En medio de una inusitada tensión política, el jueves próximo desde las 9 horas, se realizará la audiencia pública convocada por la Suprema Corte de Justicia con el fin de que la ciudadanía fundamente si María Teresa Day cumple con los requisitos para integrar el máximo tribunal. La convocatoria la resolvió el ministro Omar Palermo en respuesta a un pedido de inconstitucionalidad realizado por un grupo de organizaciones de Derechos Humanos. El oficialismo se ausentará victimizado, bajo el pretexto de que es nula, persecutoria e ilegítima. Sin embargo, prestigiosos juristas y representantes de la sociedad civil se disponen a interpretar los alcances del artículo 152 de nuestra Constitución.
Fotos: Prensa Gobierno de Mendoza
La fama es puro cuento
El desprecio por las instituciones y por el sistema republicano de gobierno practicado durante el mandato del ex gobernador Alfredo Cornejo esmeriló el carácter respetuoso al Estado de Derecho, arraigado por el esfuerzo y la convivencia democrática que la sociedad mendocina forjó durante años.
Bajo el blindaje político de Mauricio Macri y la multimillonaria pauta oficial en los medios de comunicación, el presidente del radicalismo asumió confrontando una resolución de la Suprema Corte que limitaba la prisión preventiva y se despidió intentando comandar el máximo Tribunal, anhelo logrado por el momento por su sucesor con la designación de Day y la presidencia de Dalmiro Garay.
En el ínterin, reprimió la protesta social, criminalizó la pobreza, disciplinó a su mayoría legislativa, aplicó el lawfare en la operación Túpac, quiso destituir a una Cámara completa, propuso ampliar la Corte, implementó el Código Contravencional, superpobló las cárceles, designó a 8 de los 18 cargos vitalicios de la provincia con funciones de contralor, entre ellos dos integrantes de la Suprema Corte. Etcétera, etcétera.
Aunque los vientos políticos rumbearon, el heredero Suarez repite los métodos, sin quedar claro a esta altura si mantiene cierta autonomía política o simplemente recibe directivas de su antecesor. A pesar de la advertencia social en su intentona por la Ley Cianuro, catapultó a María Teresa Day a la Suprema Corte, a quien le tomó juramento en secreto luego de que el oficialismo, solitariamente, le diera aval en el Senado en medio de fundados cuestionamientos respecto al incumplimiento de los requisitos que esgrime la carta magna provincial. Day vino a cubrir la vacante de Jorge Nanclares, quien oportuna y justamente inclinara la balanza en favor de la constitucionalidad de la ley 7722.
Todas las voces
La Audiencia Pública que se realizará el jueves no puede desvincularse del oscurantismo desplegado en el tránsito de María Teresa Day hacia la Corte. La declaración de certeza referida a los requisitos constitucionales para integrar el máximo tribunal solicitada en un primer momento por la oposición fue neutralizada por la designación exprés y a escondidas de Day, antes de que la misma Suprema Corte -más precisamente la Sala II presidida por Omar Palermo- respondiera la requisitoria.
Las circunstancias llevaron a un grupo de organismos de Derechos Humanos de Mendoza a solicitar la nulidad de la designación de Day hasta tanto se resuelvan las medidas cautelares solicitadas en relación a los requisitos.
A esa solicitud respondió el juez Palermo con la Audiencia Pública, bajo la premisa de contestar a la pregunta: ¿Cómo debe interpretarse y cuáles son los alcances del requisito constitucional de ejercicio de la profesión para ser ministro de la Suprema Corte de Justicia (art. 152, inc. 3 de la Constitución de Mendoza)?”. Artículo que expresa como requisito imprescindible para integrar la Suprema Corte haber ejercido la abogacía durante 10 años.
El ex juez de la Corte Alejandro Pérez Hualde fue el primero en cuestionar la postulación de Day, al sostener que el ejercicio de la profesión de abogado se encuentra regulado por la Ley de Colegiación de la profesión y como Day nunca ejerció conforme a la ley, no reunía los requisitos constitucionales. Su argumento radica en que, en el fondo, se aspira a que las designaciones de jueces no sean endogámicas y recaigan siempre en operadores del mismo sistema.
Mientras que, desde el gobierno, sostuvieron una interpretación extensiva del ejercicio de la abogacía. Basaron su defensa en que la abogacía no se ejerce solamente como profesión liberal, por lo que todo trabajo que requiera título y aptitudes de abogado debería ser asimilado al ejercicio de la abogacía. Sin embargo, María Teresa Day solo acreditó 5 años como secretaria letrada, precisamente de un Tribunal que impuso 3 condenas a prisión perpetua a menores de edad y que ocasionó la condena de la Argentina por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Además, Day se desempeñó como inspectora, que es un cargo que no requiere título de abogado, y luego como “coordinadora general” del Ministerio Público Fiscal, que es la forma en que la ley denomina al funcionario a cargo de la administración de los recursos humanos y materiales, cargo para el que tampoco se exige título de abogado.
Se espera que el jueves, ese es el objetivo, se incorporen más y mejores elementos para aclarar el panorama.
Lamentablemente el oficialismo ha ninguneado el mecanismo, apuntando a rencillas políticas que tienen en la mira a Omar Palermo, prestigioso jurista recientemente invitado por el presidente a la comisión de especialistas para avanzar en una reforma judicial integral a nivel nacional. De repetir la actitud, es esperable que no presenten su postura en la Audiencia Pública, ya defenestrada por el vicegobernador, quien la calificó como nula.
Los comunicados emitidos, tanto por el Comité Provincial de la Unión Cívica Radical que asegura que “El Dr. Omar Palermo está violando y rompiendo con el equilibrio de poderes en la provincia de Mendoza”, como uno publicitado ayer firmado por “1400 mujeres de Cambia Mendoza” donde afirman que el objetivo de la Audiencia tiene la intención de “seguir transformando esta situación en un circo público, como un patíbulo, donde un pequeño sector pretende mancillar la imagen y el nombramiento de la Jueza de la Suprema Corte de Mendoza”, anticipan el ausentismo.
La obstinación del oficialismo alertó incluso a la Asociación de Magistrados de Mendoza, que a través de un comunicado expresó ver “con profunda preocupación la grave situación institucional generada” ya que “afectan la imagen del Poder Judicial en su conjunto, como garante último de nuestra Constitución Provincial”. Mientras que instan a “quienes conducen los tres poderes republicanos a cargo del destino de la Provincia” a normalizar la situación. Para concluir en que creen “conveniente mantener la mirada sobre los principios fundantes de la República y el Estado de Derecho, como así también que se garantice a ultranza la independencia de la magistratura provincial”.
¿Será Justicia?
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