El mismo Estado provincial que regala más de 12 mil hectáreas públicas de la Cordillera a la empresa privada porteña El Azufre, despliega más de 400 policías para desalojar violentamente a 130 familias mendocinas que, sumidas en la indigencia extrema, montaron chozas de palos, nailones y chapas en un lote privado desocupado. El fiscal Lauro Monticone, tristemente célebre por reprimir protestas sociales, agredir a una periodista, cajonear una causa contra una jueza pasada de copas, y recibir sanciones por revictimizar a una mujer vulnerada, impulsó el violento desalojo en La Favorita, localidad ubicada en la ciudad más opulenta y desigual de la Provincia de Mendoza.
Por Negro Nasif
En menos de una semana, el Estado provincial usó la violencia represiva para desalojar una asamblea de vecinas y vecinos que solicitaban mejoras en el transporte público en Las Heras; desmontar un encuentro cultural en una vivienda de Godoy Cruz bajo el pretexto de “ruidos molestos”; y concluir una ocupación de familias indigentes en Capital.
La utilización de la fuerza, aquello que debiera ser la última ratio republicana –última razón o argumento- se ha constituido en Mendoza como una de las pocas herramientas para responder a conflictos o demandas sociales que, más que armas y agentes policiales, requieren abordajes multidisciplinarios que garanticen la convivencia y el ejercicio de derechos humanos esenciales consagrados en la Constitución Nacional, como la vivienda, la alimentación, el transporte, la cultura, etc.
Duros con los débiles
Este martes, un impresionante operativo policial, impulsado por el fiscal Lauro Monticone, desplegó a más de 400 agentes de seguridad para desalojar a 130 familias que en los últimos meses ocuparon un lote baldío privado, para levantar allí sus viviendas de materiales precarios en las que pudieran resguardarse.
Lejos de tratarse de una organización delictiva que tiene por objeto la violación de la propiedad privada, como algunos funcionarios y periodistas pretenden presentar al drama socioeconómico de La Favorita, las centenas de personas sin viviendas son parte de la cruda realidad que describen las estadísticas de indigencia y pobreza que sufre la Argentina y Mendoza. En los rostros de cada una de ellas, más allá de cualquier situación particular que se pretenda esgrimir, están las cifras del hambre en primera persona, el déficit de vivienda estructural, la desocupación o cualquier otro indicador que refleje las consecuencias humanas de la crisis económica de los últimos años.
Frente a este doloroso escenario, en lugar del desarrollo de políticas públicas inclusivas que mitiguen y solucionen los graves problemas sociales de las poblaciones más vulneradas, el Gobierno de Mendoza insiste con su fracasada mano dura, que es la única mano tendida para responder a una marcha de vecinos, a un encuentro artístico de jóvenes, o a las necesidades acuciantes de decenas de mujeres, hombres, niños, niñas y adolescentes en situación de extrema indigencia.
Como se vivió recientemente en El Borbollón (Las Heras) y en plena calle San Martín de Godoy Cruz, las imágenes registradas por las y los ciudadanos de La Favorita muestran nuevamente un desproporcionado despliegue de fuerzas e infraestructura de seguridad, que culmina con violencia institucional, respuestas agresivas de personas desesperadas, y represión sobre población con notorias necesidades. Fuerzas de seguridad que no priorizan la prevención del delito o la erradicación del crimen organizado, cuyos estragos crecen de manera sostenida en Mendoza.
¿Combatir la pobreza o combatir a los pobres?
Resulta obvio señalar que los conflictos y demandas sociales requieren políticas coherentes con estas problemáticas, y no policías, palos y una justicia punitiva, selectiva y completamente subordinada al oficialismo, que descarga su espada sobre los más pobres.
Sin embargo, es difícil seguir manteniendo esperanzas en un gobierno que, detrás de su blindaje mediático financiado con cuantiosos fondos públicos, prioriza a los sectores más concentrados de la economía, en desmedro de las familias obreras, de clase media, y de aquellos que, marginados del mercado de trabajo y el consumo, quedan condenados a sobrevivir sin acceso a recursos elementales. Al mismo tiempo que, por ejemplo, profesionales de la salud con altos niveles de formación académica se ven obligados a renunciar de forma masiva a sus cargos en hospitales públicos, por la pérdida sistemática del poder adquisitivo del salario.
Más allá del curso del proceso judicial que motivó el desalojo de La Favorita, y sin dejar de considerar los derechos legítimos de quienes siendo propietarios de inmuebles son afectados por ocupaciones y usurpaciones, resulta evidente que, en medio de una situación social que podría generar un crecimiento de asentamientos colectivos en propiedades privadas, los responsables políticos no están enfocados en políticas de viviendas, sino en garantizar -o no impedir-multimillonarios negocios inmobiliarios en el oeste del Gran Mendoza, a lo largo de todo el piedemonte mendocino o, directamente, en la misma Cordillera de Los Andes.
El mismo Estado que responde con desalojos a los vulnerados mendocinos es extremadamente blando con los inversores extranjeros. En este sentido, el caso más irritante lo protagonizó el propio gobernador Rodolfo Suarez a fines del año pasado, otorgando por decreto más de 12 mil hectáreas de terrenos fiscales de la cordillera malargüina a una sociedad anónima de Buenos Aires, que no pagó un solo peso para alcanzar semejante cesión.
Certificado de (mala) conducta
Video: Represión de protesta de trabajadores municipales que terminó con 46 detenciones. El fiscal Monticone estuvo a cargo de la causa. Julio de 2020.
Resulta por demás preocupante que funcionarios judiciales como Lauro Monticone, con numerosos antecedentes de criminalización de la pobreza y de la protesta, sean quienes promuevan procesos sin ninguna perspectiva acerca de la complejidad social que contextualiza de manera indisociable a investigaciones penales de esta naturaleza. Basta con analizar la intervención del fiscal en otros casos ya informados por EL OTRO, como el de las Topadoras que arrasan monte, hogares y Estado o La cacería de Ciudad Suarez, para ilustrar el modelo de justicia que sostiene el funcionario, y el doble estándar que aplicó a la hora de cajonear una investigación contra una jueza que Bebió, atropelló, huyó… y la felicitó el presidente.
También alerta que fiscales como Monticone no sean precisamente un ejemplo de perspectiva de género, máxime si se tiene en cuenta que, en desalojos de comunidades en emergencia social, las personas especialmente vulneradas son mujeres, niñas y adolescentes. Al respecto, es pertinente recordar que este representante del Ministerio Público Fiscal, que conduce el procurador Alejandro Gullé, acumula antecedentes de violencia de género.
De acuerdo con diario Uno, en setiembre de 2010 “el fiscal Monticone arremetió con toda su humanidad contra la periodista Catherina Gibilaro, a quien tomó violentamente del brazo y apretó fuerte reiteradas veces”. El inexplicable acto violento por parte de un funcionario contra una trabajadora de la comunicación se dio en el marco de una causa judicial en la que se encontraba imputado un sacerdote sospechado del delito de pedofilia.
Además, el fiscal fue sancionado en noviembre de 2016 en una causa por violencia de género. El castigo lo recibió de parte de la Procuración, que entendió que Monticone transgredió la Ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, al revictimizar a quien efectuó reiteradas denuncias por violencia machista. Entre otras violaciones de la norma, Monticone citó a la víctima a una audiencia en la que estaría presente su agresor, lo que está expresamente prohibido por la ley.
Una pinturita.
