El gobierno provincial dará a conocer el monto del bono de fin de año que ofrecerá a los trabajadores estatales para “recomponer” la diferencia entre la inflación y el aumento en tramos de este año. Desde los gremios denuncian que el bono representa un nuevo incumplimiento al acuerdo paritario y que es insuficiente, al ser “en negro y por única vez”. La medida se acopla al programa de pauperización de los salarios públicos implementado por la administración Cornejo, que ahora reclama la Nación. En dos años, los empleados públicos perdieron entre 25% y 30% de su poder adquisitivo.

Foto: Lucky Viard

El jueves pasado, en el marco de la firma del pacto fiscal, el presidente Mauricio Macri instó a los gobernadores a bajar los salarios de los empleados públicos, que consideró “altos” y casi una competencia desleal con el sector privado.

Horas antes, en pleno affaire por los impuestos internos al vino, una de las repetidas quejas del gobernador Alfredo Cornejo ante la acometida impositiva era que esa parte del trabajo –la baja salarial- ya la había ejecutado. También en este aspecto el mendocino se puso el traje de mejor alumno. Las estadísticas lo avalan.

El bono de fin de año que ofrecerán a los gremios estatales para paliar la diferencia entre el aumento de este año y la inflación acumulada, se inscribe en esa lógica de salarios a la baja. Razonamiento que es relativamente fácil constatar a través de las estadística oficiales, sean creíbles o no.

2016

Foto: Lucky Viard

Sin lugar a dudas, el mayor desfasaje en el poder adquisitivo de los trabajadores estatales de Mendoza se produjo durante el año pasado.

El primer año de gestión fue utilizado por Cornejo para disciplinar y desafiar a los gremios con ítem aula y aumentos en tramos y por decreto, en medio de los apagones estadísticos nacional y provincial.

De esta manera, el aumento propuesto fue del 25%, a pagar en dos tramos: 15% a partir de marzo y 10% (no acumulable) desde agosto.

Al anualizar el porcentaje, el incremento rondó el 17%.

Foto: Lucky Viard

La inflación del 2016 no pudo ser calculada con certeza por el apagón del INDEC, que recién midió el mes de mayo de ese año. En coincidencia, mayo también fue el primer dato del IPC (Índice de Precios al Consumidor) provincial informado por la DEIE (Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas), tras cuatro años de ostracismo en la materia.

Ante la falta de elementos para completar el índice de precios al consumidor, dos son las cifras oficiales a mano: un global de 36,6% calculado por el Banco Central o el 40,9% surgido para calcular la evolución del PIB del mismísimo INDEC. Resultado este último, que se amolda más al índice Congreso, al brindado por la Ciudad de Buenos Aires y al calculado por numerosas consultoras privadas.

Si tomamos el primer dato, los estatales de Mendoza en 2016 perdieron algo así como un 19,6%. Si tomamos la segunda referencia, 23,9%.

Destacamos que en 2016, se otorgó un bono de fin de año de 2 mil pesos para los sueldos menores a $20 mil, con un impacto insignificante y relativo en estos porcentajes.

2017

Foto: Coco Yañez

Este año las estadísticas se encuentran completas, más allá de su credibilidad. La DEIE registra un incremento del 18,5% en el IPC provincial hasta octubre, mientras que el INDEC señala que el nacional acumula hasta ese mes el 19,4%.

La pauta salarial de este año fue planificada con la expectativa de un 17% de inflación, por lo que el aumento otorgado fue del 10% a partir de febrero y un 7% desde julio. Anualizado, un 13,81%.

La pérdida hasta aquí (faltan los datos de noviembre y diciembre), resulta en un 4,69% si tomamos el IPC local, y de un 5,59% si adherimos al nacional.

Marcha atrás

Foto: Coco Yañez

Según estos datos oficiales, en los últimos dos años el poder adquisitivo de los estatales disminuyó entre el 24,29% (el saldo más suave surgido del IPC 2016 del BCRA y el 2017 de la DEIE) y el 29,49% (un número más pesimista, resultado del IPC del INDEC en ambos períodos).

El cálculo realizado solo grafica que, aún bajo el argumento eje de referenciar los aumentos salariales a la expectativa inflacionaria, el retroceso en el poder adquisitivo de los empleados públicos es notorio.

El proyecto de ley de presupuesto nacional 2018 estima una inflación de 15,7%. Para continuar el ataque sobre el bolsillo de los trabajadores públicos, el gobierno de Macri ya les marcó la cancha a los gobernadores para que no ofrezcan más del 10% en paritarias.

Foto: Coco Yañez

En esa línea macrista, Cornejo ya anunció que otorgará el bono de fin de año como compensación a la diferencia inflación-aumento de todo 2017. A pesar de lo acordado con los gremios durante la negociación paritaria, el gobernador acelera y apela al parche. “Creo que los dirigentes sindicales deben pensar en los empleados públicos y no en las arcas del sindicato. Deben pensar en los trabajadores que la vez anterior estuvieron muy agradecidos del bono de fin de año”, fue la chicana utilizada por el mandatario mendocino para responder a los tibios reclamos de la dirigencia gremial.

En los próximos días se oficializará la oferta del bono en las paritarias programadas con los distintos sectores de la administración pública.

Desde ATE, aseguran que solicitarán un 17% de incremento sobre el último trimestre de 2017, tras considerar que se acordó un aumento y no un bono, “en negro y por única vez”.

Desde el SUTE, mientras planifican cómo responder a la extorsión gubernamental sobre el ítem zona, anunciaron que exigirán una recomposición salarial no menor al 50%.

 


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