Organismos de Derechos Humanos de Mendoza realizaron un acto exigiendo que el edificio enclavado en el centro cívico godoycruceño sea reconocido como Sitio de la Memoria. A pesar de ser convocadas, las autoridades municipales no participaron del encuentro. El eje de las demandas apunta a que el lugar se adapte a los objetivos de la legislación nacional vigente al haber funcionado como Centro Clandestino de Detención (CCD), tortura, secuestro y desaparición de personas durante la última dictadura. El conflicto se agudizó tras conocerse un convenio de uso entre el municipio y la Fundación UndercOde.

Por Redacción EL OTRO | Fotos: EL OTRO

Con el frondoso cúmulo de reivindicaciones conquistadas en 45 años de lucha, resistencia, tenacidad, memoria colectiva y praxis política, Organismos de Derechos Humanos de Mendoza advirtieron a las autoridades de la comuna de Godoy Cruz, mediante un acto realizado la semana pasada, que no descansarán hasta que el edificio de la ex Comisaría Séptima se convierta en un Sitio de Memoria tal cual estipulan los alcances y objetivos de la Ley Nacional 26.691 de “Preservación, señalización y difusión de Sitios de Memoria del terrorismo de Estado”.

La tensión por el destino del edificio se agudizó desde el momento en que tomó estado público un convenio celebrado entre el Municipio y la Fundación Underc0de, contrariando un compromiso asumido en 2008 por Diego Gareca, entonces director de Derechos Humanos de Godoy Cruz y actualmente a cargo de la Dirección de Cultura e Industrias Creativas -aunque se lo reconozca más en esta coyuntura por haber sido considerado por la Justicia provincial responsable de la pérdida patrimonial tras el incendio del ECA, y a la vez estar representado por otro exfuncionario cornejista procesado por abuso sexual.

En medio de ese tránsito de confusión y contradicciones, Martín Appiolaza, actual director de Prevención, Participación Comunitaria y Derechos Humanos estableció y mantiene un relativo diálogo con representantes de los organismos de DDHH que desembocó en la integración del Consejo Consultivo -creado por ordenanza municipal para planificar el destino del espacio y que reserva la participación de un representante por parte de las organizaciones vinculadas a la promoción de los DDHH-, aunque con el compromiso de respetar los objetivos de la legislación nacional de Sitios -a la cual la provincia de Mendoza no ha adherido- y el mantenimiento de un canal de diálogo permanente.

La falta de respuestas certeras, el estancamiento de las conversaciones y la preocupante avanzada sobre las instalaciones del edificio por parte de Underc0de, movilizaron a los Organismos de Derechos Humanos a manifestar cierto descontento con la gestión del conflicto mediante el acto de ayer.

En diálogo con EL OTRO, Eduardo Nino Bonoldi, integrante de Familiares de Detenidxs Desaparecidxs, afirmó que “el acto fue para poner un pie simbólico de los Organismos de Derechos Humanos de Mendoza en la ex Comisaría Séptima de Godoy Cruz. Fue un acto de los organismos -ni siquiera convocamos públicamente ante los recaudos sanitarios de la pandemia-, con la intención de que sea una ceremonia íntima en la que cada organismo le aportara el significado que sentía que había que darle”.

Respecto a las conversaciones que se vienen entablando entre los organismos de DDHH y la gestión municipal, Bonoldi aseguró que “hay un carril formal por el que integramos el Consejo Consultivo, hemos estado reunidos y trabajando, tratando de rescatar que el edificio esté destinado a ser un Sitio de Memoria”, aunque reconoció que “a pesar de que fueron especialmente invitadas, las autoridades municipales no acudieron al acto”.

Durante el mismo, las integrantes de la “Asociación de Mujeres Sobrevivientes de las Dictaduras por la Memoria” ratificaron leyendo, el contenido de una nota dirigida al intendente Manuel Tadeo García Zalazar en junio, en la que advirteron su alarma por “las versiones públicas acerca de una Fundación privada que contará con oficinas en ese lugar, proponiendo realizar obras e innovaciones, cuando aún no se ha llamado al diálogo a sobrevivientes y organismos de DDHH cuyos conocimientos, experiencias y vivencias en ese lugar, les habilitan histórica y éticamente, para aportar respecto de la preservación y puesta en funcionamiento de dicho espacio”.

