El subsecretario de Justicia y Relaciones Institucionales de Cornejo incumple con sus obligaciones impositivas. El Tribunal de Gestión Asociada en lo Tributario resolvió ejecutar una deuda que mantiene con la Municipalidad de la Ciudad Mendoza. Además, el funcionario figura en ATM como “contribuyente con Riesgo Fiscal I”, y adeuda los impuestos inmobiliario, automotor e ingresos brutos. Pese al pésimo hábito, y paradójicamente, el gobernador lo cuenta entre sus preferidos para ocupar la vacante en la presidencia del Tribunal de Cuentas de la Provincia.
Deudor serial
El 8 de febrero pasado, la jueza María Gabriela Ávalos, a cargo del Tribunal de Gestión Asociada en lo Tributario de la primera circunscripción del Poder Judicial de Mendoza, resolvió continuar la ejecución sobre Marcelo Alejandro D’ Agostino Dillon hasta tanto “haga íntegro pago a la parte actora” -la Municipalidad de Capital- la suma de dos mil trescientos veinte pesos ($2320), a los que se agregan mil quinientos ($1500) “para responder a intereses, costas y aportes de la ley 5059”, (leer el fallo completo aquí).
Además, inhibió al funcionario la posibilidad de modificar o transferir derechos sobre sus bienes y lo emplazó a cumplir voluntariamente con la resolución “adhiriendo a alguno de los planes de pago vigentes en el organismo ejecutante”.
El origen de la deuda de D’ Agostino se remonta a los últimos días de 2017, al ser multado por utilizar un teléfono celular mientras conducía un Citroën C4, automóvil que consta en su última declaración jurada de bienes. Al menos hasta el día de ayer, la sanción municipal estaba registrada en el sistema del Municipio, que posibilita incluso la impresión de un boleto de pago, con un monto actualizado que asciende a $ 4112,24.
Pero más allá de la anécdota, en la comuna administrada por Rodolfo Suárez, recientemente ungido como candidato a gobernador del oficialismo, D’ Agostino podría ser calificado como un evasor serial.
Según los registros de ATM (Agencia Tributaria Mendoza), el secretario de Justicia adeuda impuesto automotor, inmobiliario e ingresos brutos. Tamaño incumplimiento lo califica como “contribuyente con Riesgo Fiscal I”, apremiado por irregularidades en su declaración jurada desde setiembre de 2013.
D´Agostino supera así cierto hándicap expuesto por varios de sus pares en el gabinete actual de gobierno. En las antípodas de la sistemática solicitud transmitida desde el Estado a la ciudadanía mendocina para que cumpla sus obligaciones con el fisco.
Cabe preguntarse si el desprolijo prontuario impositivo de D’ Agostino se debe al usufructo de su posición de poder y por lo tanto, garantía de impunidad, o a una inclinación irrefrenable hacia la cleptomanía.
¿Otro delfín vitalicio?
Marcelo D’ Agostino no es un funcionario más en el gabinete ministerial de Alfredo Cornejo. Ató su destino político al proyecto de poder del gobernador acompañándolo desde su gestión en Godoy Cruz y es uno de los cuadros técnico-políticos de su núcleo más íntimo. Al punto de delegarle la responsabilidad de idear y operar varias de las reformas al Poder Judicial local. Muchas de ellas resistidas socialmente y otras alterando el principio republicano de división de poderes.
Un capítulo más de ese cotidiano maltrato institucional lo colocó al subsecretario en el rol de vocero oficial esta semana, al acusar al Fiscal de Estado Fernando Simón de “trabajar para el justicialismo”, en la antesala de la resolución que tomará la Suprema Corte provincial ante el decreto con el que Cornejo intenta impedir una nueva reelección de los intendentes peronistas.
En estrecha vinculación a los patrones de gestión mencionados, Cornejo tendrá la posibilidad de postular un candidato a presidir el Tribunal de Cuentas provincial, proyectado en la Constitución Provincial en 1916 y regulado por la ley 1003 del año 1932.
La vacante se formalizó en la primera semana de febrero luego de que el mandatario aceptara la renuncia de Salvador Farruggia, quien pronto a jubilarse, tras 32 años en el cargo, fuera designado durante la gobernación de Santiago Felipe Llaver.
El cargo de presidente del órgano de control se asemeja al de un ministro de la Suprema Corte. A sugerencia del gobernador, requiere de la aprobación del Senado y solo la instancia de un jury de enjuiciamiento puede revocar su mandato.
El Tribunal de Cuentas funciona con un Directorio de cinco miembros: su presidente y cuatro vocales. Según informa en su sitio oficial, básicamente, es el organismo encargado de “satisfacer las necesidades de la comunidad en materia de control de la actividad financiera patrimonial del Estado Provincial y Municipal, para asegurar su transparencia y prevenir actos de corrupción”.
En caso de que Cornejo active una candidatura para el puesto tal como se prevé, se transformará en el gobernador con mayor cantidad de designaciones vitalicias. Exceptuando por obvias razones a Llaver, quien debió hacer lo propio con el pleno de ese tipo de cargos tras la restauración democrática.
Es condición excluyente que el postulante sea abogado y tanto en los pasillos de Casa de Gobierno como desde las usinas periodísticas afines al oficialismo, el nombre que más suena para el puesto es el de Marcelo D’ Agostino. Su trayectoria junto a Cornejo alimenta esas especulaciones, más allá de que aún no hay ningún pronunciamiento oficial.
De efectivizarse el radiopasillo, la vida institucional de Mendoza sumará otro motivo de preocupación. Más allá de la crónica mora impositiva, la agresiva verborragia interpoderes demostrada por D’ Agostino, y un grave antecedente de una denuncia por violencia de género, claramente su postulación reflejaría el viejo truco de enviar al zorro a cuidar el gallinero. Una actitud coherente con los vientos de época. Que aunque repudiable, no debiera sorprender a nadie a esta altura.
