El Ministerio Público Fiscal ya tiene en sus manos el gravísimo caso de contratación irregular de una empresa de seguridad privada para la Fiesta del Chivo, por más de medio millón de pesos. De comprobarse las denuncias, que una investigación de EL OTRO develó a mediados del año pasado, el intendente radical Juan Manuel Ojeda y su director de Seguridad Ciudadana, el expolicía cesanteado Víctor Andrade, podrían ser sindicados como autores penalmente responsables del delito de estafas. Entre los antecedentes de la causa, 60 vigiladores empleados irregularmente por el municipio fueron emplazados por el REPRIV a pagar una multa de $78.000 cada uno. En plena crisis de empleo en el sur de Mendoza, el desmanejo de los fondos públicos está a punto de costarle a los malargüinos más de 6 millones de pesos.
Investigación especial de EL OTRO
El 1 de junio de 2020, una investigación especial de EL OTRO develó graves irregularidades en la contratación directa de un servicio de seguridad privada, por más de medio millón de pesos, para la Fiesta Nacional del Chivo de Malargüe. Causa de corrupción que de entonces investiga la Fiscalía de Estado, a cargo de Fernando Simón.
Documentación oficial, testimonios y audios de WhatsApp dan cuenta de que el director de Seguridad Ciudadana de Malargüe, Víctor Andrade, habría aprovechado la caída de una licitación pública para beneficios particulares. Lo que ocasionó, primero, tres meses de demora en el pago a las y los 60 vigiladores malargüinos que prestaron servicios durante la Fiesta y, luego, la imposición de multas del REPRIV (Registro Provincial de Empresas Privadas de Vigilancia).
El ente oficial que realizó la inspección en enero de 2020 constató una serie de incumplimientos a la ley 6441 y, en razón de ello, aplicó multas de $78.000 a cada vigilador relevado. Monto que al día de la fecha, por aplicación de intereses y punitorios, ascendería a más de $100.000, es decir, un total aproximado de 6 millones de pesos. Suma que el intendente radical Juan Manuel Ojeda pretende cargar sobre las espaldas de cada persona que trabajó en la seguridad de la Fiesta Nacional del Chivo, bajo condiciones laborales y administrativas completamente irregulares, por su entera responsabilidad y la de Víctor Andrade, exoficial cesanteado de la Policía de Mendoza y funcionario de su extrema confianza.
Empresa fantasma
En diálogo con este diario, vigiladores accedieron a brindar testimonios con pedido expreso de reserva de identidad, debido al temor fundado de recibir represalias en un pueblo donde Ojeda ejerce su poder como patrón de estancia, con el apoyo económico decisivo del fuerte lobby minero y el respaldo político del senador nacional Julio Cobos y la exgobernadora Laura Montero.
“Nos tomó una empresa que había contratado el señor Andrade pero que nunca vimos, porque jamás existió. Al comienzo solo nos querían pagar $600 por el servicio y, luego de que nosotros protestamos, terminaron reconociéndonos más o menos lo que correspondía, pero en negro y sin darnos ni siquiera una vianda. Aceptamos para poder darle un plato de comida a nuestras familias y porque todos teníamos el curso de vigilador que exige la ley, pero igual nos pagaron tres meses después y hoy nos dicen que tenemos que abonar una multa de $100.000″, manifestó con preocupación y bronca una de las fuentes.
Tal como informó este diario el año pasado, tras la autorización del intendente Ojeda para la contratación de la seguridad privada del Festival, el expolicía Andrade contactó a Darío Gustavo Olivares, titular de la empresa San Miguel Arcángel Seguridad Integral de San Rafael, para adjudicarle formalmente más de medio millón de pesos destinados a ese servicio a cambio de la presentación de una factura, por la que sería compensado con $60.000, según el mismo funcionario reconoció en un audio que consta en el expediente de la Fiscalía de Estado. La contratación directa se otorgó a Olivares (CUIT 20-21985316-6), quien recibió una orden de compra oficial por el “servicio de seguridad privada desde el 28 de enero al 2 de febrero en el Predio Gaucho”, por un importe total de $591.000.
Mandamás
En línea con las graves irregularidades, las y los vigiladores comenzaron a prestar tareas, sin contrato alguno ni seguro, regenteados por el propio Andrade. Una de las fuentes consultadas por EL OTRO reconoció que el funcionario municipal incurrió en incumplimiento de sus deberes básicos: “Andrade nos dijo que no nos preocupáramos por nada, que la supuesta empresa que nos iba a contratar se tenía que hacer cargo de nuestras credenciales para poder trabajar en regla. Pero nos mintió. El primer día que cayó la inspección al Festival, el mismo Andrade prometió ‘que ya estaba todo solucionado con el jefe del REPRIV’, pero volvieron al otro día, nos ordenaron que nos escondiéramos pero igual nos hicieron una multa de $78 mil a cada uno, y Andrade insistió con que siguiéramos trabajando hasta el final del Festival, lo que hicimos por necesidad, creyendo en su palabra”.
