El manual de las pestes, más menos centuria de por medio, indica que se deben tomar decisiones rápidas y efectivas si se quiere achatar curvas y evitar tragedias masivas, más aún si estas pandemias transcurren como el bonus track de Estados venidos a menos, tal el caso de los últimos años en Argentina, y también en Mendoza. ¿Cómo transcurre el coronavirus en la provincia cuyana? ¿Qué ha significado esta cuarentena para la triada gobierno-sociedad-sectores económicos? ¿Qué pasa en las barriadas populares? Hacemos aquí una breve crónica del COVID-19 en Mendoza.
Por Oscar Soto | Politólogo
Esa sociedad complaciente
La provincia de Mendoza, no es una provincia cualquiera. A esta altura de la historia, esta jurisdicción cuyana “goza de buen prestigio”, al menos entre los paisanos menducos hay cierta petulancia en torno a eso, quizás porque esté arraigada en su cultura o tal vez porque ha sido revestida de los buenos vinos y la bonanza de “sol mendocino”, que siempre es subrayada. Sin embargo esta provincia, mal que pese, carga también con el mote de cobijar una sociedad pulcra y hostil a las radicalizaciones de cualquier tipo, algo así como una sociedad “conservadora”, -dicho apresuradamente-. De cualquier manera, este pedacito de Argentina tiene algunas cualidades políticas que resaltan más allá de sus lastres.
El hecho es que Mendoza tiene una autoreferencia política recurrente, fundada en el virtuoso recambio gubernamental que, pese a los vaivenes (bi) partidarios, casi siempre sintoniza la misma melodía ideológica. Al menos desde 1983 a esta parte, peronistas y radicales se suceden en el poder cada tanto sin que sus Ejecutivos puedan reelegirse (algo que el “republicanismo local” elogia sobremanera). Esto, que parece un registro menor, en épocas de pandemia resulta una tangente importante para entender las coyunturas: en todo momento la democracia mendocina ha crecido relatándose a sí misma. El partidismo de Estado y las crisis provinciales se definen siempre entre sus dos actores políticos consagrados.
Cualquier foráneo creería, entonces, que los consensos en materia de política pública, en la Mendoza que describimos, están descontados. Sin embargo no gozamos de una productividad política en alza: ni educación, ni salud, ni trabajo escapan al posibilismo que la gobernanza local ha cultivado. Si a ello sumamos que desde 2016 en adelante, Mendoza atraviesa una crisis económica y financiera galopante, lo primero que podríamos concluir es que una pandemia con indicaciones de aislamiento social obligatorio, no es otra cosa que una desgracia.
Pese a todo, desde que el gobierno provincial decidió adecuar la normativa a la cuarentena impuesta a nivel nacional, en Mendoza se detuvieron varios relojes de arena. La situación deficitaria -que todos conocen pero nadie confiesa- pasó a un segundo plano en la crónica local, dado que el mediático COVID-19 acaparó todas las portadas en radios, diarios y televisores provinciales.
Quedarse en casa
El acatamiento a la cuarentena comenzó a implementarse con una fuerte dotación policial tanto en los principales accesos del Gran Mendoza, como en la terminal de ómnibus y el aeropuerto provincial. Tal como prevé el Código Penal, las penas por violar las restricciones conllevan hasta 2 años de cárcel, sin embargo en la provincia, la changa, la urgencia del trabajo o la desobediencia civil consiguen saltarse las disposiciones oficiales: desde que comenzó el proceso de “aislamiento social, preventivo y obligatorio” ya se han detenido e imputado a más de 2000 personas por violar la cuarentena y no poder justificar su circulación en la vía pública.
Entre idas y vueltas el gobierno provincial ha ido afianzando su lucha contra el coronavirus como una forma de purgar los graves problemas sociales que atraviesa la provincia. Cuanto menos, en la tierra del “no positivo”, la bandera del campo es una buena forma de expiar los problemas estructurales. Por todo y contra todo, la prohibición de circulación en Mendoza ha sido problemática, en primer lugar porque la provincia transita un momento alto de espontaneidad en las decisiones -de falta de diagramación- y en segunda instancia, porque ni aun el menoscabo en la capacidad instalada de la salud pública ha logrado persuadir a todos sobre la necesidad de “quedarse en casa”.
Economía en cuarentena
Después de los festejos vendimiales que sucedieron a la frustrada luna de miel de Rodolfo Suarez- el intento de modificación de la ley 7722 lo dejó mal parado antes de empezar a hacer pie- el coronavirus ha sido la enfermedad que ha traído cura (por unos días) a los padecimientos provinciales, al menos ha conseguido poner todo en un sobreactuado stand-by. Es que el gobierno de Mendoza no solo logró, en los años del ahora diputado nacional Alfredo Cornejo, llegar al podio del endeudamiento nacional sino que en el último tiempo se mantuvo tenaz en su parábola preferida: acumular más deuda para pagar deuda existente.
Para cuando se dispuso el aislamiento obligatorio, Mendoza ya había decidido que sus fronteras con Chile se cierren y que toda persona que ingrese por cualquier medio de transporte, tenga la obligación de guardarse durante 14 días. Posteriormente el actual gobierno hizo lo que mejor le ha salido en su corto tiempo de gestión: decretó la emergencia social, administrativa, económica y financiera, y aprovechó para que Nación sea el muro de la queja en momentos en que no vale inculpar a gobiernos anteriores.
