EXCLUSIVO | Apretada por el Gobierno de Mendoza, la jueza Beatriz Salvini rectificó la resolución judicial que obligaba a la Dirección General de Escuelas a reabrir el Jardín Maternal Evita. EL OTRO accedió en exclusiva a testimonios y expedientes judiciales que explicarían el brusco cambio de opinión de una magistrada denunciada por “grave desconocimiento del Derecho”, y revictimización de un menor sobreviviente de abuso sexual eclesiástico. La funcionaria judicial, quien se opuso a ser fotografiada por este diario, rechazó una entrevista solicitada por nuestro equipo periodístico.
INVESTIGACIÓN ESPECIAL DE EL OTRO | Texto: Negro Nasif
Traje a medida de Suarez
Después de un largo derrotero de la (in)Justicia patriarcal y clasista de Mendoza, la titular del Tercer Juzgado Civil de la Primera Circunscripción Judicial, Beatriz Salvini, acusó recibo de las presiones políticas y cambió rápidamente de opinión acerca del presente y futuro de las infancias del Jardín Evita.
La misma jueza que el 16 de mayo hizo lugar a las medidas cautelares solicitadas por 33 madres de niñas y niños del jardín maternal, modificó rápidamente su fallo a la medida del Gobierno de Mendoza, y en claro perjuicio de las amparistas y 48 niñas y niños, de 45 días a tres años de edad, quienes hace un mes fueron expulsados de la institución que funcionaba en la histórica Escuela Hogar Eva Perón.
El lunes pasado, Salvini ordenó la suspensión de la Resolución 08-2022 dictada por la DGE, que dispuso el cierre de las salitas maternales; y obligó al Gobierno Escolar a que, “en el término de veinte días, proceda a arbitrar todos los medios necesarios, por intermedio del organismo que estime corresponder, para proceder a la reapertura del Jardín Maternal Evita, con los mismos servicios que brindaba”. (Leé la resolución judicial completa aquí)
Sin embargo, la magistrada volvió raudamente sobre sus pasos, haciendo lugar a un recurso de aclaratoria interpuesto por la DGE y, en consecuencia, dejó sin efecto la suspensión de la Resolución N° 8-2022 que ella misma había ordenado. Además, en línea diametralmente opuesta a su fallo anterior, otorgó una ampliación de 20 días más para que el Gobierno asigne “fondos a un tercero u organismo que estime corresponder, a fin de que el jardín vuelva a prestar sus servicios”. O sea, retiró de toda responsabilidad al Estado como garante exclusivo de derechos que, por imperio de la Constitución Nacional y Tratados Internacionales de Derechos Humanos, debe asegurar. (Leé la nueva resolución judicial completa aquí)
Vuelta y vuelta
De acuerdo con las fuentes consultadas por EL OTRO, la voltereta de Salvini no resiste el menor análisis técnico jurídico. Ante la pregunta de este diario sobre la legalidad de la decisión puntual de la jueza, la opinión de especialistas en Derecho Procesal con larga trayectoria en Mendoza fue coincidente y lapidaria: “la solicitud de aclaratoria es improcedente en un recurso de amparo y, aun en el remoto caso hipotético de ser admitida, el artículo 132 del Código Procesal, Civil, Comercial y Tributario establece que tal remedio debe ser aplicado exclusivamente para corregir errores materiales, omisiones de pronunciamiento o aclarar conceptos oscuros. Supuestos absolutamente excedidos en la resolución de Salvini”.
Ante la titubeante conducta de la magistrada, el abogado Marcelo Venier, representante legal de las madres amparistas, confirmó a este diario que ya presentó “un recurso de apelación ante la Cuarta Cámara de Apelaciones en lo Civil, integrada por la doctora María Silvina Abalos, y los jueces Claudio Leiva y Claudio Ferrer”, quienes deberán corregir –según el escrito de Venier- “un escándalo jurídico en el cual la política y los intereses económicos provinciales no han estado ajenos”.
Fuentes testimoniales y antecedentes judiciales a los que accedió EL OTRO abonan de manera congruente los señalamientos del letrado Venier. Por un lado, testigos calificados de la Justicia Civil confirmaron a este medio que la jueza Salvini recibió presiones directas de funcionarios del Poder Ejecutivo, para que de forma urgente diera marcha atrás en su fallo inicial. Aprietes a los que habrían sumado -de acuerdo con una de las fuentes consultadas- “los argumentos jurídicos que debía utilizar para modificar la resolución con que hizo lugar a la medida cautelar”.
¿Pero por qué Salvini habría accedido de forma exprés a tamaña rectificación? ¿Qué nivel de coerción la llevaría a cambiar su parecer? ¿Qué compromisos tendría la magistrada con el poder político? La respuesta, siempre siguiendo las fuentes judiciales que accedieron a hablar con este diario, estaría en un carpetazo que pesa sobre la jueza en los últimos años, poniendo en tela de juicio su idoneidad para ejercer la magistratura.
“Grave desconocimiento del Derecho”
La punta del ovillo –o del carpetazo– está en las causa N° 253.582, caratulada XXXXX c/Arzobispado de Mendoza y otros, por daños y perjuicios, tramitado en el Tercer Juzgado Civil de la Primera Circunscripción Judicial, a cargo de Beatriz Salvini.
El presunto mal desempeño de la magistrada en ese expediente generó que la víctima, con la representación legal de la abogada Carolina Jacky, denunciara a la funcionaria ante la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, por “desconocimiento del Derecho”. “La doctora Beatriz Salvini se apartó de la ley, provocando una revictimización de mi cliente, concretando con su dictus un desbaratamiento de un derecho humano por un desconocimiento grave del Derecho”, señaló sin eufemismos Jacky en su escrito ingresado en la Corte en agosto de 2019. En concreto, la letrada apuntó a Salvini por “su falta de capacitación en perspectiva y violencia de género”, al no haber contemplado derechos esenciales de un menor, víctima de acoso y abuso sexual.
Según los expedientes analizados por EL OTRO, de los cuales omitimos mayores precisiones por protección de la víctima, la doctora Jacky avanzó sobre las presuntas responsabilidades penales y civiles de la jueza Salvini, al denunciar que se produjeron violaciones a la Ley 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres; a la Convención sobre los Derechos del Niño; y a la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
Los antecedentes aportados por la abogada a la Justicia suman suficientes elementos que podrían comprometer seriamente a Salvini y explicar, a luz de las novedades recientes, el accionar contradictorio de la magistrada. Entre las pruebas informativas se destaca la causa 757.000/19 originada en la Fiscalía de Instrucción N° 28; y dos oficios requeridos a la Suprema Corte de Justicia, y al Honorable Jury de Enjuciamiento, “a fin de que remitan compulsa certificada de todo lo actuado respecto a la doctora Beatriz Fernanda Salvini, sobre la denuncia que se le formulara en el mes de agosto de 2019 en relación a su actuación en la causa N° 253.582”.
En el afán profesional de escuchar todas las voces y versiones posibles, periodistas del equipo de investigación de EL OTRO concurrieron al Tercer Juzgado Civil de la Ciudad de Mendoza para solicitar una entrevista personal con la jueza Salvini. No obstante, la magistrada, quien no accedió a ser fotografiada ni develar su imagen, respondió a través de un secretario que “no dará entrevistas y sólo hablará por sus sentencias”.
Es cierto: Salvini ya falló.
“Las madres, niñas y niños están totalmente desprotegidos por el Estado”
Contra los más débiles: Suarez avanza con el cierre de jardines maternales