Lejos de ocuparse de hacer las cosas dentro de la ley, el intendente de Malargüe utilizó el estado de necesidad de la gente y los recursos del municipio para atacar al mensajero. En la misma semana en que EL OTRO dio a conocer el indignante caso de corrupción, Ojeda y Andrade convocaron a conferencias de prensa en las que sumaron confusión, groseras contradicciones y amenazas de juicios contra este medio cooperativo e independiente. Demandas por supuestas calumnias e injurias anunciadas por medios pautados malargüinos que, debido a la absoluta falta de pruebas, jamás fueron presentadas en los tribunales correspondientes.
Además, el intendente promovió una “autoconvocatoria” de respaldo a su figura, violando todos los protocolos impuestos por la pandemia. “Prefiero que me cuestionen pero sé que voy a salir a la calle y cada uno de ustedes se va a recordar que hubo alguna vez un intendente que quiso pelear por los malargüinos, aun a costa de los riesgos que significa”, se victimizó el dirigente del cobismo indignado por la publicación de un diario que saltó el cerco mediático financiado con pauta estatal.
Vulnerados
A casi un año de aquella manifestación “autoconvocada”, los trabajadores reconocen que las publicaciones de EL OTRO “decían la verdad”, y asumen que fueron engañados y presionados por “gente del intendente” para salir a apoyarlo ante “la olla que destapó el diario”, bajo la promesa de contratos en la Municipalidad. “Estuvimos tres meses sin ver nuestro pago y después vinieron las mentiras de Andrade y nuestro intendente Ojeda que se nos iba a dar trabajo. Está el video donde se ve que nos hizo ir en plena pandemia para tapar sus agujeros. Tuvimos que ir con aguanieve cuando ellos quisieron. Esa fue la única vez que le vimos la cara a Ojeda, quien nos usó para limpiarse las manos negras con nosotros”, reconoció uno de los entrevistados por este diario, quien señaló no tener ningún inconveniente en dar su testimonio ante la Justicia en caso de que se lo cite a declarar.
Las versiones coinciden en señalar que funcionarios municipales, por orden de Ojeda, intentaron incidir políticamente sobre Adrián Méndez, director del REPRIV, para que no avanzara en la aplicación de las sanciones labradas en el predio del Festival. No obstante, el funcionario no cedió a los aprietes del patrón malargüino y confirmó en junio de 2020 la aplicación de multas a los vigiladores y, puntualmente, la responsabilidad del municipio que los contrató al margen de la normativa. “Corresponde aplicar la sanción de multa encuadrada en el art. 34, apartados I y II, a los vigiladores encontrados, notificando de ello a los mismos y al Municipio de Malargüe que es solidariamente responsable de la sanción impuesta”, señalan los considerandos de las resoluciones de ese organismo de control del Ministerio de Seguridad de Mendoza.
El REPRIV emplazó a los sancionados a depositar $78.205 cada uno, en el término de 15 días, en una cuenta oficial del Banco Nación. Obviamente, las y los trabajadores rechazaron hacerse cargo de una multa generada por las irregularidades de los funcionarios municipales, en razón de haber sido víctimas de las mismas y encontrarse sin las oportunidades de un trabajo que requiera el carnet de esa repartición. Sin embargo, de acuerdo con los términos del emplazamiento, las actuaciones serían giradas “al Estudio Jurídico Liquidador para su cobro compulsivo” y, de no concretarse el pago, el municipio deberá desembolsar cerca de 6 millones de pesos, por ser corresponsable de las multas.
“Supuestamente el señor intendente se iba a hacer cargo de las multas y eso jamás pasó. Acá estamos los 60 vigiladores del Festival sin poder pagarlas, porque no hay trabajo y tampoco nos quieren entregar las credenciales, ni podemos sacar el Monotributo para que consigamos empleo en la profesión para la que nos hemos formado”, aseguró uno de los trabajadores y denunció el nuevo y absurdo engaño que les proponen para salir de ese círculo vicioso: “El gran arreglo que nos mandó el intendente Juan Manuel Ojeda es que, si pagamos las multas nosotros, ellos nos dan trabajo en la Municipalidad. Si no, no hay arreglo”.
Hasta las manos
En las últimas horas, EL OTRO tomó conocimiento de que la Fiscalía de Estado presentará en los próximos días un informe a la Oficina de Ética Pública, la denominada “oficina anticorrupción mendocina” a cargo de Gabriel Balsells Miró, para que este organismo investigue las irregularidades en la contratación directa del servicio de seguridad.
Por su parte, fuentes del Ministerio Público Fiscal confirmaron a este diario que en la Unidad Fiscal Departamental de Malargüe tramita el Expediente P-30803/21, en el cual se investiga si este caso de corrupción, protagonizado por el intendente Ojeda y su director Andrade, podría configura el delito de estafa. Por lo que se espera que la Justicia sume a las actuaciones de Fiscalía de Estado y el REPRIV, nueva documentación y audios de WhatsApp (incluidos comprometedores mensajes de voz del intendente) y declaraciones testimoniales de las víctimas de la defraudación denunciada.
El frío avanza en el Sur con un clima social demasiado caldeado.