Hay varias aristas para repasar el aislamiento, pero sin duda la faceta económica es una de las centrales. Hace años que la matriz productiva de Mendoza es discutida por arriba y por abajo; organizaciones populares reclaman un Estado más activo mientras las grandes corporaciones económicas exigen resguardo legal para alivianar sus pérdidas. A todo esto, Suarez es portador de dos derrotas precoces: no logró colocar deuda para favorecer la obra pública y tampoco consiguió su cometido minero. La cuita del coronavirus es menos un tropezón que da tiempo, que la fatiga acumulada del paso de los días: la provincia recauda apenas el 20% de lo que venía juntando en meses anteriores y el dato sobre el desempleo mendocino, que llegó a 7,3%, mientras que en San Juan es del 3,5% y en San Luis es del 2,9%, preocupa a propios y extraños. Objetivamente el trabajo en casa no florece igual para todos, menos en una economía de poco riego.
Las barriadas y la hipótesis de la criminalización
Sumado a lo antes dicho, vale recordar que este oficialismo tiene algunos antecedentes en esa mácula que son el militarismo y la criminalización de la pobreza, muy frecuentes en la historia reciente. Desde el ex gobernador Julio Cobos hasta su correligionario el legislador Luis Petri, pasando por la mano dura de Alfredo Cornejo, el radicalismo mendocino siempre ha sido permeable a la soluciones con cierto aroma castrense. En todas partes se cuecen habas y Mendoza no es la excepción. Es bastante probable que los barrios populares de la provincia sientan un poco más cercano el vigilar y castigar de la policía local; en parte por tratarse de ser muchos y en parte porque en el registro de la Mendoza “bien”, las purificaciones siempre empiezan por los pobres.
Sobre la situación en los barrios populares de Mendoza, Juan Carlos Aguiló, docente e investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (Universidad Nacional de Cuyo), aclara: “Resulta importante mencionar que, en términos generales y con sus honrosas excepciones, los funcionarios políticos de la Alianza gobernante presentan una baja sensibilidad a la situación de los sectores populares. Esto conlleva que tengan dificultades para la comprensión de la complejidad de los problemas que afectan a las poblaciones en condiciones de vulnerabilidad, y que prevalezca una mirada asistencialista y punitiva”.
Aguiló, que hace años enseña sobre políticas públicas y dirige grupos de investigación sobre AUH, es enfático al decir que pandemia e insensibilidad social no auguran buenas nuevas para la provincia: “En la zona oeste de la ciudad de Mendoza, por ejemplo, está ubicado el Barrio La Favorita que es un conglomerado de más de 30 barrios diferentes donde viven más de 30.000 personas. Estas familias presentan las dificultades esperables para los sectores populares: deficiente infraestructura en servicios básicos, hacinamiento, ingresos provenientes del trabajo informal, violencia doméstica, etc. El agravante es que en la provincia se encuentra vigente una norma (el Código Contravencional, Ley N° 9099) fuertemente cuestionada por su contenido punitivista, que en definitiva lo que hace es complementar una suerte de “empoderamiento” de la policía provincial que ha tenido lugar a lo largo de los cuatro años de la gestión de Cornejo”.
Lo que vemos hoy es que desde la aplicación del aislamiento, el control social ha sido más rudo con los que menos tienen. Esta hostilidad policial se manifiesta cuando las madres circulan con sus hijxs, porque no tienen con quién dejarlos al realizar trámites o compras en comercios locales, y cuando los hombres se dirigen a alguna actividad laboral temporaria. Por otro lado, a pesar de que en las barriadas populares las mujeres son receptoras de políticas sociales de emergencia, el deterioro socioeconómico y la feminización de la pobreza es más severo en esta provincia: la tasa de desocupación de las mujeres en Mendoza (10,8) fue más alta que la nacional (9,5) en el cuarto trimestre de 2019.
La averiguación de antecedentes, o la requisa policial en los conglomerados populares se hicieron comunes en estos años, todo parece indicar que esta senda será la píldora elegida por el gobierno provincial para dar contención a la pandemia. La cuestión de la salud pública, se entiende, puede esperar un poco más.
Luz al final de la pandemia
Para ser justos con lo que sucede en Mendoza en tiempos de coronavirus, habría que retomar lo que Aguiló resalta: “son destacables las ‘buenas prácticas’ que han ido desarrollando lxs referentes comunitarios con lxs vecinos para generar una organización desde las bases que afronte la situación de emergencia generada por la pandemia”. Es que así como en Mendoza abundan conservadurismos y formas punitivas, también existe una amplia gama de organizaciones sociales de base que se inventan las formas de salir adelante. Ante la suba de precios y las complicaciones de la cuarentena, los comedores populares multiplican su trabajo en los barrios
Todo parece indicar que el minutero que acusa el paso del tiempo sobre deudas y crisis social en Mendoza, no se detiene, más bien avanza con la asiduidad de la cuarentena. Como hemos dicho al principio, la democracia mendocina se ha acostumbrado a narrarse a sí misma y esto ha hecho más confortable el día a día de las clases dirigentes, a costa del resto. Sin embargo, con pandemia o no, el deterioro social, político y económico provincial cada tanto da señales. Es probable que la solución esté más próxima a la mejora de las políticas públicas y el rol del Estado, que a la criminalización de los que menos tienen.
Las alarmantes condiciones de los trabajadores de la salud de Mendoza