En la misiva, recordaron a sus pares que fueron “retenidas y torturadas” en las instalaciones del edificio: “Julia Antonia Gautieri y María Celeste Seydell, detenidas y vendadas en esa dependencia; Susana Zulema Zó Mavrich, perteneciente a una familia de Godoy Cruz, quien permaneció un mes en los calabozos y fue torturada durante ese periodo; María Alvarado, desaparecida, secuestrada en la zona céntrica y llevada a esa Comisaría. Asimismo, el sobreviviente Alberto Córdoba testimonió en el IV Juicio por Delitos de Lesa Humanidad, que por las noches se escuchaban gritos de mujeres a raíz del maltrato de los policías”.

“Rechazamos la utilización arbitraria de ese Sitio de Memoria y solicitamos que hasta que no se resuelva el conflicto planteado, el Municipio preserve el lugar a fin de no obstaculizar la vía administrativa y de diálogo de buena fe, hasta que se acuerden las líneas de trabajo e iniciativas a desarrollar en el mismo”, concluye la carta de las mujeres sobrevivientes.

Por su parte, Familiares de detenidxs desaparecidxs recordó durante el acto que “en Mendoza, en base a la ley nacional 26.691, se señalizaron 9 lugares, entre ellos el Centro Clandestino de Detención, Tortura Violencia Sexual y Exterminio (CCDTyE) D2, la Compañía de comunicaciones VIII de Montaña, el Liceo Militar, el Hospital Militar, el Casino de Suboficiales, Las Lajas. Y en San Rafael, la radio municipal, los bomberos y la sede de tribunales” y que “la ley representa la necesidad de Memoria, Verdad y Justicia, para no olvidar los acontecimientos sufridos en el terrorismo de Estado, pero también la importancia de preservación de esos sitios como pruebas materiales e históricas de lo sucedido. La Comisaría Séptima de Godoy Cruz centralizó las detenciones ilegales de la zona de esa zona y sirvió como circuito de paso de cientos de desapariciones”.

Familiares también brindó otro enfoque siniestro del lugar como centro operativo de la represión, al observar que “otro capítulo merece el mal trato de ‘las putas’ que pasaron por este lugar en los años ´70, mujeres que también fueron torturadas por ejercer de putas, recordemos el siniestro grupo Pío XII que lideraba Santuccione, que pretendió limpiar las calles de Mendoza de putas, torturando y asesinando a muchísimas mujeres. Esas mujeres fueron en muchos de los lugares de detención de gran ayuda para las y los presos clandestinos y sus familias. Hay muchos testimonios al respecto en los Juicios de Lesa Humanidad. Vaya nuestro reconocimiento a ellas”.

En representación del MEDH (Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos) participó el exjuez provincial Horacio Báez, quien aseguró a este diario que “la referencia principal en términos legales y de derechos es la Ley 26.691 que declara como Sitios de Memoria a los lugares utilizados por el terrorismo de Estado como centros clandestinos de represión ilegal. Es una ley que le otorga derechos a los Organismos de Derechos Humanos, especialmente presentes familiares y sobrevivientes de aquel espanto”.

El letrado reparó en que “esa normativa convoca al accionar conjunto entre las jurisdicciones nacional, provinciales y municipales en la creación de entes con autonomía funcional y autarquía financiera, algo que debería fomentar incluso cierta conveniencia para que las autoridades municipales ejerzan fructíferamente las instancias de diálogo con los Organismos de Derechos Humanos”.

Para concluir, Báez insistió en que actos como el de ayer son indispensables para “que nosotros y nosotras, nuestros hijos e hijas, nuestros nietos y nietas, sepan lo que allí sucedió y no volver a repetirlo. Para entender la dimensión e importancia que tiene para nuestro país haber llevado adelante los Juicios de Lesa Humanidad, ejemplo a nivel regional y global. Porque la identidad de la tragedia es provincial, regional, latinoamericana y con las fotografías de nuestras compañeras y compañeros que se desplegaron en este acto, en tanto ejercicio de memoria colectiva, nuevamente recordamos su sufrimiento indecible y la necesidad impostergable de que lo antes posible estemos colaborando con la administración y funcionalización de la ex Comisaría Séptima como Sitio de la Memoria”.

 

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