La presentación se realizó ayer ante la Justicia Federal. Luego de concentrarse en la sede central de Tribunales, un numeroso grupo de jubilados y pensionados se dirigió hasta calle San Juan, donde formalizaron el trámite, que finalmente recayó en el juzgado a cargo de Walter Bento. Los abogados que patrocinaron el amparo advirtieron que si el juez se declara incompetente, lo denunciarán penalmente.

Fotos: Coco Yañez

El amparo colectivo contra ANSES Mendoza busca impugnar la ley 27.426 de “Reforma Previsional” sancionada en diciembre por el Congreso Nacional. Fue solicitado por Julio Armando Ortiz y Elena Julia Flores, en representación de la Federación de Centros de Jubilados, Pensionados y Tercera Edad de la Zona Este de Mendoza. Pero según relató a EL OTRO Julio Ortiz, presidente de esta organización, “involucra también a la Asociación de Jubilados y Pensionados de Mendoza, entidad que promovió la acción y nosotros acompañamos”.

El patrocinio legal se encuentra en manos de los abogados Lucas Gómez Portillo, Matías Neri y Hernán Javier Rivera, quienes adjuntaron bajo la figura de “amigos del tribunal” un centenar de firmas recolectadas en Mendoza que avalan el reclamo de los jubilados y pensionados.

A las 10:30 de ayer, más de un centenar de afectados por la nueva fórmula de movilidad se concentraron en las escalinatas de Tribunales Federales en calle España de la Ciudad de Mendoza, para luego dirigirse a pie hasta San Juan 243, sede del Juzgado Federal N°2. En ese lugar, finalmente la Secretaría Civil N° 5 recepcionó el pedido y le proporcionó número de expediente, que tramitará el juez Walter Bento.

Lo que solicitan este conjunto de jubilados y pensionados es que Bento ordene a ANSES Mendoza “que se abstenga de aplicar la ley 27.426 y mantenga la vigencia de la ley 26.417”, hasta tanto se expida sobre el fondo de la cuestión.

El juez natural

Luego de promulgada la reforma previsional, que recortó jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares, se produjo una avalancha de pedidos de inconstitucionalidad en todos los rincones del país, que fue neutralizada momentáneamente por una maniobra de ANSES. Es que Fernando Strasser, quien subroga el Juzgado Federal de Primera Instancia de la Seguridad Social N° 2, avaló un pedido del oficialismo nacional para acumular todos los casos que se presenten a futuro en su juzgado, bajo el formato de acción de clase.

Este antecedente no fue omitido por quienes interpusieron el amparo colectivo en nuestra provincia. Al considerar la competencia, el texto presentado ayer estima que la resolución de Strasser “resulta inédita en los anales de la jurisprudencia nacional”, pues “no es idéntica la pretensión que pretende acumular sin más. Se trata de los habitantes de Mendoza y se trata, en parte, de evaluar la insuficiencia y regresividad del nuevo índice considerando los precios reales de la Provincia de Mendoza, mal podría un juez subrogante que vive y opera a mil kilómetros entender la realidad mendocina y sobre la situación de los mendocinos”.

 

Ante este tránsito automático ideado por el Ejecutivo Nacional para que las causas recaigan en Strasser, el patrocinante Gómez Portillo advirtió que “en este caso Bento deberá asegurar el acceso a la Justicia tutelar efectiva”, porque deben “respetar nada más y nada menos que una garantía básica que es la del juez natural”. Agregando que Bento “es el juez que está designado por ley antes del hecho del proceso, es el juez que interviene en Mendoza según el artículo 4 de la ley de amparo nacional, la única ley aplicable”. Por último, el abogado anticipó que en caso de que “haya un funcionario o un juez que no la aplique, haremos la denuncia penal correspondiente”.

Un ajuste para los más débiles

Entre los fundamentos del pedido, se destaca que el objetivo de disminuir el déficit fiscal manifestado por el gobierno nacional afecta los derechos de los beneficiarios. “La aplicación de la ley en cuestión significará una pérdida de recursos del sistema de seguridad social y por ello una afectación de los derechos individuales de los distintos beneficiarios, entre ellos y particularmente en lo que a esta acción importa: los jubilados y pensionados de la Provincia de Mendoza”, se subraya en la acción judicial.

En otro tramo, el escrito afirma que “el artículo 14 bis de la Constitución nacional y los tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional imponen una función rectora al Estado en materia de derechos sociales, consolidándose a través de esos instrumentos la prohibición de regresividad en materia de derechos humanos”, entendiendo “por medidas regresivas todas aquellas disposiciones o políticas cuya aplicación signifique un retroceso en el nivel del goce o ejercicio de un derecho protegido”.

 

El texto presentado por este conjunto de jubilados y pensionados solicita que se declare la inconstitucionalidad de la norma y concluye que “el cálculo de la movilidad jubilatoria en marzo de 2018 generará un gravamen de difícil reparación ulterior”. Ya que existe “una lesión actual, permanente y continuada, a los derechos de los jubilados en su conjunto, cuya ulterior reparación probablemente sea imposible, y, cuanto menos, muy difícil”.

Desde la Asociación de Jubilados y Pensionados de Mendoza y la Federación de Centros de Jubilados, Pensionados y Tercera Edad de la Zona Este invitan a los jubilados y pensionados que estén interesados en “dar pelea” a sus habituales reuniones semanales, que realizan los miércoles a las 10 hs en la sede de la Asociación Bancaria (Avenida España 1232 de Capital).

 


 

Leé el texto completo del recurso de amparo colectivo aquí.