Es real. La localidad La Asunción de Lavalle, ubicada a 42 km al noreste de la villa cabecera del departamento, no contará en 2023 con el centro de educación secundaria obligatoria. La directora de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos, Mariana Caroglio, decidió dar de baja al espacio con el pretexto de que la escuela no reuniría la cantidad suficiente de estudiantes. La comunidad originaria “Paula Guaquinchay”, en su legítimo afán de defender el derecho a la educación para su territorio ancestral, reclama que se dé marcha atrás con la absurda medida. Otro recorte de la “madre del ítem aula”.

Por Redacción EL OTRO

Foto: Coco Yañez

El ajuste de partidas presupuestarias que lleva adelante la DGE (Dirección General de Escuelas) escala a niveles impensados. En la primera semana de noviembre, supervisores del área a cargo de Mariana Caroglio, le comunicaron a la comunidad educativa de La Asunción que cerrarán las puertas del CENS 3-507 y que, por lo tanto, las personas que en la actualidad cursan en ese establecimiento, como así también los futuros alumnos, deberán trasladarse 20 kilómetros si quieren terminar el nivel secundario obligatorio.

La decisión de la cartera bajo la órbita del director general de Escuelas, José Thomas, no sólo es injusta sino absurda. Para cursar en el edificio que propone la DGE, las y los estudiantes que están completando el CENS, y los que se inscriban en 2023, deberán moverse por sus propios medios para llegar a Colonia Italia, debido a que el Estado provincial tampoco garantiza transporte público a estas poblaciones.

Notificación oficial del cierre del CENS. Fuente: DGE

El cierre se debe a la baja matrícula que tiene el centro educativo, se justifican desde Gobierno Escolar, sin reparar en el número de habitantes y en las características culturales, políticas, sociales y económicas -históricas y actuales- de los pueblos originarios de este territorio del secano lavallino, conocido por la fiesta patronal, que este año recibió a más de 50 mil personas.

Actualmente, 12 alumnos y alumnas estudian en el aula satélite de La Asunción. Los demás cursos funcionan en Lagunas del Rosario, El Puerto, Andacollo y Colonia Italia

Foto: Coco Yañez

“Nosotros no queremos que nos saquen de nuestro territorio al CENS, porque le estamos cerrando las inscripciones a muchos alumnos que quieren terminar su secundario. Pudimos conseguir que la Universidad Siglo 21 ponga un Centro de Aprendizaje Universitario (CAU), con becas al 100%. Entonces tenemos la oportunidad de que puedan acceder un título universitario, pero nos sacan el CENS. Además, vemos cómo han sido vulnerados nuestros derechos de pueblo originario, el derecho a la consulta, ver con nuestros dirigentes cómo buscar una solución. Estamos tratando de que revean la situación”, explicó una de las docentes de esta escuela.

De hecho, la operatividad de este nuevo CAU fue posible gracias a la instalación de un punto wifi libre realizado por Interluz, una empresa público privada que tiene como accionista mayoritaria a la Municipalidad de Lavalle. La misma comuna que en los últimos días anunció que será sede de la Universidad Nacional de Avellaneda, para ampliar la oferta educativa de los habitantes de este departamento, claramente postergados por el gobierno de Rodolfo Suarez.

La exsenadora radical Mariana Caroglio durante una sesión en la Legislatura | Foto de archivo: Coco Yañez.

En el afán de no retrocede en sus derechos, las familias de la comunidad huarpe Paula Guaquinchay están organizando acciones de distinto tipo para lograr el apoyo social que necesitan, y así afrontar los recortes de la Caroglio, funcionaria conocida en el ámbito educativo como la “madre del ítem aula”, por haber sido una de las principales legisladoras que impulsó el repudiado adicional salarial que aún castiga a las y los trabajadores de la educación.

 

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