EL OTRO entrevistó a Karen Kravetz y Laura Chazarreta. Kravetz es una de las impulsoras de la “Marcha por la vida”, la movilización que congregó ayer a manifestantes en contra de la despenalización del aborto. Chazarreta es dirigenta de La Colectiva, una de las organizaciones que marchará hoy por “el derecho al aborto legal, seguro y gratuito”. 

Fotos: Coco Yañez

Ayer: “Marcha por la vida”

Cerca de quinientos mendocinos y mendocinas marcharon ayer desde el Km 0 de la Ciudad de Mendoza hasta la Legislatura provincial. La convocatoria, organizada por Vitam, Grávida, CONIN y otras agrupaciones civiles, reivindicó “la defensa de la familia, la mujer y la vida”, y expresó un enérgico rechazo a la despenalización del aborto.

EL OTRO entrevistó a Karen Kravetz, una de las referentas de la Marcha por la vida. “Esta iniciativa se realiza en el contexto del ´Día del derecho del niño por nacer´ que se recordó ayer (por el martes), en conmemoración de la sanción de la ley 23.849 de adhesión nacional a la Convención de los derechos del niño”, precisó la abogada, quien además subrayó que esa norma establece el comienzo de la vida “a partir del momento de la concepción”.

Karen Kravetz (derecha)

En este marco, Kravetz explicó que uno de los objetivos de la manifestación fue la entrega en la Casa de las Leyes de un petitorio solicitando que los legisladores de Mendoza “no se adhieran al Protocolo a favor del aborto”, y que “hagan respetar todas estas normativas que defienden la vida”.

El Código Penal establece desde hace años la posibilidad del aborto no punible, ¿cuál es tu posición sobre este aspecto?

El principio general es que el aborto es un delito, se pena, es un atentado contra la vida. Hay dos casos de excepción actualmente vigentes en el código penal, artículo 86, que son el aborto terapéutico y el aborto eugenésico.

El aborto terapéutico es cuando corre riesgo la vida o la salud de la madre y no se puede evitar de otra forma que no sea el aborto. Recordemos que el Código Penal fue sancionado en 1921, en esa época esto fue pensado para eximir de pena al médico que, tratando de salvar las dos vidas desde un principio y luego tratando de salvar la vida de la mamá, no le queda otro remedio que utilizar el aborto. Hoy, con los avances tecnológicos, es muy poco probable que la única forma de salvarle la vida a la mamá sea practicándole un aborto.

El segundo caso, el aborto eugenésico, fue pensado para una violación o un atentado al pudor contra una mujer idiota o demente, y no fue pensado para todos los casos de violación en general, sino solamente para esas mujeres que tienen algún tipo de incapacidad. ¿Por qué se estableció eso? Porque se tenía la creencia, en ese momento, de que si la dejaban tener un hijo iba a nacer con una discapacidad mental. Hoy también, con los avances tecnológicos, se ha demostrado que eso no es así y que, igual si nace con discapacidad mental o no, tiene derecho a vivir.

Más allá de tu interpretación, hay jurisprudencia actual que habilita los abortos no punibles, incluso sin la necesidad de judicialización. ¿Para vos en ningún caso estaría justificado el aborto, aun cuando haya una violación?

Se plantean dos situaciones. Primero, bien decís, hay un fallo jurisprudencial –que fue el fallo FAL de la Corte Suprema- el cual sentó un precedente. Es el único fallo que fija una interpretación amplia del artículo 86, establece que el aborto no punible se aplicaría a todos los casos de violación. Ese fue el precedente en el cual se basaron para sancionar, o tratar de sancionar, el Protocolo a favor del aborto.

Sin embargo, nuestro sistema judicial es muy ineficiente y nosotros apuntamos a mejorar eso. Es decir, la solución no es matar al niño, la solución es dar un correcto abordaje a la mujer que está embarazada y que está en esa situación de vulnerabilidad.

No es la solución legalizar el aborto o permitirlo como tal, la solución es dar un correcto abordaje. Afortunadamente nuestra vicegobernadora (Laura Montero) y el procurador general (Alejandro Gullé) están tomando cartas en el asunto para poder mejorar el sistema judicial.

Los legisladores justicialistas Patricia Fadel, Claudia Segovia, Guillermo Amstutz y Ana Sevilla participaron de la marcha pro vida.

¿Considerás que tiene sentido sostener el aborto como figura penal, que una mujer que realiza un aborto debe ir presa y recibir la pena que establece el Código?

Eso es lo que establece la ley, y vayamos a la realidad: que alguien me diga qué mujer está presa por hacerse un aborto. No hay nadie…

Entonces, si en la realidad no está sucediendo, ¿por qué habría que sostener una figura penal que no tiene ningún correlato social?

Tenés razón en que es una figura penal que en realidad no se aplica.

Si no hay nadie preso por practicar un aborto, si es una realidad bastante frecuente, ¿qué sentido tendría sostener esa medida penal que no tiene ninguna aplicación práctica?

En realidad, no es que hay mantener una figura penal que no se aplica, en realidad lo que hay hacer es aplicar la figura penal.

¿La mujer que aborta debe ir presa?

Es un delito, sí. En realidad el punto no es si la meto o no la meto presa. El punto es poder darle un abordaje de contención a esa mujer.

 

 


Hoy: “Marcha por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito”

Hoy, diferentes organizaciones feministas y sociales participarán del capítulo mendocino de la “Campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito”. La movilización se realizará a partir de las 18 hs, desde el Km 0 de la capital mendocina.

