El abogado Alberto Aguinaga y su defendido Carlos Rico.
Se inició ayer la primera audiencia de búsqueda de verdad y justicia sobre gravísimos delitos acontecidos en Mendoza, durante la última dictadura cívico-militar. 28 imputados en el banquillo, entre ellos Carlos Rico y Luciano Benjamín Menéndez.
Fotos: Coco Yañez
Arrancó este jueves, en la sede de la Justicia Federal de la Ciudad de Mendoza, la última etapa del proceso que implica 12 causas por crímenes de lesa humanidad y contempla a 86 víctimas directas del Terrorismo de Estado.
De acuerdo a lo informado por el blog especializado Juicios Mendoza, el tribunal -integrado por los jueces Alejandro Piña, Gretel Diamante y Daniel Cisneros-, deberá esclarecer los asesinatos de Susana Bermejillo, Mario Susso, Amadeo Sánchez Andía, Víctor Romano Rivamar y Miguel Ángel Gil y las desapariciones forzadas de Daniel Moyano, Juan Ramón Fernández, Osvaldo Zuin, María del Carmen y Carlos Marín y Mauricio López, entre otros delitos.
En el banquillo
Mediante este juicio oral y público los/las mendocinos/as podremos conocer aún más el rol que cumplieron las Fuerzas Armadas y de seguridad en la provincia, durante la aplicación del plan sistemático de exterminio que se desplegó desde 1975 hasta la vuelta de la democracia en nuestro país.
Carlos Rico, quien en democracia fuera Subsecretario de Seguridad del gobierno de Celso Jaque, está actualmente detenido por su presunta participación -durante la última dictadura- en el asesinato del militante sindical Miguel Ángel Gil, entre otros crímenes.
Luciano Benjamín Menéndez -ausente en la audiencia- y Carlos Rico, son quizá los acusados con mayor trascendencia pública, pero también serán juzgados -por primera vez- Carlos Ledesma, Roberto Montes y Walter Eichhorn (Ejército); Juan Carlos Santamaría, Luis Cunietti y Armando Carelli (Fuerza Aérea); Marcelo León y José Luis Mirotta (Policía Federal); y Carlos Faustino Álvarez, Carlos Luciani, Miguel Ángel Salinas, Domingo Scacchi y Roberto Usinger (Policía de Mendoza). Los otros 13 acusados ya han sido procesados o condenados en juicios anteriores.
Una audiencia con algunos exaltados
La primera audiencia, a la que concurrieron representantes de organismos defensores de los derechos humanos, familiares de las víctimas del genocidio y también parientes y allegados a los acusados, se desarrolló sin dificultades.
Sin embargo, la normalidad de esta etapa procesal se vio afectada al finalizar esta primera jornada, por algunos incidentes, sin mayores consecuencias. Como viene ocurriendo en otras instancias judiciales en distintos puntos del país, familiares y personas cercanas a los ex represores alzaron la voz y realizaron expresiones agraviantes hacia las víctimas y jueces, para tratar de deslegitimar el proceso de memoria, verdad y justicia en curso.
