EXCLUSIVO | El gobernador Rodolfo Suarez concretó un aumento masivo del impuesto inmobiliario que afecta a más de 90 mil propiedades agrarias de toda Mendoza. El tarifazo 2023 golpea a los contribuyentes más pequeños, con incrementos que superan el 1.200%. Datos oficiales que derriban el cuento de la baja de impuestos en la #MendozaMaravillosa.
INVESTIGACIÓN DE EL OTRO | Por Negro Nasif
En medio de las gravísimas dificultades que atraviesa el sector agropecuario de Mendoza, el Gobierno provincial diseñó una estructura impositiva regresiva, que castiga particularmente a las y los productores de propiedades rurales más pequeñas.
Luego de un análisis minucioso de la evolución tributaria de 94.500 contribuyentes del impuesto inmobiliario, EL OTRO comprobó los exorbitantes aumentos en ese tributo, y cómo el plan de recaudación diseñado por el gobierno de Rodolfo Suarez, y ejecutado por la Administración Tributaria Mendoza (ATM), afecta a todos los oasis que producen los alimentos consumidos por las y los mendocinos.
La variación comparativa de la emisión del impuesto inmobiliario del presente año, comparado con 2022, representa un tarifazo rural del 416%, como resultado de la actualización arbitraria de valores de terrenos, construcciones, cultivos y almacenamientos.
Pero esto no es lo más grave, el peso de la mayor carga tributaria se impuso sobre los contribuyentes con avalúos más bajos, tal como lo demuestra la siguiente tabla elaborada por este diario, a partir de una completa base de datos de impuestos provinciales aportada a EL OTRO por fuentes calificadas del Ministerio de Hacienda y Finanzas.
Como se observa claramente, en tanto que los contribuyentes menores recibieron boletas con aumentos del 900 a 1.200%, el tarifazo sobre los propietarios más ricos no supera el 270%.
Con algunas variaciones puntuales, se corroboró que la impronta regresiva se reitera en los diferentes oasis productivos y departamentos, excepto Malargüe, donde extrañamente los aumentos de inmobiliario en las propiedades con avalúos más altos superan el 3.800%.
Errores planificados
“Ante la errónea y malintencionada información que circula sobre el Consenso Fiscal, quiero dejar en claro, categóricamente, que en Mendoza no se van a aumentar impuestos y tampoco se crearán nuevos”, tuiteó Rodolfo Suarez en diciembre de 2021. Un año más tarde, la información tributaria reflejada en la emisión masiva de las boletas del impuesto inmobiliario desmiente categóricamente al gobernador, y contradice el compromiso mediático-electoral del radicalismo de no subir los impuestos.
De hecho, senadores provinciales opositores y oficialistas aprobaron -el pasado 31 de enero- la resolución 746/2023, para que ATM informe sobre las modificaciones catastrales que provocaron los aumentos masivos en el inmobiliario rural.
El pedido de informes fue promovido por el legislador lavallino Gerardo Vaquer, quien denunció que la Dirección General de Catastro contrató, en octubre del año pasado, un servicio de consultoría que “le cuesta a los mendocinos más de 730.000 dólares”, para producir una nueva base de datos, en la que –según afirmó el senador justicialista- “encontramos gravísimos errores que afectan directamente a todos los contribuyentes de zonas agrarias”.
A más de un mes de que la Legislatura le reclamara a ATM estas explicaciones institucionales, y mientras los contribuyentes están obligados a pagar el tarifazo, el Gobierno de Mendoza todavía se niega a contestar qué tecnología utilizó para los relevamientos del Catastro Rural, cuáles fueron los criterios para la carga de datos y el reemplazo de información catastral, y qué trabajo de campo se realizó para dar por ciertos los datos relevados y posteriormente cargados.
Antecedentes de un modus operandi
En septiembre del año pasado una investigación de EL OTRO reveló que el gobierno de Alfredo Cornejo gastó más de 13 millones de pesos, fondeados por el Banco Interamericano de Desarrollo, para implementar un Sistema de Información Territorial de ATM que nunca funcionó correctamente; y cómo gracias a errores de sistema provocados por ese software, más de cien propietarios del barrio privado Dalvian no fueron obligados a pagar impuesto inmobiliario por más de 11 millones de pesos.
En noviembre de 2022, este diario también dio cuenta de un agujero negro de más de 25 mil millones de pesos de morosos incobrables de ATM, debido a demoras y falta de control en millonarios procesos judiciales, los que fueron acreditados por el Tribunal de Cuentas.
Hoy, ante la continuidad de negocios turbios y el manotazo al bolsillo de las y los productores, la gestión Suarez sigue amparando su silencio e hipocresía con un blindaje mediático multimillonario que pagarán los mismos contribuyentes castigados por el nuevo tarifazo.
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