La contracara del avance en las normas que reconocen como legal algunos usos del cannabis es la persecución de usuaries por parte de la fuerzas de seguridad. En Mendoza, como en todo el país, las personas que utilizan la planta con usos medicinales y recreativos se juntan para pararse frente a los peligros que acechan en la clandestinidad.

Por Redacción EL OTRO | Fotos: Coco Yañez

Foto: Coco Yañez

En 2009 la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró que la tenencia de estupefacientes es una conducta privada protegida por la Constitución Nacional y que su criminalización es un acto inconstitucional. Sin embargo, las fuerzas de seguridad siguen utilizando la privación de la libertad y el procesamiento a modo de castigo y amedrentamiento.

En ese marco, les cultivadores de cannabis representan una presa fácil que les sirven a los gobiernos para armar el holograma de la lucha contra el narcotráfico. La información oficial muestra como héroes a policías y agentes federales y como integrantes del crimen organizado a personas que plantan para uso personal.

El Cuco Digital | Febrero de 2020 Captura de pantalla

En 2016 el Ministerio Público Fiscal señaló que en el país cada una hora un consumidor de marihuana era detenido por tenencia para uso personal. La poca información sobre el tema confirma que la realidad no ha cambiado. Un informe del 2020 de la Procunar (Procuraduría de Narcocriminalidad), sobre las causas penales iniciadas por consumo en provincias no adheridas a la desfederalización, señala que en Mendoza solo el 1% de la causas son por comercialización o consumo, almacenamiento, transporte de plantas y semilla, 14% por comercialización, 37% por consumo personal y 38% por suministro gratuito u oneroso.

En nuestra provincia, como en la mayoría de las jurisdicciones del país, la persecución a consumidores se sostiene como práctica de las fuerzas de seguridad para disciplinar a los sectores empobrecidos, y a su vez se avanza en la legalización del uso medicinal del cannabis, con leyes que permite cultivar con fines curativos, y se acepta la producción y comercialización de sus derivados en el tratamiento de enfermedades.

En medio de esta evolución sobre la legalidad del uso de la marihuana y frente a la ambigüedad del poder político, las y los usuarios se organizan para enfrentar los peligros de criminalización que rodean al uso de una planta que sigue siendo ilegal para los que portan las armas del Estado.

La Agrupación Cannabicultora de Mendoza es un ejemplo surgido de esa necesidad de contención y amparo. El espacio nació en 2011 y actualmente lo integran 25 personas, entre ellas profesionales de la Salud y el Derecho. EL OTRO dialogó con Milva y Marcos, dos referentes. Al unísono y con paciencia educadora nos contaron por dónde pasan los proyectos y las preocupaciones del colectivo.

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Ponemos la unión ante la clandestinidad, ante el desamparo.  Lamentablemente alrededor del cultivo de cannabis hoy suceden cosas que no están buenas, como robos, persecuciones, denuncias… Por eso es necesario tener en quién confiar y militar. Además buscamos informar, que es lo que está faltando. Se maneja información de derecha que es la que viene desde principios del siglo pasado.

De todas maneras, la persecución que hoy sufren les cultivadores es nuestra principal preocupación, no podemos entender cómo habiendo un registro para cultivadores, exposiciones y proyectos de cultivos a gran escala, que todavía compañeros y compañeras vayan presos, siendo allanados, por cultivar.

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Tenemos casos de cultivadores de tres o cuatro plantas que han sufrido esperas eternas en las unidades de detención, dos o tres meses en un comisaría. Tenemos compañeros detenidos hace tres o cuatro meses y todavía no les leen sus causas, están como en un limbo, los han acusado de ser una banda narco, cuando a las claras no lo son. Creemos que de esta manera se está cuidando el negocio del narco en Mendoza. Hemos vivido en carne propia que nos roben las plantas, con armas, disfrazados de policías, etc.

Entendemos que a las leyes aprobadas sobre el uso de marihuana les falta alcance, pero están buenas. Hay que decir las cosas que se han hecho bien, el Registro REPROCANN es un avance, es algo bueno porque nos podemos mostrar. Estoy inscripto, soy cultivador y salí de la clandestinidad, aunque falta porque sigue siendo un privilegio, debés tener plata para pagar la consulta con el médico y la médica, que es quien te vincula y te hace ser una persona legal. Una consulta cuesta alrededor de tres mil o cuatro mil pesos en adelante. Es un privilegio.

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En el centro de Mendoza no vemos que se esté persiguiendo gente en las plazas, pero la policía sigue trabajando con targets. Un indicador es que el 80% de la gente que está presa por cultivar, o tener en su casa flores para consumo, está siendo representado por defensores públicos, es decir no tiene para su propio representante, eso te da una idea de lo que estamos hablando.

La Agrupación Cannabicultora de Mendoza sostiene todos los viernes un reclamo público para que recuperen la  libertad tres jóvenes de Maipú que fueron detenidos  en septiembre, y que aún no conocen su sentencia. Estuvieron 40 días en una comisaría de Beltrán, después los llevaron a  la U32, pasaron dos meses más y ahora están repartidos en la U6 sin procesamiento.

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El uso de la detención por tenencia para consumo y su utilización como herramienta para hostigar y manejar territorios es tan grave, como el manejo de esas detenciones por parte de los gobiernos para hacer estadísticas y crear una falsa imagen del “éxito” de la lucha contra el narcotráfico.

Se desprende de esta situación la necesidad de avanzar en la legalidad de los diferentes usos del cannabis. Distintas iniciativas apuntan en ese sentido con dispositivos que fijan pautas de legitimación de autocultivo con fines medicinales, actividades de investigación, desarrollo productivo, uso adulto, entre otros.

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No obstante, otras líneas de pensamiento proponen como solución ante el atropello a les usuaries y consumidores, y el fragrante fracaso de la llamada “lucha contra el narcotráfico”, un cambio de estatus legal  sobre la sustancia y ya no sobre los usos que el Estado reconozca como legítimos. En este sentido, un reciente documento de la Asociación de Pensamiento Penal propone una opción regulatoria (leer aquí) que posibilite normalizar el estatus legal de la planta de marihuana y sus derivados, a través de un mecanismo de limitación de la facultad del Poder Ejecutivo de incluir al cannabis en la lista de sustancias prohibidas.

De una u otra manera se necesitan acciones urgentes del poder político para crear normativas que no comprometan derechos humanos fundamentales y garanticen seguridad a usuaries, consumidores y cultivadores.

 

“El orgullo es una respuesta política”

 

 

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