Vemos con gran preocupación la situación que atraviesa Mendoza en donde el sistema de salud pública se ve colapsado, filas de personal agotado, acceso cada vez más lejano para los sectores históricamente postergados. Los últimos informes oficiales del Gobierno en relación a contagios, muertes por covid-19 y cantidad de camas disponibles son alarmantes. Sin embargo la indiferencia y soberbia de quienes nos gobiernan prima sobre la toma de decisiones en búsqueda del bien común.

Comunicado de la Liga por los Derechos Humanos | Mendoza

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Gremios de la salud y de la educación han manifestado públicamente la importancia de que quienes conducen la gestión estatal asuman en nuestra provincia medidas serias ante la pandemia en hospitales y escuelas. Movimientos sociales insisten, ante la profundización de la pobreza, con la necesidad de medidas de carácter de urgencia respecto a la seguridad alimentaria y la violencia de género. Organismos de derechos humanos venimos exigiendo un Estado presente en política sanitaria, abandonando aquellas punitivas que viene caracterizando la gestión, que no ha hecho más que castigar a la juventud y a la protesta mediante la violencia policial y judicial.

Hay una constante en la cotidianeidad de miles de madres, padres y adultos responsables de la crianza de niñxs: el miedo, la angustia y la incertidumbre ante una enfermedad que no tiene cura, solo paliativos.  Familias numerosas con integrantes que componen grupos de riesgo que se ven imposibilitados económicamente de acceder a una consulta médica o a un turno en un centro de salud  que certifique la excepcionalidad a la presencialidad educativa. La presencialidad escolar obligatoria se presenta como un factor que complejiza aún más el escenario de crisis.

Foto: Coco Yañez

La salud entendida como derecho fundamental, integral y comunitaria no puede reducirse a la mera ausencia de enfermedad, implica mucho más: bienestar emocional y social.  Bajo esta perspectiva la presencialidad educativa pone en juego la salud y la vida de miles de trabajadores de la educación y de sus familias, de niñxs y sus redes de contención, una medida absurda cuando durante un año no fueron preparadas las instalaciones y protocolos de prevención y cuidados, sino todo lo contrario, mayor exposición al contagio de covid como también a otras enfermedades propias de estación invernal.

De un Gobierno que gobierna para unos pocos, administra la pobreza y gestiona una provincia como una agencia empresarial no podemos esperar demasiado, pero es menester hacer público que el dolor es colectivo y que el silencio de la dirigencia es político. Que todos los días amanecemos con un docente enfermo o muerto por coronavirus, en espera de una cama de internación o yendo a trabajar bajo el miedo de quedar sin el único ingreso que le permite comer a diario a su familia.

Foto: Coco Yañez

La salud no está protegida ni cubierta con discursos irresponsables indicando que las escuelas no son lugar de contagio, como si un virus de transmisión por gotículas de salivas y espacios compartidos se detuviera en el transporte hacia los centros de estudio, o como si los niños, niñas y adolescentes no se comunicaran, no necesitaran docentes, no docentes y personal directivo en los establecimientos para recibir la educación obligatoria.

Las secuelas imprevisibles de una enfermedad que hasta hace dos años no estaba en ningún libro de medicina, claramente no habilita a ningún médico a señalar ausencia de riesgos futuros en quienes presentan el cuadro clínico. No se trata de hablar sin saber para dar satisfacción a una disputa política de baja estofa, sino concretamente garantizar la salud de la población.

Foto: Coco Yañez

Arriesgar a la población a enfermedades estacionales que pueden complicar los cuadros de covid-19, al punto de desencadenar desenlaces fatales, es de una irresponsabilidad y falta de empatía que debiera indagarse criminalmente; naturalmente, si tuviéramos instituciones que reflejen intereses comunitarios y no partidarios.

Con hambre, con frío y con miedo no se puede aprender, sin acceso a la conectividad tampoco. Y en este escenario el control social y criminalización mediante intervención de organismos estatales sobre las maternidades y las infancias potencian aquella angustia y fragmentación social, que en definitiva es selectiva, ya que recae sobre las poblaciones más pobres.

Foto: Seba Heras

La desigualdad nos acecha, se materializa en el aumento del índice de pobreza, de precarización laboral en donde la salida le esquiva a medidas económicas más equitativas de corte redistributivo de las riquezas y se reducen a generar dispositivos para denunciar a vecinos y vecinas que incumplen con un horario establecido para circular, se terceriza la vigilancia debilitando lazos de solidaridad, buscando cómplices y avales para castigar.

No todos los cuerpos le son interesantes al Estado mendocino, los muertos los está poniendo la clase trabajadora, los excluidos, las mujeres, las infancias. Venimos a denunciar que el acto deshumanizante del gobierno de Mendoza va más allá de violar normativas jurídicas, se trata de un plan desde la indolencia y la irresponsabilidad política de abandono.

Foto de archivo: Coco Yañez

Exigimos al Gobierno Provincial que renuncie a los discursos en el nombre del derecho de los niños y niñas, en nombre de la salud mental y de la educación, cuando éstos jamás fueron ejes de su agenda política, que a las claras desconocen las realidades de los barrios populares, establecimientos educativos y lo que implica viajar en transporte público o acceder a un efector de salud.  Que renuncie a discursos que minimizan, romantizan e invisibiliizan la pobreza y propone “abrigarse más”, que renuncie a discursos que aparentan preocupación o priorización la economía en términos de “apertura”, cuando se le ha dado la espalda a lxs trabajadorxs formales y se ha perseguido y castigado a los precarizadxs y desempleadxs.

Por último, nos resulta vergonzante que la dirigencia política desde sus despachos calefaccionados y adecuadamente ventilados, desde las bibliotecas de sus casas en barrios privados, con barbijos antibacteriales, mediante reuniones virtuales decidan sobre el destino, la salud y la vida del pueblo, pues no es más que un acto de burla, de autoritarismo y obscenidad para quienes deben decidir entre morir en una sala de espera o trabajar y estudiar en condiciones que conducen al contagio.

 

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