El próximo lunes, los jueces Luis Correa Llano, Ramiro Salinas y Alejandro Miguel resolverán el futuro judicial de Nélida Rojas, acusada por la fiscal Gabriela Chaves de ser la jefa de una asociación ilícita. Entrevista con Alfredo Guevara, uno de los defensores de los cuarenta y cinco imputados de la organización barrial Túpac Amaru.

Fotos: Coco Yañez

En diálogo con EL OTRO, Alfredo Guevara explicó los fundamentos jurídicos de la apelación que deberá resolver la 8ª Cámara del Crimen, y que podría derivar en la libertad inmediata de la líder de la Túpac, Amaru Nélida Rojas, quien actualmente se encuentra con prisión domiciliaria.

“El próximo lunes se conocerá la resolución del recurso de apelación interpuesto por la defensa, en el capítulo mendocino de la persecución nacional a la organización Túpac Amaru”, afirmó el abogado especialista en derecho penal y subrayó con énfasis el carácter “político” de la avanzada contra los militantes de la organización barrial mendocina.

Con la exposición de la propia Rojas ante el tribunal el pasado miércoles, se cumplió la fase de audiencias, en las que se escucharon a las partes, previo a la decisión que tomarán los magistrados, quienes deberán resolver si corresponde anular el proceso judicial y, consecuentemente, sobreseer a los cuarenta y cinco imputados, ocho de los cuales están privados de su libertad.

Para Guevara, hay fundamentos jurídicos sólidos que respaldan la solicitud de nulidad. El abogado sostiene que hay ausencia de motivación en la resolución apelada que la descalifica como acto procesal válido, y que se han vulnerado el derecho de defensa y diversas garantías de rango constitucional.

“Hay una manifiesta violación del deber de objetividad y de respeto por las leyes, la Constitución y los derechos humanos en que incurrió la acusación para privar en forma arbitraria de la libertad a nuestros defendidos” sostuvo el letrado y puntualizó, con criterio técnico, en la falta de “tipicidad” de todas y cada una de las acusaciones de estafa, extorsión y coacciones. Dicho en otras palabras, para Guevara esas “son figuras penales utilizadas para criminalizar las prácticas de una organización social en violación del principio de legalidad”.

Según el equipo de la defensa, integrado por Guevara y los abogados Carlos Varela Álvarez, Octavio de Casas y Carlos Blanco, quedó demostrado en las audiencias que los mismos que denunciaron extorsiones admitieron ante la Cámara, bajo juramento, “que se afiliaron voluntariamente y conocían desde el principio todas las características de la Túpac, habiendo participado en asambleas y firmado las actas respectivas”.

Además, desestimó que el cobro de cuotas sociales pudiese ser considerado un delito, tal como sostienen la Fiscalía y la querella. “Una cuota social, una copa de leche o la participación en tareas comunitarias o en manifestaciones públicas no pueden ser consideradas actividades criminales”, planteó el abogado para graficar las conductas de organización comunitaria a las que se les pretende aplicar el código penal.

“Arbitrariedad” es una de las palabras que suele repetir quien, además de defender a Nélida Rojas, representa jurídicamente a los miembros de Túpac. Para Guevara uno de los ejemplos más patentes de esa falta de ecuanimidad es el hecho de que la propia fiscal Gabriela Chaves haya considerado a una de las denunciantes como víctima de un delito que requiere residencia habitual en un lugar, cuando justamente la misma funcionaria acreditó, en un expediente anterior, que esa mujer “se encontraba usurpando una obra en construcción, con el fin de garantizar la detención arbitraria”.

Los cambios de imputaciones en forma sorpresiva, los testimonios plagados de preguntas sugestivas, la utilización de falsos testigos, las amenazas a los testigos de la defensa, el desconocimiento de la prueba secuestrada, son otros de los aspectos que, a criterio de Guevara, demuestran serias irregularidades en la investigación.

El abogado de los acusados cuestionó la utilización de la figura de “asociación ilícita” con el fin de proscribir a una organización social y ampliar indefinidamente la persecución, seleccionando a delegados o presidentes de cooperativas bajo la condición de que declararan contra Nélida Rojas. Asimismo, destacó el absurdo de la fiscal quien, con la intención de “crear” la acusación, incluyó en la comisión de este delito a personas que habrían tenido diez años al momento de apoderarse de fondos de vivienda, “sin que hasta la fecha haya una sola imputación a un solo miembro de la Túpac Amaru por delito alguno vinculado a esos fondos”.

En esas acusaciones es patente la persecución “producto de los peores prejuicios de clase, raza y género ejercidas contra un grupo opositor, construido como un enemigo a quien se le niegan todos los derechos”, sostuvo Guevara y transmitió la convicción de que, si se apartan esos preconceptos y las presiones políticas sobre la causa, no quedará otra opción jurídica más que anular las imputaciones, sobreseer a los acusados, y ordenar la inmediata libertad de quienes están en la cárcel o con prisión domiciliaria.

Indudablemente, es de gran trascendencia lo que pase la próxima semana. El lunes se decidirá el futuro de una causa en un tribunal mendocino, pero las repercusiones judiciales y políticas influirán, sin lugar a dudas, en el escenario nacional y particularmente en Jujuy, donde Milagro Sala sigue bajo prisión domiciliaria.

 


Palabras de Nélida Rojas en la audiencia del 30 de agosto