La ONU le exigió al Vaticano que, en un plazo de 60 días, brinde explicaciones por los casos de abuso sexual eclesiástico. En febrero del año pasado, representantes del Colectivo por la restitución de derechos a sobrevivientes del Instituto Próvolo Mendoza, junto a los abogados de Xumek Lucas Lecour y Sergio Salinas y miembros de la organización internacional ECA, viajaron a Ginebra, Suiza, a presentar en persona una denuncia contra la Santa Sede ante la Organización de las Naciones Unidas. En diálogo con EL OTRO, Érica Labeguerie, integrante de este colectivo, destacó esta noticia, ya que marca un precedente a nivel internacional en la búsqueda de justicia para otres sobrevivientes, y exigió al Poder Judicial de nuestra provincia que se muestre a la altura de estas instancias. Mientras tanto los niños, niñas y adolescentes esperan que se materialice la reparación integral, tal como ordena una sentencia ya ratificada por la Corte desde hace más de un año.

Por Milagritos Contreras | Fotos de archivo: Seba Heras

La presentación contra el Estado Vaticano fue elevada en 2020 ante la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Específicamente, las organizaciones denunciantes fueron recibidos por el relator especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición; el relator especial sobre los derechos de las personas con discapacidad; el relator especial sobre la venta y explotación sexual de niños, incluida la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía y otros contenidos que describan abusos sexuales de niños; y el relator especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

Un año después, la ONU publicó un informe sin precedentes dando un plazo de 60 días a la Santa Sede para que dé explicaciones, proporcione informes detallados e incluso modifique su normativa a fin de investigar con transparencia los abusos sexuales que ocurren al interior de las Iglesia Católica.

Érica Labeguerie, del Colectivo por la restitución de derechos a sobrevivientes del Instituto Próvolo Mendoza, expresó a EL OTRO su alegría ante esta noticia que marca un nuevo camino hacia la búsqueda de justicia para les sobrevivientes por abuso sexual eclesiástico: “Esta noticia marca un antecedente muy importante en el plano internacional para la búsqueda de justicia de muchas otras causas a lo largo de todo el mundo, ya que aguardan de la colaboración institucional para poder verdaderamente contar con esa información. Es decir que el Estado del Vaticano pueda brindar los informes de sus investigaciones internas”.

“Hemos viajado hasta allá (por Suiza) para que se dé la nómina de sacerdotes y así podremos acceder a las fotos -precisó Labeguerie-. Porque en el caso de la causa Próvolo, la señalización de cada uno de los agresores era diferente en cada uno de los lugares. Contar con esas imágenes era central para las declaraciones de los y las sobrevivientes. Nunca las tuvimos, como tampoco colaboraron cuando enviaron a Dante Simón, Emisario Papal, que lo único que hizo fue obstaculizar los procesos judiciales que se venían llevando a cabo en Mendoza”

En la denuncia se detalla el accionar de la Iglesia Católica en el caso Próvolo de Mendoza, principalmente aquellas medidas vinculadas a proteger a los abusadores, encubrir los delitos, obstaculizar las investigaciones penales y evadir las reparaciones debidas a las víctimas, perjudicando así los procedimientos de búsqueda de justicia.

Obviamente hay que revalorizar a cada une de les sobrevivientes que pudo poner su historia a disposición, su dolor y su compromiso para que esto no vuelva a suceder nunca más en ninguna parte del mundo, resalta Labeguerie.

A partir de ahora, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas podrá exigir la adopción de medidas que impidan prácticas violatorias de derechos por parte de las autoridades religiosas en todos los países del mundo.

 

Según asegura Érica, viajar hasta Ginebra fue muy significativo: “Creo que los hace enormes (por les sobrevivientes del Próvolo Mendoza). Obviamente acompañades por la parte jurídica de la organización Xumek y por todas las organizaciones que conforman el Colectivo, que permiten que el día a día en nuestras familias sea más llevadero. Porque en verdad han sido tiempos muy dolorosos y los seguimos viviendo con las dilaciones judiciales en esta segunda instancia”.

“Es un faro de esperanza esta resolución. Si bien la Organización de las Naciones Unidas no tiene los atributos para inmiscuirse judicialmente en los países, pero sí emplazando y generando recomendaciones sienta precedentes históricos. Esperamos que la Justicia local esté a la altura también de estas instancias. Así que aguardamos con esperanza. Y como siempre decimos: ‘seguiremos en las calles’, ‘con nuestras manos, con nuestras voces rompimos el silencio, exigimos justicia’. Y abrazamos a la causa Próvolo La Plata para que no prescriban los hechos de abuso sexual en Argentina ni en ninguna parte del mundo”, concluyó Labeguerie.

La sentencia que condenó a los curas Corradi y Corbacho ordenaba medidas de reparación integral a las y los sobrevivientes. En procesos judiciales normales, estas acciones demoran aproximadamente seis meses en hacerse efectivas. En el caso Próvolo, les sobrevivientes llevan más de un año esperando por ellas.

Estas medidas buscan que se brinde opciones educativas o de capacitación formal a les sobrevivientes según sus capacidades, necesidades y proyecto de vida, se dé tratamiento psicológico y/o psiquiátrico, se garantice el acceso a becas, subsidios o programas de ayuda y se busquen soluciones a la problemática habitacional de ellos, ellas y sus familias.

 

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