La Dra. Carolina Jacky acusó al Ministro de Seguridad (Gianni Venier) y al Director General de Policías (Roberto Munives) de haber cometido los delitos de coacción y desobediencia de una orden judicial. Los funcionarios se niegan a cumplir un fallo que ordena reincorporar y reintegrar los salarios adeudados a la oficial Paola Legay, quien fue dada de baja hace seis meses, tras denunciar violencia de género dentro de la fuerza.
Las máximas autoridades de Seguridad de Mendoza fueron denunciadas penalmente -el lunes pasado- ante la Unidad Fiscal de la Capital. La abogada Jacky, quien patrocina a Legay, “entiende que ha existido coacción para producir la baja de la actora y desobediencia a la orden judicial impartida”. “Siendo en este caso el Estado provincial el incumplidor, es importante que se determinen las responsabilidades de que no se cumpliera con la LEY 26.485 y con la ORDEN JUDICIAL, como así también de quien con su accionar llevó a que la actora fuera dada de baja”, dice textualmente el escrito que presentó la letrada.
A la hora de señalar responsables, el texto refiere que “en este caso parten desde el propio Ministro de Seguridad de la Provincia de Mendoza, Dr. Gianni Venier y el Director de Policías, Comisario Roberto Munives, que ejercieron coacción para la baja de la actora de la Institución Policial y hoy no hacen cumplir la orden judicial impartida, hasta quienes con su actuar han dilatado el cumplimiento de la orden judicial, impidiendo que la actora percibiera sus ingresos”.
Por otro lado, la letrada solicita que se investigue a la jueza Graciela Beatriz Simón por incumplimiento a los deberes de funcionario público, al no enmarcar la causa en la ley 26.485 de protección integral hacia las mujeres.
Violencia y más violencia
En el año 2006, la oficial Paola Legay –primera mujer bombera de la policía provincial- denunció a sus superiores por violencia de género e institucional. Desde ese momento comenzó un largo periplo en la defensa de sus derechos que incluyó un dictamen favorable del INADI en el 2011 y derivó en una medida cautelar resuelta en diciembre de 2012 por la jueza Graciela Beatriz Simón, a cargo del Tribunal de Gestión Asociada Nº 1. En todo este recorrido asesorada por la Dra. Jacky, la cautelar definió su traslado del ámbito policial a fin de evitar su revictimización.
Legay, quien está pronta a convertirse en licenciada en psicología –se graduó hace un tiempo en la licenciatura en Seguridad Pública-, fue adscripta hasta diciembre del año pasado a Radio Nacional Mendoza, en donde gestionó la biblioteca popular Arturo Roig e incluso desarrolló capacidades para desempeñarse tanto en producción radial como en la elaboración de columnas especializadas en Seguridad Democrática.
Asumido el actual gobierno y anuladas las adscripciones por decisión del gobernador Cornejo, el jefe de la Policía de Mendoza, Comisario Roberto Munives, en un encuentro personal del que participaron el jefe de Asesores legales y la subdirectora de Recursos Humanos del Ministerio de Seguridad, le ofreció a Legay retornar a la fuerza para reimpulsar un gabinete psicosocial en la Comisaría del Menor, garantizándole que “la cuidarían”. Aun con ciertas dudas, finalmente Legay aceptó la propuesta.
Apenas reiniciadas sus labores en el ámbito policial volvió a ser discriminada y perseguida. Ante este panorama, su abogada acudió nuevamente al tribunal civil que tramita la causa y a la Dirección de la Mujer de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza. “En esa oportunidad se presentan certificados psicológicos y psiquiátricos donde se prescriben días de licencia sin concurrir a su lugar de trabajo”, expresa la denuncia. Pero a pesar de esta justificación, se le inició un sumario administrativo que culminó en la cesantía por abandono de servicio, algo que para la Dra. Jacky evidencia el hostigamiento y la coacción de las autoridades denunciadas.
El 11 de octubre pasado, la IV Cámara Civil de la provincia de Mendoza, integrada por el Dr. Claudio Leiva, la Dra. María Silvina Ábalos y el Dr. Claudio Ferrer, resolvió “admitir la continuación del pago de los haberes durante el plazo de 6 meses, además de los haberes correspondientes a los meses que no se le han abonado”, así como “disponer como medida de protección la evaluación de la Sra. Paola Legay por el Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial de la Provincia”.
En diálogo con EL OTRO, Jacky manifestó que “han pasado dos meses y ninguna de estas medidas han sido implementadas por el Ministerio de Seguridad, es inadmisible que las autoridades no cumplan una orden judicial, es poco serio que un Ministro no cumpla con la Justicia. Venier es abogado y sabe que las órdenes judiciales hay que cumplirlas, ¿qué imagen está dando a quienes delinquen y son condenados por un fallo?”, al tiempo que agregó que “quien no respeta una orden judicial demuestra ser violento y autoritario, y sin dudas poco le importa la comunidad donde vive”.
En una reciente publicación en redes sociales, la abogada aseguró que “el caso de Paola Legay no es cualquier caso y no tengo dudas que hay quienes en el Ministerio de Seguridad quieren mostrar con ella que ninguna mujer puede rebelarse dentro de la fuerza”.
Leé la denuncia completa contra Venier y Munives aquí.
