¿Cuál es la situación de la Justicia Laboral de Mendoza luego de reformas de los gobiernos de la marca Cambiemos? El mito de la “industria del juicio”, la imposición de conciliaciones amañadas, el litigio para pocos/as y otras formas de disciplinamiento en los fueros locales. Para Enrique Arias Gibert, prestigioso catedrático y exjuez de la Cámara Nacional del Trabajo, la Justicia mendocina “es rápida para desalojar, pero lenta para cobrar lo que a uno le deben por haber sido echado del trabajo o por tenerlo en negro“. Sobre llovido mojado: cuando la sentencia es peor que el despido, en un clima de creciente desempleo.
Informe especial | Redacción EL OTRO
El informe sobre Mercado de Trabajo recientemente publicado por el Indec devela que en el último cuatrimestre del 2020 se reportó, en el Gran Mendoza, un aumento de 3,3% de desocupación: pasó de 7,3 a 10,6 puntos porcentuales. La cifra ubica al conglomerado entre los que más desempleo tienen, en tanto que su tasa de subocupación (17,4) es la más alta del país.
El deterioro del mercado laboral local, definido por el aumento de los despidos y el crecimiento del trabajo informal delata precarización, violación de las disposiciones que impiden suspensiones y distractos laborales y un inminente crecimiento de la pobreza. En este contexto, la masa de trabajadores se debate entre las escasas oportunidades de empleo real y la nula protección de sus derechos por parte de instituciones creadas específicamente para intentar equilibrar un vínculo de dependencia intrínsecamente desigual.
La falta de resguardo de las garantías de las y los trabajadores tiene su manifestación más palpable en el detrimento de la Justicia Laboral, y en la flexibilidad que muestran los jueces del fuero en la aplicación de las normas. Según el reconocido abogado laboralista Pedro Kesselman la situación en Argentina es alarmante. “Lo que no se consiguió a través de la flexibilización laboral se consiguió a través de inacción de la justicia laboral”, asegura el letrado.
En sintonía con lo que pasa en el resto del país, el desempeño de los tribunales en Mendoza muestra un apartamiento de su principio fundamental, que es la protección de los derechos conquistados por la clase trabajadora a lo largo del último siglo.
La espada y la pared
EL OTRO dialogó con el abogado Lucas Gómez Portillo, uno de los referentes del Observatorio del Trabajo, que en 2017 realizó un informe sobre la Justicia Laboral provincial. “Llegamos a la conclusión de que los jueces habían abandonado su rol y lo que hacían era impulsar un convenio entre las partes, forzar conciliaciones, a veces de manera extorsiva, tratando de inclinar el acuerdo a favor de la empresa”. Según el informe, en 2006 el porcentaje de causas resueltas mediante sentencias fundadas era del 77% y el 23% por convenios homologados, pero para 2014 la relación se invirtió, tan solo el 25% fueron resueltas mediante el dictado de sentencia.
El estudio mencionado subraya que entre 2006 y 2014 la cantidad de causas pasó de 11.582 a 20.242. “La investigación reveló que el incremento no se debió al accionar de un grupo trabajadores inescrupulosos y de abogados con demandas sin fundamentos, como quisieron hacernos creer, sino que el mismo sistema se volvió ineficiente. Para resolver el problema de la cantidad de causas que entraban, se trataba de conciliar el mayor número posible, sobre todo porque a las ART les convenía llevar todo a juicio. La mayor cantidad de demandas se interponían contra las ART (aproximadamente un 70%), no de trabajadores a empresas”, explica Gómez Portillo en base a las cifras del estudio.
“En 2017 el gobernador Cornejo, tomando este aumento de la litigiosidad y el discurso de la ‘industria del juicio’, hizo reformas para mantener la tendencia a la conciliación. A partir de esto se dio un incremento del número de las causas y sentencias en la que se le impone costas a los trabajadores por litigar lo cual fomenta la destrucción de los derechos laborales, porque cuando vas a cualquier instancia, se termina desalentando la defensa de los derechos”, señaló el abogado.
En ese sentido, para el catedrático Enrique Arias Gibert, exjuez de la Cámara Nacional del Trabajo, las reformas del Código Civil y Comercial y del Código Laboral en nuestra provincia han deteriorado la protección de derechos. “Viendo la reforma de los códigos procesales pareciera que la intención de la Justicia en Mendoza fuera castigar a los débiles y favorecer a los poderosos. Es rápida para desalojar, pero lenta para cobrar lo que a uno le deben por haber sido echado del trabajo o por tenerlo en negro”, explicó, en diálogo con este diario.
“El procedimiento laboral de Mendoza es mucho más lento y engorroso que en el resto del país, e incluye cosas que son absurdas como la caducidad de instancia, que es contradictorio con el principio de impulso de oficio que pesa sobre los jueces y hace que, pasado un tiempo, los procesos se caigan. Por otro lado, las tasas son muy altas. Lo que estás haciendo es que los humildes no tengan acceso a la Justicia, hace recordar a la Inglaterra de los siglos XVIII y XIX en la que, si querías tener derechos, era porque tenías plata para litigar”.
