EXCLUSIVO | La situación política y judicial de Juan Manuel Ojeda se agrava día tras día. Al pedido de destitución del intendente radical iniciado la semana pasada ante el Concejo Deliberante, se sumó este lunes una presentación espontánea en la Fiscalía de Instrucción Penal. Mario Jofré, exjefe de despacho de la intendencia, aportó una larga lista de expedientes, decretos, documentación oficial, mensajes de texto y de voz y otras evidencias que develan una trama de corrupción y prebendas en el sur mendocino. Más de 2,7 millones de pesos en contrataciones directas están bajo la lupa de la Justicia, al igual que una serie de audios –incluidos en esta nota- que complican seriamente al dirigente del cobismo.
Investigación especial de EL OTRO
Mario Jofré, exjefe de despacho del intendente Juan Manuel Ojeda, se presentó espontáneamente este lunes ante la Fiscalía de Instrucción de Malargüe para poner a disposición los expedientes, decretos, documentación oficial, mensajes telefónicos y audios de WhatsApp que dan cuenta de los turbios manejos de fondos públicos por parte del jefe de la comuna sureña.
El escrito firmado por el exfuncionario ingresó al Ministerio Público Fiscal tres días después de la denuncia que el propio Jofré presentara ante el presidente del Concejo Deliberante de la Municipalidad de Malargüe, Martín Palma, para que dé inicio al proceso formal de remoción del intendente radical, señalado como el principal responsable de irregularidades administrativas y actos de corrupción. Entre ellos, casos acreditados en la Fiscalía de Estado y la Justicia que alcanzaron amplia difusión, a partir de una serie de investigaciones publicadas por EL OTRO desde junio del año pasado.
De acuerdo con el expediente judicial al que tuvo acceso este diario, Jofré brindará testimonio ante la Fiscalía de Instrucción “para informar cómo y en qué circunstancias se produjeron las irregularidades administrativas” denunciadas.
En respaldo de sus afirmaciones, el ex miembro del gabinete aportó un cúmulo de pruebas instrumentales, entre las que se destacan más de 20 piezas administrativas con el detalle de los decretos firmados por Ojeda, que autorizaron gastos en favor de empresarios cercanos al poder municipal y a un familiar directo del intendente.
Entre la documentación que acompaña la presentación de Jofré, se destaca un minucioso listado de normal legales del Ejecutivo departamental con el detalle de contrataciones directas asignadas, entre 2020 y 2021, a la empresa Cralbe SA, por un monto total que supera los 2,7 millones de pesos.
El Directorio de la sociedad anónima beneficiada con el dinero de las arcas públicas del municipio, está integrado por Ricardo Alexis Cianci, Daiana Araceli Cianci y Gabriela Belén Cianci. Cralbe SA, con domicilio en Fray Luis Beltrán (Este) N° 445 de Malargüe, opera bajo el CUIT N° 30-71232878-5 y reúne entre sus actividades registradas los siguientes rubros: fabricación de carpintería metálica, venta al por menor de aberturas, servicios de transporte de pasajeros y de carga, venta de automóviles, partes, piezas y accesorios, y venta al por mayor de combustibles y lubricantes.
Asimismo, en el expediente del Ministerio Público Fiscal constan los decretos 36 y 37 referidos a la designación de Juan Manuel Ojeda, padre y homónimo del intendente, “a la coordinación de área de distrito y subrogancia de categoría”, lo que representaría un claro acto de nepotismo por parte del mandatario comunal.
Además, Jofré puso en manos de la Justicia una serie de audios y mensajes de texto que comprometen seriamente a Ojeda y a su secretario de Seguridad Ciudadana, el ex policía exonerado Víctor Andrade, en la contratación irregular del servicio de seguridad para la Fiesta Nacional del Chivo 2020.
Por último, entre la frondosa documentación que permitirá esclarecer los actos de corrupción en Malargüe, se encuentra una copia de denuncia presentada ante el Concejo Deliberante, un comodato ilegal avalado por el intendente Ojeda, notas dirigidas al presidente del Legislativo departamental y constancias de denuncias policiales, entre otras pruebas.
La presentación del exjefe de despacho de la Intendencia se sumará a la denuncia penal contra Ojeda formalizada el pasado 31 de agosto por la totalidad de los miembros del bloque de concejales del Partido Justicialista.
Solo resta que la Fiscalía de Instrucción de Malargüe impulse el proceso penal con la celeridad e independencia que requiere la tan mentada ética pública. Discurso que declama el oficialismo mediante un relato mediático pautado que se desploma con cada prueba de la turbia gestión municipal.
Los audios de la corrupción radical
Decretos retroactivos
“Mario, mirá, necesito un decreto, número de decreto, que sea anterior al 10 de diciembre”, pide el intendente Juan Manuel Ojeda, en un mensaje de audio de WhatsApp que le envió el 17 de diciembre a su entonces jefe de despacho, Mario Jofré.
A partir de esos 10 segundos, mensajes posteriores y testimonios a los que accedió este diario, EL OTRO pudo reconstruir el contexto y los motivos de la solicitud ilegal del jefe comunal de Malargüe.
La orden de Ojeda fue reforzada por un mensaje de texto emitido desde el celular de José Luis López, secretario de Finanzas Públicas de la Municipalidad, en la que solicitó retrotraer la fecha del decreto hasta el primer día de ese mes. “Me pidió el Intendente q-te preguntara, si tenés algún n° de Decreto q-sea anterior al 1/12 o ese mismo día??”, reza el textual del funcionario.
Según Jofré, López le manifestó que necesitaban una norma legal que le permitiría “blanquear” un plazo fijo de 76 millones de pesos colocado en el Banco Macro. Acto administrativo de carácter retroactivo que, obviamente, está expresamente prohibido por la legislación vigente, toda vez que las fechas de los decretos municipales deben coincidir con los días exactos en los que efectivamente son sancionados.
De acuerdo con el libro de decretos de Malargüe, la norma del 1 de diciembre de 2020 que López, a instancias de Ojeda, pretendería reemplazar corresponde a la baja por fallecimiento de una trabajadora del municipio. Maniobra que Jofré rechazó y que motivó luego que el propio López concurriera en persona a su oficina para persuadirlo de cumplir “una orden de arriba”. Circunstancias que fueron presenciadas por otra funcionaria de la comuna que escuchó el contenido de esa tensa conversación.
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Fiesta Nacional del Chivo 2020
Audios 1 y 2
Tras la autorización del intendente Juan Manuel Ojeda para la contratación de la seguridad privada del Festival, el expolicía Andrade organiza un operativo irregular mediante una “cuadrilla” encabezada por Michel Garay, un empleado bajo sus órdenes. Leer más aquí
Audio 3
Michel Garay se comunica con Germán Rolón para informarle que el Repriv (Registro Provincial de Empresas Privadas de Vigilancia), realizó una inspección durante la Fiesta del Chivo y constató una serie de incumplimientos a la ley 6441. Según testimonios que obran en el expediente de Fiscalía de Estado, “cuentan los mismos trabajadores que (durante la inspección) recibieron órdenes de los funcionarios municipales de ocultarse entre los árboles con el fin de no ser detectados por las autoridades del organismo de contralor”. Leer más aquí
Audio 4
Darío Gustavo Olivares, titular de la empresa San Miguel Arcángel Seguridad Integral de San Rafael, rechaza la adjudicación ilegal de más de medio millón de pesos destinados a ese servicio a cambio de la presentación de una factura, por la que sería compensado con $60.000. Leer más aquí
