La organización Líbera inició acciones legales contra Marisa Belinda Manno, la médica autodenominada “pro-vida” que amenazó de torturas y muerte a Denise Llorens, por expresarse a favor de la legalización del aborto. Las asesoras legales de la víctima solicitaron a la Justicia Penal que investigue la comisión de los delitos de amenazas y asociación ilícita, al tiempo que presentaron acciones administrativas ante el INADI y el directorio del Hospital Central. La profesional “arriesga una pena de prisión de 6 meses a 2 años, en el caso de las amenazas; y en el supuesto de asociación ilícita la pena es 3 a 10 años, la que podría estar agravada por su condición de funcionaria. Además se deberá contemplar la inhabilitación para ocupar cargos públicos y la inhabilitación especial para ejercer la medicina”, manifestó la abogada Leticia Morcos en diálogo con EL OTRO.
Por Redacción EL OTRO
“La organización de abogacía feminista, acompañando a la mujer que recibió las intimidaciones vía redes sociales, realizó presentaciones ante la justicia provincial, la administración del nosocomio y el INADI. Las mismas apuntan a que se investigue lo ocurrido, a la búsqueda de reparación y garantías de no repetición”, comunicaron este miércoles desde Líbera.
El pasado 14 de diciembre una investigación especial de EL OTRO reveló un audio agraviante e intimidatorio que, luego de varios cotejos, se demostró que fueron emitidos desde la cuenta de Facebook de la médica mendocina Belinda Manno, vía Messenger, hacia el perfil de Denise Llorens quien reside en la provincia de Río Negro.
“Así que te reís de lo que yo comento en el Facebook, ¡puta asquerosa! Soy médica, cuando quieras asesinar a tu hijo, que estaría bueno que asesines a tu hijo porque va a ser la misma cagada asquerosa que vos, y caigás en mis manos, te voy a hacer concha. Con mis enfermeras ya tenemos todo planeado lo que vamos a hacerles a ustedes, putitas asquerosas, cuando lleguen. Te vamos a hacer recontra concha, te va a doler hasta el alma, ¡puta asquerosa, puta reventada! Reíte ahora… reíte puta porque nosotras con las enfermeras ya nos estamos riendo de todo lo que les vamos a hacer. ¡Asquerosa, diabólica, asesina, puta!”, manifestó Manno el 11 de diciembre, aunque luego negó rotundamente ser la autora de este mensaje de voz.
Pese al inicial silencio de medios hegemónicos de comunicación oficialistas y de operaciones de prensa de algunos portales online, como el caso de Mendoza Post, la publicación de EL OTRO tuvo amplia repercusión en redes sociales y transcendió las fronteras de la provincia, llegando incluso a medios digitales extranjeros. Lo que obligó al Ministerio de Salud de Mendoza a promover un sumario administrativo en el que se ordenó la inmediata suspensión preventiva de la doctora Manno, mientras se sustancie la investigación.
Paralelamente, entre el 21 y el 23 de diciembre, Denise Llorens, con el asesoramiento jurídico de la organización de abogacía feminista Líbera, inició la causa Nº P-96.915/20, que ya se tramita en la UFI Correccional a cargo del fiscal Tomás Guevara; se hizo parte en el expediente del Hospital Central GDE-2020-06028708 donde se investiga a la médica; y realizó una presentación ante el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), cuya pieza administrativa aún no ha sido identificada por el organismo.
La abogada Leticia Morcos, miembra de Líbera, dialógo con este diario y dio algunas precisiones sobre las acciones legales. “El día 21 presentamos la denuncia en el Ministerio Público Fiscal por vía online, ya que no se pudo presentar de otra manera por las restricciones sanitarias actuales. La coordinación del Ministerio Público recibió la denuncia y se la asignó la UFI Correccional, y allí será donde vamos a presentarnos para acompañar toda la prueba y ampliar la denuncia. Los delitos que se pide que se investiguen son los de amenaza y asociación ilícita”, explicó la letrada.
Para Morcos la amenaza es evidente y está claramente configurada. En cambio, si bien hay elementos probatorios iniciales, la figura de asociación ilícita deberá ser minuciosamente investigada para determinar si efectivamente hay un plan organizado, de tres o más personas, para cometer delitos, y constatar si Manno estaba al frente de ese grupo tal como reconoció en su mensaje de voz. “Con mis enfermeras ya tenemos todo planeado lo que vamos a hacerles a ustedes, putitas asquerosas, cuando lleguen”, sostuvo la médica y luego reforzó en medio de agravios e insultos: “nosotras con las enfermeras ya nos estamos riendo de todo lo que les vamos a hacer”.
“En caso de probarse de que ella encabeza una asociación ilícita, la situación de la doctora Manno se complica mucho más, debido a su condición de funcionaria pública lo que está contemplado como un agravante en el Código Penal”, subrayó Morcos y aclaró que la profesional del Central “arriesga una pena de prisión de 6 meses a 2 años, en el caso de las amenazas; y en el supuesto de asociación ilícita la pena es 3 a 10 años, la que podría estar agravada por su condición de funcionaria. Además se deberá contemplar la inhabilitación para ocupar cargos públicos y la inhabilitación especial para ejercer la medicina”.
Para Líbera es fundamental considerar que las agresiones recibidas por una mujer que se expresó a favor del aborto en redes sociales se dan en el contexto del debate en el Senado por la Ley de acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo, por lo que persigue “amedrentar –y disciplinar- no sólo a quien fueron dirigidas, sino también intimidar a quienes demanden prácticas de salud en torno a sus derechos sexuales y (no) reproductivos”.
Además, la organización consideró que “este tipo de discursos de odio alerta sobre la posibilidad de que existan prácticas de castigo organizadas en el sistema de salud, incurriendo en violencias contra las mujeres, tal como lo señala la ley 26.485, en las modalidades de violencia institucional, y contra la libertad sexual y reproductiva, vulnerando así los derechos humanos de las/es pacientes”.
El trasfondo de este tipo de prácticas en el sistema de salud, que evidentemente no son para nada aisladas, evidencia “la ausencia de políticas públicas integrales destinadas a erradicar los sesgos violentos en las intervenciones de las/os efectores de salud tanto públicos como privados”, señalaron desde Líbera y, debido a este carácter sistémico de la problemática, reclamaron al Hospital Central la formación contemplada en la Ley Micaela y, como garantía de no repetición, “que elabore un programa de formación permanente en materia de Derechos Humanos de las mujeres, Derechos Sexuales y Reproductivos y prevención de la violencia de género en su formas institucional y simbólica, para lo cual, la organización se ha puesto a disposición”.
En suma, más allá de las investigaciones en curso y sanciones administrativas y penales que deberán aplicarse, casos de esta naturaleza reafirman que el Estado es responsable y que sin políticas públicas no será posible prevenir ni erradicar la sistemática violencia que sufren cotidianamente las personas gestantes.
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