El Ministerio Público Fiscal acusa a los curas Nicola Corradi y Horacio Corbacho y al exempleado Armando Gómez de cometer aberrantes delitos contra niños, niñas y adolescentes. Desde el Colectivo por la restitución de derechos de los sobrevivientes del Próvolo repudiaron a la Iglesia Católica por el entorpecimiento de la investigación y exigieron a la Justicia condenas ejemplares y que no revictimice a quienes ya padecieron abusos sexuales en el instituto educativo de Luján de Cuyo.
Fotos: Seba Heras
El trascendente juicio que comenzó este lunes se encuentra caratulado como “Abuso sexual gravemente ultrajante, acceso carnal, agravado por ser el autor encargado de la guarda por ser ministro de culto, por ser cometido por dos o más personas y contra un menor de dieciocho años de edad aprovechando la situación de convivencia preexistente con el mismo”. El cura Corradi está imputado en 16 hechos, y tanto el sacerdote Corbacho como el administrativo Gómez se encuentran implicados en 6 casos cada uno.
Mientras en el interior de la sede del Poder Judicial provincial comenzaba la primera audiencia de la causa, en las escalinatas de tribunales se congregaron familiares, amigos y organizaciones para acompañar y apoyar a quienes padecieron los brutales crímenes que se perpetraron en el instituto educativo para hipoacúsicos y sordos dependiente de la Iglesia Católica.
En diálogo con El OTRO, Mariana Díaz, madre de tres exalumnos, exigió el fin de la impunidad para los curas, maestros, celadores y secretarios implicados en abusos sexuales, y apuntó directamente a la Iglesia Católica como la principal responsable de lo sucedido durante años en el Próvolo: “La Iglesia no puede tapar esto, no puede, y no debe taparlo”.
Por su parte, Paola González, madre de una sobreviviente, destacó, con sentimientos encontrados, la trascendencia de este juicio histórico. “Para los familiares, los sobrevivientes, las organizaciones, la sociedad en sí, hoy es un día de triunfo”, dijo la familiar y subrayó que sea la Justicia ordinaria de Mendoza la que juzgue a personas “que por décadas, en distintos países y distintos lugares de nuestro país, hayan hecho tanto daño, con tanta impunidad”.
De acuerdo con un documento distribuido a la prensa por el Colectivo por la restitución de derechos de los sobrevivientes del Próvolo de Mendoza, este primer juicio se produce luego de transcurrida una década de la primera denuncia realizada, la que fue negada por las autoridades del Insitituto y olvidada por la Justicia. “Los silencios y ocultamientos institucionales, la complicidad de los que allí trabajaban, la falta de control por parte de la Dirección General de Escuelas, permitieron que estos terribles hechos siguieran sucediendo”, denunciaron.
Desde el Colectivo destacaron además el contexto internacional de los gravísimos delitos en el seno de instituciones eclesiásticas y señalaron el caso del sacerdote Corradi como paradigma de encubrimiento: “Nicola Corradi no es un hecho aislado. Comenzó en el Instituto Próvolo de Verona, Italia, donde abusó sexualmente a niños y niñas. Encubierto por la iglesia católica fue trasladado, junto con otros curas abusadores a Buenos Aires al Instituto Próvolo de La Plata y luego a Mendoza, donde volvió a cometer los mismos crímenes. A pesar de las denuncias realizadas en Italia, el poder judicial de aquel país ha declarado la prescripción de estos abominables crímenes cometidos contra niños, niñas y adolescentes sordxs”.
Los familiares recordaron que hace un año Jorge Bordón se declaró culpable de los 11 hechos que se le imputaban y de esta manera obtuvo un juicio abreviado que culminó en una condena de 10 años de prisión. Por otra parte, otro de los acusados fue declarado inimputable y la monja Kumiko Kosaka, quien aún recibe apoyo económico de la Iglesia para su defensa, continúa procesada.
Desde el Colectivo cuestionaron a los enviados del Vaticano, Dante Simón y Alberto Bochatey, por negar documentos provenientes de la investigación interna que hubiesen contribuido al esclarecimiento de los hechos. Esto “constituyen la clara muestra de ocultamiento, encubrimiento y burla hacia el sistema judicial y toda la sociedad en general, como así también el continuo atropello de los derechos humanos de las personas con discapacidad por parte de la Iglesia católica con sus cómplices civiles como lo es el abogado defensor Carlos Varela”, manifestaron.
En igual sentido crítico la organización repudió la compra del inmueble del Próvolo por parte de la Municipalidad de Luján de Cuyo, conducida por el intendente Omar De Marchi, y denunció que “se han realizado transformaciones edilicias poniendo en riesgo las verificaciones futuras de posibles nuevas denuncias”.
Érica, hermana de una sobreviviente y denunciante, abogó por una resolución justa de la causa: “Esta es una instancia que es una victoria en sí misma, pero bregamos que prospere con la garantía de todos los derechos, no solo para las personas con discapacidad, sino también que sea una instancia que nos permita llegar a condenas firmes y trasvasar las barreras de la individualidad de aquellos y aquellas valientes, que por supuesto son querellantes en la causa, pero que también nos dejan la reflexión de generar una sociedad más justa e igualitaria”.
En la misma línea se pronunció, ante la consulta de este diario, Julia Morcos, integrante del Colectivo por la restitución de derechos de los sobrevivientes del Próvolo: “Esperamos una condena ejemplar, ya que las aberraciones que se denuncian y la magnitud de los hechos son escalofriantes, pero también esperamos que las y los sobrevivientes no sean revictimizados con nuevas testimoniales innecesarias”.
“Como Colectivo le pedimos al gobierno que esté a la altura de las circunstancias y las necesidades de las distintas familias que han sido víctimas. Esto tiene que ver con la posibilidad de poder abordar las necesidades económicas y psicológicas que tienen cada uno de los sobrevivientes y sus familias. A la sociedad mendocina también le pedimos que le ponga el cuerpo a esta lucha, necesitamos apoyo, solidaridad y salir a la calle para exigir verdad, justicia y restitución de derechos, y a decirle al mundo que en Mendoza decimos nunca más a los abusos sexuales eclesiásticos, nunca más a los abusos sexuales de niños, niñas y adolescentes, nunca más a los abusos sexuales de personas con discapacidad”, cerró Morcos.
