Organizaciones de barrios populares de Mendoza se manifestaron en la Legislatura para reclamar que la Provincia adhiera a la Ley 27.453 que contempla acceso a la vivienda y mejoras en la calidad de vida para los sectores postergados. Pese al rechazo del oficialismo a dar este paso, en la Cámara de Diputados se aprobó la creación de un Comité para la integración socio urbana, que participará en las políticas públicas habitacionales y estará integrado por miembros de la Economía Popular y de la Mesa Provincial de Barrios Populares. En los últimos días el Congreso de la Nación aprobó una modificación de la normativa nacional que establece extender la prohibición de desalojos por 10 años. Según el ReNaBaP en nuestra provincia hay 317 barrios populares.

Por Redacción EL OTRO | Fotos: Coco Yañez

La Mesa Provincial de Barrios Populares, junto a organizaciones sociales y agrupaciones políticas, marcharon en la mañana del miércoles para reclamar la adhesión provincial a la Ley 27.453, de Régimen de Regularización Dominial para la Integración Socio Urbana, conocida como Ley de Barrios Populares. El acatamiento a la normativa nacional, que fue sancionada en 2018, significa el reconocimiento a las familias del derecho de propiedad sobre su vivienda, equipamiento social e infraestructura, suspenso de los desalojos, entre otros aspectos importantes.

El pedido de las asociaciones barriales para que se reconozca la 27.453 comenzó a finales de 2018, sin lograr modificar la postura de Cambia Mendoza que ha mantenido una negativa contundente para que esa norma rija plenamente en nuestra provincia. Sin embargo, las organizaciones han logrado avanzar en cuestiones puntuales coherentes con la legislación nacional. En este sentido, en la mañana del miércoles, la Cámara de Diputados aprobó la creación de un Comité Provincial para la Integración Socio Urbana de Barrios Populares.

Este órgano “actuará, vinculado funcionalmente con el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Planificación e Infraestructura Pública e Instituto Provincial de la Vivienda”, y estará conformado por el Ministerio de Planificación e Infraestructura, Subsecretaría Desarrollo Social; IPV, Poder Legislativo, representantes de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y de la Mesa Provincial de Barrios Populares.

Wily Donato, referente de Nuestramérica, integrante de la UTEP y miembro de la Mesa Provincial de Barrios Populares, en diálogo con EL OTRO, se refirió al reclamo que se presentó en la Legislatura: “Ante la negativa del oficialismo provincial para avanzar hacia la adhesión a la ley, que entendemos tienen que ver con una cuestión política, hemos podido acordar la creación de este comité de abordaje para distintas situaciones. Entendemos que va ayudar a resolver cuestiones vinculadas a desalojos, como lo que ocurrió en los últimos días en Las Heras, o situaciones como en Guaymallén donde el Municipio se niega a mediar con las prestadoras de servicios para que puedan funcionar obras de integración socio urbana realizadas en un barrio popular”.

Al respecto, el dirigente subrayó que el reconocimiento de la ley nacional es importante “porque algunos municipios como el de Capital intentan desconocer al ReNaBap (Registro Nacional de Barrios Populares) y los certificados de vivienda familiar que otorgan un reconocimiento inicial a las familias de los terrenos donde están habitando, y que las habilita a fijar domicilio y solicitar los servicios a las prestadoras u organismos correspondientes”.

Donato contó que también están reclamando el tratamiento urgente en la Legislatura de “una ampliación de la Ley de Economía Social, que incluye a la Economía Popular y a la dimensión de lo socio comunitario, que trabaja dentro de los barrios populares, y que es un reconocimiento al trabajo informal y precarizado”. “Sobre esta ley hay acuerdos y debería aprobarse pronto”, aseguró. Además destacó que esperan también el tratamiento de una ley de vivienda armada por los movimientos populares, que implica trabajo para los habitantes de los barrios.

El reclamo que encabezó la Mesa Provincial de Barrios Populares contó con la participación de otras organizaciones, además de Nuestramérica, como Movimiento Evita, La Colectiva, Frente Darío Santillán, Corriente Clasista y Combativa, entre otras.

La ley 27.453 de Régimen de Regularización Dominial, comprende la integración socio urbana, regularización del dominio, obras de integración socio urbana y suspensión de desalojos. El pasado 12 octubre la Cámara de Diputados de la Nación aprobó una modificación de la norma que establece la extensión de la suspensión de los desalojos por diez años y una ampliación del número de registros de barrios incorporados al ReNaBaP. En tanto, en la jornada de ayer, la modificación obtuvo el visto bueno del Senado Nacional.

 

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