EL OTRO dialogó con Laura Chazarreta, referenta de organización La Colectiva, quien explicó su posición en torno al debate sobre el aborto. “Nuestra lucha es por la interrupción voluntaria del embarazo, que es una deuda de la democracia. Esto hay que diferenciarlo del derecho que ya tenemos las mujeres desde 1921 que es la interrupción legal del embarazo, el aborto no punible, contemplado en artículo 86 del Código Penal, cuando está en riesgo la vida o la salud de la mujer, o ha existido una violación”, aclaró la dirigenta desde el comienzo de la charla.

El fallo FAL de la Corte Suprema clarificó los alcances actuales del aborto no punible. ¿Es necesario un protocolo específico en Mendoza para que se haga efectivo?

En Mendoza no se cumple el fallo de la Corte. En su momento, desde el Ministerio de Salud se sacó un Protocolo que garantiza el acceso de la mujer a ese derecho, pero ni los hospitales ni los médicos ni médicas cumplen con la interrupción legal del embarazo (ILE) cuando se solicita.

En todo 2016, el Ministerio de Salud no registró una sola interrupción legal del embarazo y, en lo que va de 2017, ha habido dos o tres casos con todos los obstáculos que se te puedan ocurrir. No se cumple con el Protocolo. Hace un mes atrás nosotras intervenimos en un caso de ILE. La mujer embarazada tenía una enfermedad extrema que ponía en riesgo su vida y su salud, y el sistema público no le garantizaba su derecho. Las agrupaciones de mujeres tuvimos que presionar al Programa de Salud Sexual y Reproductiva, a Roxana Cabrera puntualmente, para que asegurara ese derecho. Durante tres días tuvieron a esta chica pasando hambre, en una situación de violencia institucional innecesaria, hasta que se realizó la intervención.

Específicamente, ¿qué tipo de violencia institucional se ejerció sobre esa mujer?

Durante tres días hubo una situación de abandono de persona. Solo el médico que hizo la intervención asistió a la mujer en riesgo, todos los demás médicos, enfermeros y enfermeras del hospital no querían ni siquiera controlarla, ni tocarla, porque según ellos tenía latidos dentro de su cuerpo. Prácticamente, sostenían la concepción de que las mujeres somos incubadoras, o sea, no somos personas que sentimos, pensamos, decidimos, sino que somos incubadoras.

La ministra de Salud Claudia Najul dijo hace unos días que, antes de dejar su cargo, iba a resolver el Protocolo para los casos de aborto no punible. ¿Es necesario que emita una nueva norma?

No es necesario. Partamos de la realidad que ya es nuestro derecho y no necesitamos Protocolo. Lamentablemente, se lo coloca como excusa. Lo que entra en juego es la diferencia entre los sectores de la sociedad que intentan imponer un debate entre creencias y democracia. Hay quienes, por su creencias, por fundamentalismos, van en contra de las libertades democráticas de las personas. Quienes, desde una postura de verdad absoluta o de receta mágica, suponen que pueden imponer y decidir sobre nosotras y sobre nuestros cuerpos.

Lo real es que la Constitución, entre todos los derechos que plantea, habla del derecho a la libre expresión y del derecho a la vida. ¿Qué está primero? El derecho a la vida. ¿De qué vida vamos a hablar? De la vida de la mujer. Sin la vida de la mujer, sin el cuerpo de la mujer, es impensada cualquier otra vida. Y si esa mujer, por infinitas razones, decide interrumpir un embarazo, y ya no hablemos de las excepciones del artículo 86, tiene derecho a hacerlo.

Sin embargo, la ley penal no dice eso. El aborto sigue siendo un delito…

En la Argentina, se calcula que hay 500 mil abortos por año en la clandestinidad, más allá de que lo prohíba la ley. ¿A alguien se le ocurre meter presas a esas 500 mil mujeres?

Mueren 300 mujeres, por año, por abortos clandestinos. ¿Y qué mujeres mueren? Las mujeres pobres y jóvenes quienes interrumpen sus embarazos en condiciones insalubres que ponen en riesgo sus vidas.

Sucede también que los abortos clandestinos son un negocio millonario. Hay mucha hipocresía. Decimos que defendemos la vida, pero resulta que 300 mujeres mueren de los sectores populares, por año, por abortos clandestinos. Mientras otras van a clínicas privadas, pagan $15.000 y nadie se entera de nada. Hay infinidad de historias de padres y madres de adolescentes que las obligan a abortar, cuando ellas no quieren abortar. Todo eso sucede en la clandestinidad.

Las mujeres con distintas creencias y pensamientos, por diferentes razones, y no solo por abusos o riesgos de vida, deciden interrumpir sus embarazos. Es por eso que nosotras decimos que tiene que haber educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir.

Quienes se oponen a tu postura, plantean que legalmente la vida comienza en la concepción, y que si se interrumpe el embarazo se está matando a una persona. ¿Cuál es tu respuesta frente a ese argumento?

Hay distintas posiciones. Nuestro proyecto de legalización contempla las doce primeras semanas de embarazo. Para nosotras hay vida potencial. De hecho si una mujer humilde no tiene para comer, su embarazo no continúa, lo más probable es que tenga un aborto espontáneo. Por eso, insisto en que si hablamos de vida hablemos de la vida de la mujer. Sin el cuerpo de la mujer, sin la vida de la mujer y sin la decisión de la mujer –porque no somos ni perras ni gatas, somos seres racionales- no continúa esa potencial vida.