Cambió Mendoza. En menos de un año, el Gobierno de Capital recortó 20% del presupuesto de sueldos. Ulpiano Suarez impuso su receta neoliberal aumentando 12% la masa salarial de Intendencia, al mismo tiempo que bajó 34% en áreas esenciales como Salud, Educación, Inclusión, Desarrollo Humano y Deportes. En la ciudad más rica del oeste argentino, donde las tasas de inflación superan la media nacional, la debacle socioeconómica la siguen pagando las y los trabajadores, quienes padecen sistemáticas pérdidas de poder adquisitivo y creciente precarización en condiciones de trabajo cada vez más flexibles. Tras no cubrir 457 cargos vacantes de planta permanente, y designar a dedo a más de 200 personas con “contratos basura”, el intendente Suarez consiguió en tiempo récord que 6 de cada 10 estatales capitalinos ya se encuentren en situación de informalidad laboral. Más datos duros que evidencian la profunda crisis de representación sindical de ATE y SOEM.
Investigación especial de EL OTRO
Cortado con la misma tijera
En diciembre de 2019, la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza invirtió $ 151.942.588 en 2.927 puestos de trabajo, que fueron distribuidos en las diferentes dependencias de la estructura organizativa de la Capital. Los datos constan en el informe oficial de “Evolución de Planta de Personal Permanente y Temporario más Locaciones”, al que tuvo acceso EL OTRO.
En noviembre de 2020, la Dirección de Finanzas dio a conocer una reducción de 31 cargos de planta y 4 ampliaciones de contratos de locación de servicios, lo que significó una masa salarial erogada de 121 millones de pesos, aproximadamente. Es decir que, en menos de un año, el municipio gobernado por Ulpiano Suarez recortó más de 30 millones de pesos, lo que representa 20% menos en el presupuesto de remuneraciones.
En medio de la pandemia, el ajuste fue mayor en áreas muy sensibles para la comunidad, como la Secretaría de Gobierno, bajo cuya dependencia se encuentran Salud, Educación, Inclusión, Desarrollo Humano y Deportes (-34%) y Cultura y Turismo (-24%). Del tijeretazo no se salvó ni Seguridad Ciudadana (-14%), en tanto que fueron beneficiados los sueldos de Intendencia, con 1,8 millones de pesos (+12%) destinados a 53 cargos nuevos en el círculo más cercano de Suarez.
El sobrino y sucesor del actual gobernador de Mendoza puso el pie en el acelerador de sus políticas neoliberales, cargando el peso achicado al Estado sobre las espaldas de las y los trabajadores y, en definitiva, de las familias de Capital que padecen restricciones de servicios básicos que su gobierno debe garantizar con inversión pública. Un combo absurdo de reducción de derechos y aumento de exclusión social, en el contexto de una crisis sanitaria sin precedentes.
Dedazos, acomodos, basuras y ajustes
El modelo de precarización y flexibilización de Ciudad Suarez limó todavía más a la castigada planta permanente de municipales, en favor de la generación de contratos basura, los que son cubiertos bajo criterios partidarios, sin obligación de llamar a los concursos de ingreso que el oficialismo prometió y nunca cumplió.
Tal como ya dimos a conocer en este diario, en enero de 2019 la Capital tenía 2.886 empleados públicos, repartidos de la siguiente forma: 119 funcionarios, 1.403 trabajadores efectivos y 1.364 contratados. (Ver el listado completo aquí)
En contraste, el último informe publicado en enero de 2021 exhibe un drástico descenso de puestos de trabajo. Se registran 127 funcionarios, 946 efectivos y 1.583 contratados, lo que totaliza 2.656 legajos de personal. (Ver listado completo aquí)
Los datos demuestran con contundencia que, desde que asumió Ulpiano Suarez hasta principios del año actual, el nuevo ungido del partido que gobierna la Capital desde 1983, redujo 457 cargos de planta efectiva e ingresó por la ventana a 219 personas con contratos precarios.
Esta destrucción arbitraria del empleo formal generó que la proporción de municipales con contratos basura creciera de 47% a 59%, en solo dos años. O sea: 6 de cada 10 trabajadores públicos de la Ciudad de Mendoza están bajo una modalidad de contratación civil que no contempla derechos laborales reconocidos por la Constitución Nacional, como seguridad en riesgos de trabajo, estabilidad, pago de vacaciones, aguinaldos, licencias por enfermedad, etc. Para mayor gravedad, estos trabajadores cobran en promedio mucho menos que sus compañeros permanentes y figuran ante los organismos fiscales y previsionales como autónomos, irregularidad que los obliga a facturar “honorarios” y a pagar su jubilación y obra social e impuestos provinciales que se descuentan sobre sus magros ingresos brutos.
Dinastía radical
Está claro que la bandera del ajuste PRO-UCR es la única sinrazón de semejante poda en el presupuesto laboral del municipio que, lejos de la falaz lucha contra el populismo y los ñoquis, no hace más que aumentar la discrecionalidad del intendente para meter y sacar empleados en función de lealtades políticas, amistades y familiares, e intimidar al personal con la amenaza constante de rescindir contratos, sin necesidad de causa legítima ni pago de indemnización laboral. Como si se tratara de un feudo, en lugar de una organización política moderna.
Suarez II aplica la fórmula perfecta para el disciplinamiento que, evidentemente, tan buenos resultados políticos le dio a Suarez I, el exintendente de Ciudad catapultado al sillón del Ejecutivo provincial, quien en la última semana se reservó una banca de senador de la Nación que le calentará Alfredo Cornejo hasta 2023, si salen bien los planes electorales.
El crecimiento vegetativo de la población; la gravísima crisis sanitaria que empeoró aún más las condiciones sociales y económicas heredadas de la gestión Cornejo; sumado al constante ascenso de la inflación, demandan mayor intervención de los Estados provincial y municipales, lo que a su vez requiere incrementos presupuestarios y el aumento del número de servidores públicos o, por lo menos, el sostenimiento de los puestos de trabajo previos a la expansión del covid-19. Exactamente lo opuesto a las recetas del manual neoliberal que, sin obstáculos, aplicó Suarez I y su heredero político.
La organización gremial de los municipales de Ciudad está encabezada por Dugar Chappel, concejal de Cambia Mendoza y militante del PRO. También la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), conducida por el excombativo Roberto Macho, posee representación gremial en este sector. Ambos miran para el costado y, sin disimular, guardan el largo silencio de los cómplices.
