es con el pueblo, con quienes tienen las necesidades básicas insatisfechas, con los sectores vulnerados en gran parte de sus derechos elementales. Por ello exigimos, junto a los movimientos sociales, tierra, techo y trabajo.
En respuesta a la cruda realidad social, los gobiernos suelen responder con represión mediante prácticas cimentadas en estructuras del pasado que se expresan en la judicialización de las protestas sociales y la criminalización de la pobreza. En Mendoza estuvimos presentes ante la reacción represiva hacia la legítima movilización popular en defensa del agua en diciembre de 2019, con infiltración policial, balas de goma y arremetida de motos y caballos contra les manifestantes. La brutal represión a los trabajadores estatales municipales y docentes que fueron encarcelades y procesades. También en la intervención de Preventores Municipales del Municipio de Capital que golpearon y torturaron a adolescentes en parques y plazas, coartando la libre expresión cultural y las prácticas deportivas.
La renuncia del ex jefe de la policía de Mendoza, Munives, fue la excusa para que no haya sumario administrativo. De esta manera se buscó alivianar las responsabilidades políticas del ministro de Seguridad Raúl Levrino en todos los casos donde el accionar de la fuerza policial estuvo al servicio de la represión y el armado de causas contra el pueblo.
Las infancias y juventudes alojadas en contextos de encierro y hogares de Mendoza están expuestas a malos tratos y violencias sexuales. Tal es el caso de la Dirección de Responsabilidad Penal Juvenil en donde el Gobierno de Suárez no solo no asistió a las víctimas ni implementó mecanismos de prevención en dichos espacios, sino que mediante el Poder Judicial garantizó el silencio y la perpetración del atropello a las conquistas históricas de organizaciones, trabajadores y trabajadoras por los derechos de las infancias y jóvenes.
Las leyes sancionadas en materia de niñez atrasan y le otorgan a la policía la potestad de ser el primer efector que interviene en el sistema integral de protección de derechos. Las niñeces agrarias son judicializadas y sus familias penalizadas por los equipos territoriales dependientes de la Subsecretaría de Desarrollo Social que se disfraza de “preventores” de la explotación infantil en el campo, habiendo precarias políticas destinadas a la agricultura familiar.
La ausencia de una política efectiva de jardines públicos para hijes de obreros rurales con jornadas laborales de superexplotación fomenta el trabajo infantil y expone a les pibes a accidentes y tragedias evitables.
Las condiciones de trabajo en el campo propician ámbitos de violaciones, abusos y violencia de género a las trabajadoras rurales, sobre todo a las obreras golondrinas que no cuentan con una vivienda digna, ya que pasan un trimestre viviendo en toldos de nylon. Los explotadores cuentan con diversas complicidades institucionales que no inspeccionan o hacen la vista gorda para garantizar sus ganancias.
Es fundamental desmontar las prácticas de violencia institucional y abuso policial que aún persisten en las comisarías y los servicios penitenciarios y que son la perdurable herencia de la dictadura militar. Siguiendo los datos de organizaciones abocadas a la problemática, con el inicio de la pandemia se ampliaron las facultades y recursos de las fuerzas represivas, lo que engrosó la cantidad 4 de personas ejecutadas por la policía, las torturas en comisarías e imputaciones a trabajadores y trabajadoras de la economía popular, siendo la justicia provincial la garante de la impunidad.
La represión ejercida contra los pueblos originarios por el reclamo al avasallamiento en sus territorios, legítimamente reclamada pos sus ancestrales habitantes, nos remite a la resistencia ejercida por varios pueblos frente al saqueo de los recursos naturales y nos lleva a repudiar el asesinato del mapuche Elías Garay en el paraje Cuesta del Ternero.
En este momento es imperioso poner la mira en la vergonzosa situación del Poder Judicial, empezando por la actual Corte Suprema de Justicia designada arbitrariamente por Macri. La misma se ha prestado tanto a maniobras fraudulentas como a causas creadas para complacer a los poderes hegemónicos. Reafirmamos que la Corte debe renunciar para facilitar la reforma profunda que hemos exigido durante los sucesivos gobiernos.
El caso de Mendoza no es distinto a la situación nacional. Mediante mecanismos nada republicanos, por simple mayoría y voto secreto, Cornejo y Suárez han manipulado la conformación de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, actualmente presidida por Dalmiro Garay, a fin de obtener una mayoría automática.
Al mismo tiempo, el gobierno provincial controla el Ministerio Público Fiscal a través la designación de un procurador adicto y adepto a las políticas cornejistas. Esta maniobra ha garantizado la persecución a todo el arco opositor, trabajadores y trabajadoras, gremialistas, militantes sociales y ambientalistas, y la impunidad del oficialismo local.
Presiones indebidas, aprietes y amenazas a jueces y juezas independientes; escandalosos fallos obtenidos de forma fraudulenta en casos de interés político como el ítem aula, el código contravencional, la revisión técnica obligatoria, el fracking, el otorgamiento de tierras fiscales, la persecución sistemática a la organización Túpac Amaru y otros casos similares, han motivado la denuncia efectuada por los principales Organismos de Derechos Humanos nacionales y provinciales ante la CIDH.
Se impone la necesidad de exigir una Suprema Corte amplia y democrática, que cumpla con los tratados internacionales. Jueces y Juezas sin ningún privilegio y que incluyan la perspectiva de género en sus fallos, que se acerquen al pueblo promoviendo la igualdad.
Este año continuamos reafirmando nuestro reclamo de justicia por la muerte de nuestro compañero Sebastián Moro, asesinado en noviembre de 2019 en Bolivia durante el golpe de Estado contra Evo Morales.
Finalizando, no queremos dejar de manifestar nuestro cariño y afecto hacia dos compañeras imprescindibles que hasta hace poco tiempo nos acompañan de mil maneras: Gladys Ravalle y Anahí Alancay, siempre presentes. Abrazamos a sus familias.
Entonces, a 46 años del golpe-cívico-militar eclesiástico, organismos de derechos humanos junto al pueblo mendocino decimos:
• No a la impunidad de ayer y de hoy. Mayor celeridad en los juicios y cárcel efectiva para los genocidas.
• Exigimos políticas que contribuyan a restituir la identidad de más de 300 jóvenes apropiadxs durante la dictadura.
• No al avance de la derecha negacionista ni a los discursos de odio.
• Basta de violencia institucional y policial. Basta de gatillo fácil, razias en los barrios populares y tortura en lugares de detención.
• Exigimos la derogación del represivo Código de Contravenciones de la Provincia de Mendoza, y sus similares normativas municipales.
• Reclamamos políticas urgentes que contribuyan a erradicar la violencia hacia las mujeres y personas con identidades disidentes.
• Nos pronunciamos contra toda guerra entre las potencias imperialistas y por la autodeterminación de los pueblos.
• Desprocesamiento de todas las personas imputadas por luchar por un salario digno.
• Sobreseimiento de los y las asambleístas que defendieron el agua pura y la ley 7722.
• Libertad para los presos y las presas perseguidas políticas
• ¡Justicia por Seba Moro! ¡Fue el golpe!
• ¡Gladys y Anahí presentes!
• Fueron 30 mil, fue genocidio.
¡30 mil compañeros y compañeras detenidas desaparecidas: presentes!
¡Ahora y siempre!
