Los cinco diputados/as nacionales del Frente Cambia Mendoza rechazaron el proyecto para que jueces, fiscales y funcionarios del Poder Judicial paguen el impuesto a las Ganancias. Los votos de los radicales Lisandro Neri, Julio Cobos, Jimena Latorre, Pamela Verasay y Omar de Marchi del Pro, además de consagrar este absurdo privilegio, le impidió al Estado Nacional recaudar una sustanciosa cifra. Según se estima, con este recurso se podría obtener -sólo en 2023- un monto que redobla el presupuesto total de la obra Portezuelo del Viento. ¿Cuál fue el motivo para que los representantes de una provincia cada vez más dependiente de los aportes nacionales eligieran debilitar las arcas del país?

Por Redacción EL OTRO

Los únicos privilegiados

Jueces de la Corte Suprema de Justicia Foto: Poder Judicial de la Nación

Por medio de un decreto, el Gobierno Nacional, estableció un aumento del 17,5% del mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias, Este incremento, que rige desde el 1 de noviembre, establece que las y los trabajadores que perciban un ingreso bruto superior a $330.000 pagarán este gravamen.

La medida, aseguran, beneficiará a aproximadamente 380.000 trabajadores en relación de dependencia. Quedarán exceptuados de pagar todos los asalariados del país que tengan ingresos menores a $330.000 (2,6 canastas básicas) y también jueces, fiscales y trabajadores de la Nación y de las provincias y del Ministerio Público de la Nación.

Horacio Rossati, presidente de la Corte | Foto: CSJN

 

Carlos Rosenkrantz, vicepresidente de la Corte | Foto: CSJN

Un juez de la de la Corte percibe $1.113.000 como ingreso básico por mes de, en tanto que un magistrado de Cámara y de Cámara de Casación cobra entre $920.000 y $960.000, mensuales. En promedio los haberes de este sector equivalen a $1.000.000, es decir el costo de 7 canastas básicas.

El Gobierno Nacional trató de eliminar esta exención de privilegio que tienen jueces, funcionarios y empleados del Poder Judicial de la Nación y provincias y del Ministerio Público de la Nación, con una modificación de la Ley de Impuesto a las Ganancias, que fue introducida al proyecto del Presupuesto Nacional 2023.

Juan Carlos Maqueda, juez de la Corte | Foto: CSJN

 

Ricardo Lorenzetti, juez de la Corte | Foto: CSJN

Por la resistencia de varios legisladores, de tratar en conjunto la modificación del impuesto a las Ganancias y los demás artículos del Presupuesto 2023, se hizo una votación separada y la pretendida reforma del régimen tributario obtuvo 134 negativos y 116 positivos.

Defensores del privilegio

Julio Cobos Foto de archivo: Seba Heras

En el rechazo se unieron prácticamente todos los bloques de la oposición que integran la Cámara de Diputados, y legisladoras del Frente de Todos que pertenecen al sector sindical. En la votación de las y los mendocinos perdió la postura del sí. Rodolfo Bermejo, Liliana Paponet, Marisa Uceda y Eber Pérez Plaza, del Frente de Todos, votaron a favor. Los cambiemitas Lisandro Nieri, Julio Cobos, Jimena Latorre, Pamela Verasay y Omar de Marchi dieron su no positivo.

La propuesta del Ejecutivo, de eliminar este privilegio pagado por el Estado Nacional, es parte de las estrategias para obtener fondos que le ayuden a afrontar un 2023 que estará signado por las restricciones macroeconómicas, aceleración de la inflación, escasez de divisas, brecha cambiara, y por el acuerdo con el FMI, que representa el cumplimiento de metas fiscales y monetarias.

COCOYANEZ

Según un cálculo hecho por la ACIJ (Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia), la recaudación por las modificaciones tributarias propuestas por el gobierno en el Presupuesto 2023 significaban el equivalente a 3% del PBI y cinco veces el monto que se destina a pagar la Asignación Universal por Hijo. Por otra parte, la propuesta dejaba abierta la oportunidad de revisar gastos tributarios que no tienen una regulación que garantice su transparencia y, en el fondo, plantea también una discusión estructural sobre cómo afrontan los compromisos con el FMI y de dónde extraer los recursos para asumirlos.

Teniendo en cuenta cómo se viene agravando la dependencia de la economía de Mendoza de los recursos monetarios que se transfieren desde Nación, cuesta entender el mandato de los legisladores de Cambia Mendoza al rechazar esta vía de recaudación. Un informe elaborado recientemente por el CIEC (Centro de Investigaciones en Economía Crítica), publicado por EL OTRO, señala que la porción de los fondos nacionales dentro del presupuesto provincial creció exorbitantemente en los últimos años. El estudio precisa que en 2015 estos recursos eran 40% más altos que los provinciales en valores reales, pero, con la pérdida de recursos propios, los ingresos nacionales en 2021 pasaron a ser 78% más altos que los ingresos locales.

Jimena Latorre Foto: Cámara de Diputados de la Nación

Más allá del relato de la Mendoza castigada por la discreción del poder central, el gobernador Suarez sabe que la realidad lo desmiente y que, sin el bombeo de fondos nacionales, los planes para su último año de gobierno no podrían ejecutarse. En el Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos 2023, Mendoza es la séptima provincia más beneficiada. Según el proyecto del presupuesto nacional, en el próximo año la Provincia recibirá $454.304 millones, un monto que supera ampliamente a sus pares de la región: San Juan $364.082 millones, San Luis $244.080 millones y La Rioja $223.204 millones, las tres administradas por gobernadores peronista.

Respecto a lo que representarán los recursos nacionales en el presupuesto provincial, según el proyecto que presentó el Ejecutivo, de la pauta de ingresos totales ($770 millones) el 56% provienen de Nación. En ese marco, para las obras proyectadas, que suponen una inversión de 280 millones de dólares, se calcula contar sí o sí, con fondos nacionales. “Estamos pidiendo el endeudamiento porque desde Nación, cuando las obras ya están en movimiento, es más fácil conseguir el financiamiento” explicó Suarez, días atrás a la prensa.

Lisandro Nieri Foto de archivo: Cristian Martínez

La decisión en bloque de los pro-radicales mendocinos va en línea con la sistemática protección de los que más tienen, como quedó en evidencia palmaria en plena pandemia. En noviembre de 2020, en momentos en que la Cámara de Diputados de la Nación dio media sanción al proyecto de Ley de Aporte Solidario y Extraordinario para los patrimonios superiores a los $200 millones, las y los legisladores mendocinos de Juntos por el Cambio Jimena Latorre, Alfredo Cornejo, Claudia Najul, Federico Zamarbide, Omar De Marchi y Luis Petri rechazaron que los 9.300 contribuyentes más ricos de la Argentina tributen por única vez un aporte que permitió recaudar cerca de $300 mil millones.

En este nuevo contexto, las decisiones de los representantes de Cambia Mendoza en Diputados sólo pueden explicarse como parte de una aventura electoral y de un guiño de Juntos por el Cambio a la casta judicial, en vista de una posible victoria en las presidenciales del próximo año. De otra manera no puede entenderse este inconcebible tiro fiscal en el pie.

 

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