En consonancia, Gómez Portillo entiende que actualmente “la Justicia está abusando de la imposición de costas al trabajador. El arreglo extrajudicial es razonable si se quiere, pero el problema es que la Justicia, no conforme con haberse sacado de encima los juicios, profundiza con la cantidad de costas. En este contexto, ningún trabajador debería ir a litigar porque corre el riesgo de perder sus bienes, parte del sueldo, su auto…”
El viejo truco del neoliberalismo
Según explican letrados que caminan la diaria en los tribunales laborales, el paso forzoso a la conciliación del Sistema Judicial ha significado su “destrucción”, transformándolo en una base administrativa. Actualmente funciona como un sistema privatizado en el que todo se concilia y prejudicializa fuera del Poder Judicial. Los litigios se resuelven en las Oficinas de Conciliación Laboral o en la Superintentencia de Salud y, en ese contexto, las que sacan la mejor tajada son las ART.
En 2017, Macri consiguió que el Congreso aprobara una ley que faculta la intervención de las Comisiones Médicas Jurisdiccionales con el objetivo de debilitar la capacidad de iniciar juicios laborales por parte de los empleados. Estas oficinas son la “instancia previa, de carácter obligatorio y excluyente de toda otra intervención, a los efectos de determinar los grados de incapacidad, prestaciones e indemnizaciones por accidentes o enfermedades vinculadas al trabajo”. Una innegable limitación a la posibilidad de defensa de los derechos de los trabajadores que Cornejo también logró imponer en la Legislatura, el 17 de octubre de 2017.
La crisis del sistema judicial local descripta se puede comprobar en el análisis de las sentencias que publica el Poder Judicial en su página web. El conjunto de las causas demuestra el desaliento de la instancia judicial y el aumento de la imposición de costas como forma de disciplinamiento de una Justicia que rara vez falla en favor de los trabajadores.
Entre los tribunales con abultadas sentencias en contra de la parte más débil de la relación laboral, se encuentra la Primera Cámara del Trabajo de la Primera Circunscripción Judicial, integrada por las juezas María del Carmen Nenciolini y Elcira Georgina de la Roza, y el juez Alfredo Eduardo Milutin.
Vaya casualidad. Tal como reveló una reciente investigación de EL OTRO, la Suprema Corte de Justicia tiene en sus manos un expediente donde se denuncia que el abogado patronal Miguel Pérez Hualde, hermano del exsupremo Alejandro Pérez Hualde, habría amenazado a los tres magistrados de la Primera Cámara en una causa donde el conocido letrado representa a la empresaria Susana Balbo, exdiputada nacional de Cambiemos.
En el contexto de la misma causa, el Ministerio Público Fiscal recibió en setiembre de 2020 (ver imagen arriba) una denuncia de Marcelo Venier, abogado de una trabajadora despedida por Balbo, quien acusó a los magistrados Nenciolini, de la Roza y Milutin “por la comisión del delito de falsa denuncia”.
Fallos y fallas
Algunas sentencias ejemplificadoras:
BENEGAS JUAN C/ COBERTURA DE SALUD S.A., EDUARDO ALSINA Y EDUARDO ORTIZ P/ DESPIDO, el fallo de la Primera Cámara del Trabajo de la Primera Circunscripción Judicial (con la firma de la jueza María del Carmen Nenciolini) resuelve en marzo de 2021, a 8 años del despido, rechazar el reclamo del trabajador en contra de sus empleadores, por la liquidación de la indemnización, e impone el pago de $242.657 más intereses, en concepto de costas. (leer el fallo completo aquí)
GORDILLO VICTOR LUIS C/ LIDERAR ART S.A. P/ ACCIDENTE. En diciembre de 2020, a 6 años del siniestro en el que el trabajador se lesionó la columna, la Primera Cámara del Trabajo de la Primera Circunscripción Judicial (integrada por los jueces Alfredo Eduardo Milutin, María del Carmen Nenciolini y Elcira Georgina de la Roza), resuelve “rechazar la demanda de Gordillo en contra de la aseguradora, respecto del reclamo por incapacidad laboral con costas a cargo del actor”, por la suma de $94.167. (leer el fallo completo aquí)
VARGAS NILDA MABEL C/ PROVINCIA ART SA P/ ACCIDENTE. El 23 de diciembre de 2020, a 10 años de producido el siniestro que lesionó gravemente el hombro de la demandante, sin recibir la cobertura adecuada por parte de la asegurador, la Cuarta Cámara del Trabajo de la Primera Circunscripción de Mendoza (con la firma del juez Fernando Jaime Nicolau) resuelve rechazar la demanda interpuesta contra Provincia ART S.A. con costas al actor que se establecen en la suma de $97.525,96. (leer el fallo completo aquí)
