La Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores (FACCYR) se movilizó este jueves en diferentes provincias para impulsar el tratamiento y la aprobación del proyecto de Ley de envases con inclusión social que se presentó en el Congreso de la Nación. En Mendoza la rama local de la organización se hizo presente en la Casa de las Leyes para dialogar con legisladoras y legisladores y visibilizar la iniciativa.

Fotos: Coco Yañez | Texto: Luciano Viard

“Es hora de que las políticas públicas dignifiquen el trabajo de los compañeros”, afirma un joven secundado por varias decenas de personas que portan carteles y pancartas que reafirman esa idea.

Son cartoneras y cartoneros que entienden que su trabajo es digno pero las condiciones en las que deben ejercerlo no lo son y es el Estado el que debe intervenir en un asunto que está a la espera de definiciones creativas y justas desde mucho antes de que Greta Thunberg denunciara el robo de su niñez europea y a partir de muchas vidas resignadas en Argentina y en Mendoza.

La movilización de este jueves tuvo un objetivo central, además de la visibilización del sector, que tiene que ver con el proyecto de Ley de envases con inclusión social que el jefe del bloque del Frente de Todos, Máximo Kirchner, y el ministro de Ambiente, Juan Cabandié presentaron junto al diputado nacional Federico Fagioli y Jacquelina Flores de la FACCYR.

En Mendoza, Emanuel Tobal, uno de los referentes de la reciente organización local en torno al trabajo de reciclado, contó que desde la cooperativa Entre Todos de San Martín, trabajan con la FACCYR desde 2019 y junto a las cooperativas Recuperadores Urbanos de San Martín, Grilli, Promotoras Ambientales, y Puente de Hierro de Guaymallén y Algarrobo y Aguaribay de Las Heras, presentaron el proyecto de ley a las autoridades legislativas locales.

De hacerse ley, el proyecto prevé sustentarse en el principio de responsabilidad extendida al productor, para que quienes envían los envases al mercado se hagan cargo el postconsumo, pagando una tasa de alrededor del 3% que vaya a un fideicomiso manejado por un ente nacional a crearse.

Los municipios deberán organizar el plan de gestión integral con inclusión pero con la financiación de ese ente central, poniendo en valor el trabajo de las 150.000 personas que cartonean y reciclan en Argentina, tecnificándolo y regulando la venta de los materiales reciclados.

En el interior de la Legislatura, Tobal junto a otras compañeras pudieron conversar con las senadoras Natalia Vicencio (PJ) y Cecilia Juri (PJ) y el senador Lautaro Giménez (FIT) que se pusieron a disposición para organizar una reunión más amplia con legisladores y legisladoras de Mendoza y comenzar, también, a fortalecer la articulación con los municipios respecto de la gestión integral de residuos.

Se espera que el proyecto de ley sea sancionado en el Congreso antes de fin de año, si el “lobby industrial” así lo permite,.

Hay esperanza que las y los trabajadores del reciclado festejen el final del año con el inicio de reparaciones urgentes y necesarias en el desarrollo de una tarea que socialmente es y será imprescindible.