Comenzó el ciclo lectivo 2018 en Mendoza. Sin normalidad alguna: al paro de trabajadores y trabajadoras de la educación –de dispar y relativo bajo acatamiento- se sumaron decenas de inconvenientes edilicios que retrotrajeron el debate sobre la desatención gubernamental a la infraestructura educativa.
Contate un chiste, Jaimito
“Hoy la educación mendocina está funcionando”, fue la frase del director general de escuelas que la prensa oficial seleccionó para ilustrar el acto de inicio del Ciclo lectivo 2018, realizado el lunes en la escuela Laureana Ferrari de Olazábal de Luján de Cuyo.
Como si se tratase de un boicot planificado por el kirchnerismo mapuche financiado por los kurdos, tamaña aseveración de Correas lo dejó en ridículo a las pocas horas –sin contemplar en el ridículo su bailecito.
Es que la escuela Ferrari de Olazábal, que cobijó entusiasta el acto oficial, debió suspender las actividades por la tarde y a la mañana siguiente por falta de agua. Se supo después que las carencias alcanzan también al teléfono y la conexión de internet.
La tragicómica situación reestableció las incongruencias planteadas en medio de la negociación paritaria con las y los docentes, quienes exigían “más para educación”.
Ayer se publicó en el boletín oficial el decreto con el que Cornejo decidió, por tercer año consecutivo, eliminar la instancia paritaria con las y los trabajadores que educan a las nuevas generaciones. Esa definición no hace otra cosa que alimentar la bronca, a la par de la pauperización adquisitiva.
A pesar de un bajo y dispar acatamiento al paro de lunes y martes, es palpable que ha comenzado otra etapa de conflictividad con las y los docentes. Poco a poco el ítem aula va perdiendo su poder disciplinador. Aunque también hay que decir que el amesetamiento salarial acorrala al antipático premio/castigo, cada vez más irrelevante en términos de dinero.
De todas maneras, el desenlace salarial –que seguramente encontrará un persistente carril de reclamo- no alivia las tensiones referidas a la penosa infraestructura de algunos establecimientos educativos de Mendoza. Ámbito en el que la consigna del SUTE cobra razón de ser y legitimidad.
Educación en los escombros
Más allá del infortunio de Correas y la comunidad educativa de la escuela lujanina, el inicio de clases fue la oportunidad para conocer la realidad de los edificios escolares de Mendoza.
Una agrupación del SUTE de Guaymallén –Azul Naranja- denunció que el comienzo de clases llegó “una vez más, con establecimientos habilitados a medias, obras sin terminar, instalaciones precarias y reparaciones mal hechas”. Observando que “en el mes de enero se comenzó con la reparación de nueve edificios escolares y 12 escuelas, ya que algunas comparten las instalaciones con otro nivel. Se logró optimizar las obras en tres de ellos”.
Del relevamiento realizado por este grupo de docentes, se desprende, por ejemplo que “en la escuela 1-471 Tito Laciar -que comparte edificio con la N° 3-489 sin nombre- se inició una obra de reemplazo total de techo. Actualmente tiene colocadas las chapas, pero no el sistema de impermeabilización ni el cielorraso. La circulación en la galería se halla resentida, ya que el 50% del espacio está ocupado por sillas, bancos, armarios, ventiladores, entre otros elementos de los cursos y salones que está en reparación. Ello impide la libre circulación de alumnos y personal. El patio está vallado, porque permanecen allí los escombros de la obra”.
También denuncian graves problemas en las escuelas 1-482 Thomas Edison, la 4-049 Maestro Alberto Rodríguez y 1-021 Dr. Dalmasio Vélez Sarsfield -que comparten edificio-; 1-556 Miguel Ángel Ramponi; escuela 1-533 Próceres de la Independencia y 3-092 Juan Daniel Martí –que también comparten su edificio.
Los datos aportados desde Guaymallén, y algunos cuestionamientos internos, repercutieron en la conducción del SUTE y redundaron en más información de escuelas con problemas edilicios.
Bajo el título “Una política antieducativa: escuelas que se caen a pedazos”, el sindicato planteó que “las cifras altísimas destinadas a infraestructura que figuran en el presupuesto provincial son falsas: esos montos son subjecutados. En 2016, de $201 millones presupuestados, se utilizó el 44% (81 millones). En 2017, de $441 millones, apenas el 62% (272 millones)”.
Y sumó a la lista más escuelas con problemas: 1-165 Neuquén y 1-298 José Hernández de San Martín; la 2-007 Dr. Emilio Coni, 1-580 Dr. Carlos Padín y 1-116 Tomás Godoy Cruz, de Godoy Cruz y el CENS 3-466 de Carrodilla, Luján de Cuyo.
A los relevamientos realizados por trabajadores y trabajadoras de la educación, se sumaron varios reclamos por fallas en infraestructura. El caso con más repercusión en las redes sociales fue el de la escuela 1-385 Guillermo Cano de Guaymallén, denunciado por un grupo de padres que fueron a chequear el estado de la obra y se encontraron con un desastre solo disimulado por la voluntad y el trabajo de docentes y padres.
Los reclamos se extendieron en la comunidad de las escuelas 1-029 Procesa Sarmiento de Coquimbito, Maipú y la 1-024 Manuel Videla de Rodeo de la Cruz, Guaymallén.
Durante el acto (fallido) de inicio escolar, el danzarín Jaime afirmó que “que en la gestión actual la educación importa y vamos a seguir trabajando en infraestructura educativa. Hoy la educación mendocina está funcionando”.
La realidad no expresa lo mismo.
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