Desde el pasado mes de agosto, el Ministerio Público Fiscal tiene paralizada una denuncia penal contra los directivos de la Aseguradora de Riesgos de Trabajo Asociart y los jueces Fioquetta, Simó y Salas, integrantes de la Séptima Cámara del Trabajo de la Primera Circunscripción Judicial de Mendoza. A todos se los acusa de abandonar a un obrero que, tras sufrir un gravísimo accidente laboral y posterior falta de prestaciones de la ART, se encuentra postrado en una silla de ruedas, a la espera de que la (in)Justicia le restituya sus derechos elementales. Luego de declararse incompetente, la fiscal Laila Atur Baz también fue acusada de no ordenar medidas urgentes que hicieran cesar la presunta comisión de delitos.
Por Negro Nasif
De acuerdo con la presentación formal realizada por Roberto Emanuel Mercado, este trabajador estuvo -desde 2013- bajo relación de dependencia de Fernando Malentacchi, desempeñándose como maquinista, sin haber sido registrado laboralmente.
La vida de Mercado cambió dramáticamente para siempre desde el 13 de agosto de aquel año cuando “fui atropellado por una pala cargadora y a consecuencia de tal evento sufrí: politraumatismos graves, fractura expuesta de pelvis por aplastamiento, lesión vascular de arteria y vena hipogástrica, disrupción (desgarro) perianal”.
No obstante esta terrible situación, la cual quedó documentada en actuaciones de la Oficina Fiscal 11 de Luján de Cuyo, Malentacchi despidió al obrero accidentado y, luego del inicio de una demanda laboral, pagó una indemnización por la desvinculación injustificada.
A partir de entonces, Mercado inició un eterno peregrinaje que incluyó un juicio por incapacidad contra Asociart ART SA, a quien le reclamó el pago de la indemnización y prestaciones médicas y dinerarias que prevé la Ley de Riesgos de Trabajo. El tribunal interviniente admitió la prestación por incapacidad y acreditó que el accidente le provocó una gran invalidez, la que fue dictamada por el perito médico Emilio Mihaljevic.
Ana María Salas, de la Séptima Cámara. Le atribuyen “actos de manifiesta arbitrariedad” y “mal desempeño” en juicios contra ART por enfermedades propias del trabajo. | Diario Uno, 8 de junio de 2014
La Justicia del Trabajo impuso a la ART la carga de cumplir con las obligaciones establecidas en la ley, entre ellas: asistencia médica y farmacéutica; prótesis y ortopedia; rehabilitación; etc. “hasta su curación completa o mientras subsistan los síntomas incapacitantes”. Obligaciones que Asociart no cumplió, según narra Mercado en su denuncia penal.
“El pasado 9 de julio en horas de la tarde, tuve que ser internado de urgencia en el Hospital Central, pues la ART Asociart SA no se hizo cargo de mi atención y cuidado, abandonándome a mi suerte; todo ello, a pesar de haber sido avisada del suceso la representante legal de la empresa, Dra. Carolina Moreschi”, sostiene la presentación que inició el expediente judicial del Ministerio Público.
Marcelo Venier, abogado del trabajador, “cursó correos electrónicos a los domicilios electrónicos institucionales de los jueces actuantes, a fin de que tomaran acciones directas para materializar y/o efectivizar la orden dispuesta”, se consigna en la denuncia, que prosigue: “Los citados magistrados, lejos de resguardar mi persona, se abstuvieron de intervenir, completando mi estado de desamparo”.
Mercado fue internado e intervenido quirúrgicamente en el hospital público y, pese que obtuvo el alta médica, días más tarde debió ingresar nuevamente a ese centro asistencial por complicaciones en su estado de salud.
El juez Sergio Simó, de la Séptima Cámara Laboral, se hizo famosos por haber renunciado “por error” al cargo que aún ocupa. | Diario Uno, 10 de junio de 2020.
“Ninguna de las prestaciones médicas y farmacéuticas que dispusiera en su momento la Séptima Cámara han sido cumplidas por Asociart ART SA y mucho menos, ordenadas efectivizar por el tribunal interviniente. Hoy me encuentro en mi casa sin la debida atención ni cuidado para mi estado de gran invalidez”, señaló el trabajador en su denuncia la que, desde entonces, no ha tenido ningún avance significativo, sosteniéndose la impunidad de una empresa privada muy importante y de magistrados que, a la luz de los hechos relatos por Mercado, no actuaron para restablecer el estado de salud de un obrero afectado seriamente en su calidad de vida, colocándolo en estado de supervivencia, postrado en una silla de ruedas donde espera los servicios de la ART y la restitución de derechos por parte del Poder Judicial de Mendoza.
Ante esta situación de extrema vulnerabilidad, el doctor Venier amplió con nuevos elementos la presentación anterior, denunció el mal desempeño de la fiscal de delitos no especializados, Laila Atur Baz, y exigió la intervención inmediata de la Coordinación del Ministerio Público Fiscal para que, “en caso de proceder, inicie el proceso de destitución de la citada funcionaria”
La fiscal reconoció en el expediente el estado de vulnerabilidad del denunciante, sin embargo se declaró incompetente y no dispuso acciones inmediatas para hacer cesar los efectos del posible crimen. “No ha dispuesto las medidas urgentes propuestas por esta parte, preocupándose tan sólo por conciliar los intereses ‘patrimoniales’ sin atender a la responsabilidad penal de los victimarios”, planteó el representante legal de Mercado, quien además puso nombres y apellidos a quiénes habrían cometido el delito de abandono de persona: los directivos de Asociart, especialmente el jefe médico Pablo Matías Lescano, y los jueces del fuero del Trabajo, Federico Fioquetta, Sergio Simó y María Salas.
Entre las heladas fojas judiciales, como los corazones de los magistrados, constan algunas fotografías que muestran las terribles heridas en el cuerpo de un joven que, a la luz de los hechos y las interpretaciones de la (in)Justicia, vale menos que los intereses patronales, los negocios de las aseguradoras e, incluso, la topadora que le pasó por encima.
Aquí no hay Justicia. Claramente.
