La DGE dispuso la baja de dos divisiones en escuelas secundarias de jóvenes y adultos de los barrios Sol y Sierra y La Estanzuela de Godoy Cruz. El gobierno escolar pretendía trasladar 50 horas cátedras de estos centros educativos al penal de Cacheuta. Tras una protesta de trabajadores de la educación, autoridades provinciales se comprometieron a dejar sin efecto la “reasignación” de las horas.

Desvestir un santo para vestir otro

[/media-credit] Resolución 7/2019.

Privar de educación a jóvenes y adultos en situación de vulnerabilidad, para asegurar el mismo derecho a personas privadas de libertad, es la cínica ecuación que intentó llevar adelante la Dirección General de Escuelas en los últimos días.

El 1 de marzo pasado, la Dirección de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos (DEPJA) emitió la resolución 7/2019, mediante la cual se dispuso el cierre de dos divisiones de los CENS “Dr. Ernesto Guevara”, del barrio La Estanzuela, y “Sin nombre”, del barrio Sol y Sierra.

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La arbitraria decisión, que lleva la firma de la funcionaria María del Carmen Felizziani, tenía por objeto utilizar las 50 horas cátedras de ambos cursos de Godoy Cruz, para ser “reasignadas” al CENS “Espacio de Libertad” del penal Almafuerte, ubicado en Luján de Cuyo.

La norma legal de la DEPJA se justificó en la “necesidad de racionalizar y optimizar los recursos existentes en las Secciones, para satisfacer la demanda y favorecer el servicio educativo”. Es decir, mover partidas presupuestarias sin explicar qué pasará con las y los estudiantes y docentes que, de malas a primeras, se quedarían sin aulas.

[/media-credit] María del Carmen Felizziani.

Recién la semana pasada, con las clases ya iniciadas y los alumnos en los cursos, las escuelas afectadas se enteraron de la preocupante noticia. Luis Grando, supervisor de la DEPJA, notificó a los CENS el contenido de la resolución 7/2019, aunque sin poder explicar razonablemente las causas concretas del recorte.

Luchar para educar

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Ante la avanzada de la cartera conducida por el violento Jaime Correas, docentes y estudiantes afectados por la inexplicable decisión protestaron ayer al mediodía en Casa de Gobierno. El Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE) exigió que se dejara sin efecto la resolución para garantizar tanto las fuentes de trabajo como así también el derecho a la educación de los estudiantes.

“No nos oponemos de ninguna manera a que se abran espacios educativos en todos lados, y especialmente en los penales, pero no a costa del cierre de otras comunidades donde son sumamente necesarios. A estos CENS del oeste de Godoy Cruz asisten alumnas y alumnos jóvenes y adultos que trabajan y necesitan terminar su escolaridad”, manifestó Teresa Roura, secretaria general de la delegación del SUTE en Godoy Cruz, en diálogo con EL OTRO.

[/media-credit] Teresa Roura.
[/media-credit] Fernando Bravo y Valeria Encinas, docentes del CENS del barrio Sol y Sierra.

Valeria Encinas, delegada del CENS del barrio Sol y Sierra, señaló que no hay razones para disponer el cierre de los cursos. “Hasta ahora la DGE nos tenía acostumbradas a cerrar aulas por supuestas faltas de matrículas, cosa a la cual nos oponemos, pero en esta oportunidad ese no fue el argumento, sino lisa y llanamente recorte presupuestario”, precisó la docente y manifestó su preocupación por la incertidumbre que atraviesan: “Nos enteramos de la resolución de la DEPJA el 20 de marzo. El 6 de marzo ya habían empezado las clases, y los profesores comenzamos a trabajar con nuestros alumnos, y seguimos haciéndolo”.

Mala mía

[/media-credit] Jaime Correas.

El grado de improvisación de la DGE se torna evidente cuando se comprueba que no hay dimensión del impacto social que podría tener la resolución 7/2019. De aplicarse, los profesores se quedarían sin trabajo y los alumnos sin el imprescindible lugar donde educarse.

“Nuestras horas cátedra ya se ofrecieron en el CENS de Almafuerte. O sea, para el gobierno los docentes suplentes ya nos quedamos sin trabajo, y los titulares en disponibilidad, lo que termina siendo un despido encubierto”, explicó la delegada Encinas, quien además subrayó que la decisión sería una “herida de muerte para la educación en estos barrios populares”. “Invitamos a todos para que vayan al CENS del Sol y Sierra, y vean cuántos alumnos tenemos. Nos sobra matrícula. Si la DGE cierra el primer año, el año que viene no habrán alumnos en segundo año y también lo cerrarán, y así seguirá la cadena de cierres hasta terminar con la escuela”, concluyó la profesora.

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Afortunadamente, tras negociaciones del secretario general del SUTE, Sebastián Henríquez, con funcionarios de Jaime Correas, se acordó dejar sin efecto la cuestionada resolución, “para resguardar la oferta educativa y los derechos de los estudiantes”, según informaron desde la DGE. María del Carmen Felizziani admitió: “Cometemos errores y sabemos reconocerlos”.

Ver para creer

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El triunfo de la lucha y posterior acuerdo en esta batalla traen un poco de esperanza a una conducción sindical que ha recibido duros reveses del gobierno de Alfredo Cornejo. Basta recordar que el mandatario ya asestó tres decretazos salariales sobre el poder adquisitivo de las y los maestros y celadores, y que impuso una paritaria 2019 a la baja, pese a que el propio SUTE la celebró como un “empate”.

Las comunidades educativas de los CENS de Godoy Cruz recibieron con alivio la rectificación de la DGE, aunque algunos docentes manifestaron a EL OTRO que no estarán tranquilos hasta ver la nueva resolución que anula la anterior.

Si no hay más presupuesto para educación, resta saber: ¿de qué CENS sacará la DGE las 50 horas cátedras que necesita para cubrir las divisiones de la escuela de Almafuerte?

Habrá que estar muy atentos.

 

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