A medida que se profundiza esta investigación especial de EL OTRO, los cabos sueltos comienzan a atarse. Al escándalo de la multimillonaria pauta de la gestión Cornejo, se suma ahora documentación oficial que demuestra de dónde salieron las partidas presupuestarias destinadas al blindaje mediático de la alianza pro-radical. Durante 2018, el entonces gobernador de Mendoza firmó tres decretos, por un total de 743 millones de pesos, para “adecuar las partidas de publicidad oficial a las necesidades de ejecución”. En 2019, con la misma práctica autoritaria, incrementó en 573 millones de pesos su impresionante caja política, desviando fondos de servicios públicos esenciales, como salud, educación, cultura y seguridad. La exministra de Hacienda cornejista, Paula Allasino, actual titular vitalicia de la Contaduría General de la Provincia, y responsable de rendir cuentas sobre los gastos de publicidad y propaganda, incumple sistemáticamente sus obligaciones, aunque todavía no recibe las multas establecidas por una ley promulgada por su propio jefe político.
INFORME ESPECIAL | SEGUNDA PARTE
La primera parte de la investigación especial publicada por EL OTRO este domingo demostró que el gobierno de Alfredo Cornejo gastó, durante la segunda mitad de su gestión, más de 1500 millones de pesos en concepto de “publicidad y propaganda”. Priorizando a un puñado de empresas hegemónicas de comunicación y consultoras ignotas, quienes fueron responsables de la construcción de un blindaje mediático para proteger al oficialismo, impidiendo que la población pudiera informarse sobre las consecuencias de las severas políticas neoliberales de Cambiemos.
Tal fue la repercusión provincial y nacional de la noticia, que en las últimas horas este diario recibió cuantiosa documentación de diferentes fuentes que respaldan aún más lo publicado y amplían las posibilidades de esclarecer el turbio manejo de los recursos estatales en los últimos años.
Mientras esta nota se encontraba en desarrollo, un funcionario de segunda línea del gobierno de Rodolfo Suarez entregó al equipo periodístico de nuestro medio, a condición de preservar su identidad, tres decretos de 2018 desconocidos hasta el momento. A través de estas normas Cornejo aumentó en 743 millones de pesos las partidas de publicidad oficial, en desmedro de otras asignaciones presupuestarias:
Decreto 133, del 6 de febrero de 2018: $400 millones (leer aquí)
Decreto 967, del 14 de junio de 2018: $193 millones (leer aquí)
Decreto 1956, del 15 de noviembre de 2018: $150 millones (leer aquí)
Táctica y estrategia
La documentación oficial precedente, que ameritará un análisis pormenorizado en los próximas días, se agrega y articula con los datos aportados por la diputada del Partido Demócrata, Mercedes Llano, insumos fundamentales para una investigación que se ramifica cada vez más.
Los números de la repartija detallados en la primera parte de nuestro informe son verdaderamente indignantes. Pero eso no es todo. Más revulsivos se convierten cuando se verifica el origen presupuestario de fondos multimillonarios que fueron desviados de partidas esenciales de Salud, Educación, Cultura y Seguridad, entre otras carteras de gobierno.
A medida que el equipo periodístico de EL OTRO fue develando los datos contenidos en registros oficiales de la Contaduría General de la Provincia, remitidos muy tardíamente y de forma incompleta a la Legislatura de Mendoza, muchas pistas comenzaron a unirse y, en consecuencia, a cobrar mayor relevancia y ratificación sobre la base de datos duros e incontrastables.
En esta segunda parte de nuestro informe concentramos el análisis en el crucial 2019. En solo ocho meses de aquel año, la administración provincial pagó 687 millones de pesos de pauta. Lo sorprendente, y en las sombras hasta ahora, es cómo se diseñó la arquitectura presupuestaria para que Casa de Gobierno, con el Subsecretario de Comunicación Social, Pablo Sarale, como pieza fundamental de la estrategia, tuviera total libertad para asignar cuantiosos recursos entre operadores aliados.
Lo urgente y lo importante
Como si se tratara de una emergencia acuciante, el 3 de enero de 2019, cuando apenas comenzaba aquel decisivo año electoral, y en simultáneo con el aumento del boleto, Cornejo firmó su sexto decreto en el que fijó, como prioridad de gestión, un incremento de 423 millones de pesos “a fin de atender el gasto por las contrataciones de publicidad”.
