La Asamblea por el Agua de Las Heras denunció a Alfredo Cornejo y Rodolfo Suarez como los principales responsables de la persecución política y judicial contra Nora Moyano. Todavía pesa sobre la reconocida defensora del agua la absurda acusación de haber instigado el secuestro de todo el cuerpo de legisladores de Mendoza, en diciembre de 2019, durante el tratamiento de la Ley cianuro. La Justicia, que ya le negó el sobreseimiento, citó a Moyano a una audiencia virtual para hoy a las 8.30 hs.
Por Negro Nasif
“Es una locura que me acusen de ser instigadora, tengo 70 años, EPOC y enfisema, no estoy en condiciones de secuestrar una legislatura”, sostuvo Nora Moyano en una entrevista con EL OTRO, en junio de 2021. Más de un año después, el ridículo, lejos de revertirse, sigue alimentando un proceso judicial que se enmarca en una sistemática criminalización de la protesta social en Mendoza.
El 17 de diciembre de 2019, durante la histórica pueblada por el agua pura, el senador macrista Pablo Priore denunció un presunto secuestro extorsivo contra los miembros del Poder Legislativo, acusando a quienes protagonizaron la multitudinaria movilización en las puertas de la Legislatura, durante el tratamiento de la Ley cianuro acordada entre el oficialismo y casi la totalidad de la oposición peronista.
Las masivas protestas callejeras obligaron al Gobierno y a ambas cámaras legislativas a dar marcha atrás y restituir la vigencia de la Ley 7722, bautizada popularmente como Guardiana del Agua. Sin embargo, las investigaciones judiciales continuaron y, pese a que Nora Moyano solicitó la nulidad de todo lo actuado, la jueza de garantías Patricia Alonso confirmó, el 3 de junio de 2021, el procesamiento de la referenta de la Asamblea por el Agua de Las Heras.
“El fiscal argumentó que tenía pruebas fotográficas y de testigos, empleadas de la Legislatura y Policía, y según sus dichos se me señala como instigadora. Está claro que soy el chivo expiatorio, somos cuatro compañeros denunciados pero la única imputada soy yo”, sostuvo entonces Moyano, quien además dio precisiones sobre las verdaderas motivaciones del procesamiento: “Esto tiene una clara intencionalidad política, no se está haciendo un acto justiciero. En los argumentos que leyó el fiscal utiliza un lenguaje propio de la dictadura y denota un profundo desprecio a la inteligencia colectiva”.
Aún hoy la Justicia, enancada en las herramientas de criminalización social otorgadas por el nefasto Código Contravencional, se niega a dictar el sobreseimiento de la militante ambientalista y avanza con la causa, en la que se fijó una nueva audiencia virtual para este martes a las 8.30 hs.
Frente a este panorama, la Asamblea por el Agua de Las Heras apuntó directamente a Alfredo Cornejo y Rodolfo Suarez como los principales impulsores de la avanzada contra Moyano y quienes defienden la plena vigencia de la 7722. Lo hizo a través de un comunicado difundido en los últimos días que, entre sus párrafos salientes, señala:
La persecución política a nuestra amiga y compañera Nora Moyano por luchar por la defensa del agua y los Bienes Comunes continúa. La justicia adicta al gobierno de Cornejo y Suarez ha llamado a Nora a la audiencia este martes 1 de noviembre a las 8.30 hs, convocada cobardemente de manera virtual. La negación de sobreseimiento de la causa que la imputa por ejercer su derecho legítimo a la protesta no sólo carece de fundamento sino que es ilegal.
El fiscal Ticheli, con esta negación de sobreseimiento, demuestra que el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, lejos de representar al pueblo democráticamente, utilizan los mecanismos del Estado para proteger los intereses de poderosas corporaciones que vienen por el saqueo y la contaminación de nuestros Bienes Comunes, y quieren hacer de la persecución política de Nora un caso ejemplificador, disciplinador, para que nadie se oponga a este modelo extractivista.
Nora Moyano es un blanco político fijo. Luchadora social, siempre presente y comprometida con las causas del pueblo, siempre forjando lazos solidarios para que las luchas se unan y fortalezcan. Esta represión y persecución judicial a luchadores y luchadoras sociales es un plan sistemático tanto de los gobiernos provinciales como del gobierno nacional. Vienen por la 7722. Vienen por todo.
