Con la firma de los jueces cornejistas del máximo tribunal, Emiliana Lilloy fue nombrada asesora de la Suprema Corte de Justicia. El cargo, al que accedió sin concurso ni evaluación alguna, contempla un sueldo que superaría los 350 mil pesos. La abogada y columnista del diario oficialista El Memo, dirigido por Gabriel Conte, integrará la Dirección de la Mujer, organismo que –paradójicamente- conduce el misógino José Valerio. Actualmente, Lilloy y su amiga Paula Vetrugno, esposa de Conte y abogada “feminista” que defiende a violentos, están a cargo de la Diplomatura de Perspectiva de Género del Instituto Universitario de Seguridad Pública, institución que garantiza impunidad a funcionarios denunciados por violencia machista. La (in)Justicia mendocina signada por los vínculos partidarios, amistosos y familiares.
Por Negro Nasif
La santísima trinidad
Dalmiro Garay, José Virgilio Valerio y María Teresa Day, en calidad de integrantes de la Sala Tercera de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, designaron a Emiliana Lilloy como “Asesora de Presidencia”, con un cargo “fuera de nivel, régimen salarial 1”, bajo el amparo de la ley 9230, que estipula el ingreso exprés de “los llamados funcionarios de confianza”.
Justamente, la ley citada para avalar la designación de la abogada oficialista fue el instrumento político utilizado por el gobernador Rodolfo Suarez en su batalla para terminar con los cargos equiparados a la magistratura. En aquel momento, el conflicto se centró exponiendo el salario de la secretaria del entonces presidente de la Suprema Corte, Jorge Nanclares. El resto es historia conocida: el cansado y longevo juez cedió a la presión radical y renunció, liberando la vacante que hoy ocupa María Teresa Day. Una jugada a tres bandas con el sello de El Patrón, a la medida del sueño de la mayoría automática tan buscada por Alfredo Cornejo, que de inmediato ungió a Dalmiro Garay –el ministro político de su gestión- como presidente del cuerpo.
Claro, como el Poder Judicial
Tras filtrarse la acordada firmada el lunes pasado (leer aquí), el malestar hacia el interior de la Justicia provincial se hizo sentir de inmediato. Sobre todo porque el procedimiento no contempló ningún tipo de evaluación o concurso, más allá de la presentación del currículum de la abogada, y porque su designación le garantizará un salario siempre disputado y fuera de lo normal: no menos de 350 mil pesos por mes.
O sea, el salariazo de Lilloy en un cargo de privilegio está habilitado por el articulado de la ley 9230, una norma concebida por el radicalismo para terminar con los privilegios en el Poder Judicial o, claro está, un jueguito para la tribuna amplificado por la prensa pautada, con el objetivo de agitar la indignación social por el gasto político”.
Arriba: Desde el portal oficialista El Memo, dirigido por Gabriel Conte, Emiliana Lilloy promovió la designación de Day.
Abajo: Entre gallos y medianoche, Suarez le tomó a la nueva jueza de la Corte. | Foto: Gobierno de Mendoza
“Va a cobrar un sueldo de no menos de 350 mil pesos, que puede ser de más 400 mil”, confió una fuente judicial a este diario, en consonancia con otros testimonios de funcionarios y dirigentes sindicales del Poder Judicial. Sin embargo, la oscuridad administrativa de los “sótanos de la democracia” impide saber con certeza cuánto percibirá la doctora Lilloy. Es más, tampoco se pueden conocer los patrimonios actuales de los magistrados, debido a que sus declaraciones juradas están completamente desactualizadas. Por ejemplo, la última manifestación de bienes del juez Valerio data de 2018, la de Day es de 2016 y la de Garay directamente no existe en la página destinada a tal fin.
Carpetazo de antecedentes
La acordada 30.006, aún no publicada en la página web de la Corte, indica que Lilloy será asignada a la Dirección de la Mujer, Género y Diversidad “Carmen Argibay” que coordina el juez José Valerio. Una bienintencionada propuesta de cara al futuro, siempre y cuando la flamante funcionaria olvide para siempre que la prestigiosa militante por los derechos humanos, Silvia Ontivero, fue una de las principales feministas que cuestionó el nombramiento de Valerio, por sus decisiones misóginas y homofóbicas en la causa por el esclarecimiento del asesinato de Alejo Hunau, hijo de la ex presa política.
Entre los escuetos fundamentos del nombramiento de Emiliana Lilloy, los jueces Valerio y Garay, y la jueza Day señalan que la abogada es “una profesional que tiene una amplia trayectoria y experiencia en materia de género y diversidad” y, entre otras ocupaciones, destacan su labor como “Coordinadora del Observatorio de Género de Seguridad Pública y Directora y Docente de la Diplomatura en Perspectiva de Género, Seguridad y Justicia del Instituto Universitario de Seguridad Pública”.
Justamente esos antecedentes no serían los más felices de la nueva equiparada. Tal como revelaron una serie de investigaciones de EL OTRO, el IUSP se ha convertido en un refugio de impunidad para quienes desprecian los derechos de las mujeres y diversidades. Denuncias por maltrato laboral y violencia de género, así como también casos de abusos que involucran a ex y actuales funcionarios del Ministerio de Seguridad, fueron sistemáticamente silenciados, al igual que las mujeres víctimas que, lejos de recibir protección, todavía sufren persecución y maltrato.
Arriba: Emiliana Lilloy con su amiga Paula Vetrugno
Abajo: Lilloy, Vetrugno y Gabriel Conte, director de El Memo.
Fotos: Facebook
En la configuración de esa trama de impunidad machista en el IUSP, resulta clave el papel de Paula Vetrugno, abogada autoproclamada feminista, quien defendió a policías y funcionarios violentos y, en el colmo del cinismo, fue premiada con la conducción de la Diplomatura de Perspectiva de Género en Seguridad y Justicia. Trayecto pedagógico que codirige con –vaya sorpresa- Emiliana Lilloy, su amiga personal y columnista de El Memo, el portal liderado por el esposo de Vetrugno, -vaya casualidad- Gabriel Conte.
Desde ese trampolín y financiada por el Estado, el tándem cornejista Garay-Valerio-Day empujó a la bien pagá a dar su gran salto a la cúspide del Palacio de Justicia.
IUSP: Violencia machista, hostigamiento laboral y silencio cómplice
