Días antes de su partida a Estados Unidos, con la misión de gestionar más endeudamiento para la provincia, el gobernador Alfredo Cornejo dejó expresas instrucciones para ajustar el presupuesto en el área educativa. La Resolución N° 2958 firmada por Jaime Correas, en la que se detalla las continuidades de los docentes, pasó la tijera sobre cientos de suplentes. El SUTE convocó a impugnar una decisión que calificaron como “gravísima”.

Jaime Correas, DGE.
Jaime Correas, DGE. Negro Nasif |

Si bien la decisión oficial llega como respuesta a la exigencia del Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE), y genera cierta tranquilidad a la mayor parte de docentes suplentes, las excepciones indicadas en sus anexos establecen la baja -al 31 de diciembre de este año- de cientos de trabajadores que, de no mediar rectificación, comenzarán un año nuevo sin salario.

La resolución, que lleva la firma de Jaime Correas -Director General de Escuelas-, no sólo atenta contra los derechos de los trabajadores afectados, ya de por sí precarizados, sino que también desequilibra la planificación y organización de cada institución educativa hacia el año entrante.

Una inicial conclusión superficial del artículo 1° de la resolución –al comienzo de la jornada de ayer circularon a través de redes y teléfonos solamente sus primeras páginas- permitiría interpretar que la continuidad está garantizada para la totalidad de los/las docentes suplentes, como sucedió en los últimos años. Sin embargo, en los anexos de cada modalidad se explicitan las excepciones. Por otro lado, en su artículo 6° se detalla cómo será instrumentada la resolución, delegando en la dirección de cada institución la “notificación fehaciente de su alcance al personal suplente comprendido” y elaborando un “acta en el libro correspondiente donde conste la nómina de docentes suplentes que tendrán continuidad y los que no”.

Los ajustados

Los casos de interrupción laboral están detallados en los anexos II al VI, correspondientes a las modalidades Jóvenes y Adultos, Especial, Secundaria (orientada y técnica), Centros de Capacitación para el Trabajo (CCT) y Escuelas Artísticas. Un factor común de los anexos mencionados es el establecimiento de la baja a quienes no posean un título que se corresponda con el cargo ocupado. Es decir, docentes que mediante una carpeta de antecedentes accedieron –previa tabulación escolar de sus currículums- a horas no cubiertas, tras sucesivos llamados públicos.

Protesta docente, noviembre de 2016.
Protesta docente, noviembre de 2016. Foto: Coco Yañez

La decisión del gobierno no sólo representa un destrato a las maestras y profesores que cubrieron la carencia de personal suficiente para reemplazar a docentes con licencias, sino que además transparenta su plan de ajuste al dejar a la deriva también a docentes suplentes que se desempeñan en instituciones con baja matrícula, seguramente predestinadas al cierre por esa causa. En el mismo sentido, produce otro “sinceramiento” gubernamental al dejar en la calle a aquellos docentes suplentes que se desempeñaron en escuelas o aulas que durante este año fueron cerradas.

Respuesta sindical

Apenas conocida la preocupante novedad, desde el SUTE rechazaron públicamente la exclusión de docentes y llamaron a impugnar la medida arbitraria de Jaime Correas. Desde el sindicato informaron a este medio que “el universo de afectados son cientos de compañeros” y que “los casos más comunes son los docentes en cuyos casos cambia el artículo de origen de la suplencia, estudiantes que no han obtenido el título y docentes con aulas de matrículas en riesgo”.

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Foto de archivo: Coco Yañez

 

El gremio además convocó a los docentes afectados para que concurran a sus sedes departamentales y central, para impugnar una decisión del gobierno que no dudaron en calificar como “gravísima”. Para el SUTE “la Resolución de la DGE no sólo afecta derechos adquiridos de suplentes que llevan años en los cargos o en las horas, sino que además afecta a las instituciones que quedarán sin docentes y no habrá horas de apoyo para aquellos alumnos que necesitan rendir, sobre todo en las mesas de febrero”.

La medida se da a conocer en momentos en que Cornejo delegó en Dalmiro Garay, ministro de Gobierno, Trabajo y Justicia, la convocatoria formal a paritarias a todos los gremios estatales de la provincia. Con el anzuelo de la negociación por el bono de fin de año, desde casa de gobierno visualizan como una buena referencia la propuesta hecha por María Eugenia Vidal a estatales bonaerenses, consistente en un 18% de aumento salarial en tres tramos.

 


Aquí, la resolución completa.