Ahora bien, ¿de dónde salieron los dineros públicos para acrecentar con tanta celeridad el financiamiento de los hijos de pauta? Bajo el eufemismo de “adecuación”, el mandatario desvió fondos multimillonarios de Salud y Cultura hacia la caja de pauta. Este recorte en favor de los que más tienen, y en claro detrimento de la población más necesitada, quedó invisibilizado en una serie burocrática de datos técnicos, contenidos en una ejecución presupuestaria incomprensible para la gran mayoría de las ciudadanas/os.
En el expediente 189-D-2019-20108 al que tuvo acceso este diario, consta por ejemplo una disminución presupuestaria de 84 millones de pesos en: “Carácter 1, Jurisdicción 08, Unidad Organizativa 01, Unidad de Gestión S96100, Clasificación Económica 41301”. Codificaciones que, en el lenguaje de la administración pública, significan una baja de ese monto en el Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes, en el rubro de gestión “Garantizar la salud de la población”, en una partida de servicios.
En igual sentido, otro de los ejemplos del mismo expediente es la reducción de 108 millones de pesos en “Carácter 1, Jurisdicción 22, Unidad Organizativa 01, Unidad de Gestión CU6212, Clasificación Económica 41301”. Es decir, que en este caso el organismo que sufrió el recorte es la Secretaría de Cultura, en el rubro de gestión “Promover el desarrollo cultural”, en una partida de servicios.
Igual -mala-suerte les cupo a Educación, que perdió 4 millones de pesos; Seguridad, 45 millones; Secretaría de Ambiente, 7 millones 800 mil pesos; Gobierno, Trabajo y Justicia, 93 millones; Economía, 66 millones; Servicios Públicos, 15 millones; y Hacienda 180 mil pesos.
Todas estas podas, tal como lo dispuso el decreto de Cornejo, le permitieron engordar en 423 millones su caja de pauta discrecional. De hecho, el total de ese monto se asignó al “Financiamiento 999” que, en términos técnicos, significa que el gobernador se auto-permitió gastar sin control de cuota o ritmo de gasto mensual, limitación que sí tenía el “Financiamiento 0” originario de esos fondos.
El 8 de mayo de 2019, más de 200 niños, niñas y adolescentes de una escuela albergue del secano lavallino todavía no comenzaban las clases, por graves problemas edilicios. Mientras las maestras acondicionaban el establecimiento con sus propias manos y esfuerzos, en su sillón de Casa de Gobierno, Cornejo volvió a firmar un decreto (870) para aumentar en 150 millones de pesos las ya cuantiosas asignaciones de pauta. La norma, publicada en el Boletín Oficial un mes más tarde (leer aquí), volvió con el cuento de la prioridad de “adecuar las partidas de publicidad oficial a las necesidades de ejecución” sin control de cuota presupuestaria. Esta vez todo el ajuste recayó en el Ministerio de Hacienda.
En ambos decretos, la firma de la Ministra de Hacienda, Paula Allasino, acompañó a la del gobernador. Meses más tarde, Cornejo impuso a esta profesional de su estrecha confianza, desde los tiempos en que conducía el departamento de Godoy Cruz, en la estratégica Contaduría General de la Provincia, un cargo vitalicio y remunerado con uno de los sueldos más altos del Poder Ejecutivo.
Actualmente, la contadora es la responsable de informar cuatrimestralmente a la Legislatura “el detalle del gasto en el grupo de insumo ‘Publicidad y Propaganda’ por proveedor, Unidad Organizativa, Jurisdicción y Financiamiento, para la Administración Central”, “Entes Autárquicos y Organismos Descentralizados”, de acuerdo con el artículo 84 de la ley provincial 9033.
Sin embargo, la Contaduría adeuda los informes del último cuatrimestre de 2019 y los tres reportes del año 2020. Además, ha omitido las presentaciones de gastos publicitarios de Entes Autárquicos y Organismos Descentralizados.
La ley 9033, promulgada por el gobernador Cornejo en 2017, señala en forma clara y precisa que, en caso de que la contadora Allasino no cumpla con sus obligaciones, “será pasible de las sanciones establecidas en la Ley 8819”, entre ellas, en caso de reiteración, una multa igual al veinticinco por ciento del sueldo bruto correspondiente a la Clase tercera de la Dirección General de Escuelas.
Por supuesto que la mano dura para los de abajo no es aplicable a una funcionaria cornejista, quien fielmente sabe qué mostrar y qué esconder.
