Según estadísticas nacionales, el porcentaje de población mendocina que terminó los estudios secundarios está por debajo del promedio de argentinos que completaron este nivel. Las mediciones señalan que a partir de 2006, con la vigencia Ley de Educación Nacional, la cantidad de personas con secundario completo creció, aunque de forma despareja y condicionada por las políticas de cada provincia. En los últimos años, Mendoza pasó de estar por encima del promedio a ubicarse entre las jurisdicciones más rezagadas.

Por Redacción EL OTRO

Tabla: Elaboración propia. Fuente: Indec.

De acuerdo con indicadores de bienestar del Indec registrados hasta 2021, el 57,7% de la población mendocina, de 25 a 64 años, completó los estudios secundarios. El resultado de esta medición ubica a nuestra provincia por debajo de la media nacional (62,6%). En el extremo superior se sitúa la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (86,3%), en tanto que en el fondo de la lista está Misiones (50,1%).

Si se observa la evolución de la cantidad de mendocinos y mendocinas con estudios medios finalizados en los últimos años, se puede observar que el número varió positivamente, de 56,6% en 2016, a 57,7% en 2021. Sin embargo, el crecimiento fue menor al registrado a nivel nacional, el cual saltó, en el mismo período, desde 56,4% a 62,6%. Es decir, en los últimos cinco años Mendoza creció un punto porcentual, en claro contraste con el 6% de ascenso en la media del país.

Gráfico: Elaboración Propia Fuente: Indec

Estos números tomados del SIES (Sistema Integrado de Estadísticas Sociales), que se elabora con datos de la EPH (Encuesta Permanente de Hogares), expresan de alguna manera la evolución cuantitativa, en el país y en cada provincia, de la aplicación de la Ley de Educación Nacional (LEN) que fue aprobada en 2006, y que apuntó principalmente a extender la escolarización obligatoria a todo el nivel secundario.

Claroscuros

Foto de archivo: Seba Heras

El derecho al acceso, la permanencia y la finalización de la escuela media fue ganando protagonismo desde principios de siglo en los debates sobre la educación pública, y se instaló en todos los países de la región. En Argentina la sanción de la Ley 26.206 planteó un nuevo escenario, a partir de la determinación de la extensión de la obligatoriedad escolar y de las nuevas responsabilidades y obligaciones del Estado Nacional y de las Provincias.

Las 24 jurisdicciones se vieron ante el desafío de confeccionar por su cuenta un sistema educativo nuevo, capaz de resolver problemas de fragmentación y desigualdad, brindar acceso universal y educación de buena calidad lo que, en perspectiva, evidenció diferentes caminos provinciales con resultados disímiles.

Foto de archivo: Coco Yañez

Hubo casos, como el de Mendoza, en los que no se logró incrementar la población con estudios secundarios como se esperaba; y otros, como el de Santiago del Estero en los que la población con nivel secundario completo se redujo, pasando de 58,6% en 2016 a 57,3% en 2021. También hubo crecimientos extraordinarios, como el de Río Negro, con un mejora de más de 11 puntos.

El incremento de la población con formación del nivel secundario -con la nueva ley- fue exponencial. Se sabe que entre 2006 y 2018, la matrícula del nivel secundario aumentó 11% y que la cantidad de jóvenes graduados creció 39%. No obstante, hay casos como el de Río Negro que bien cabe tomarse como ejemplos.

Foto de archivo: Coco Yañez

Según el CIPPEC (Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento), el logro en la provincia patagónica consistió en conseguir que la propuesta llegara a todas las escuelas, en el cambio de un régimen de evaluación más real y diverso, en la contratación de docentes que dejó de ser por hora y pasó a ser por cargo, y en el aumento del presupuesto educativo. “La experiencia rionegrina muestra que, con un abordaje sistémico, decisión política, liderazgo y construcción participativa, es posible idear y transformar la escuela secundaria”, señalan Alejandra Cardini y Belén Sanchez, integrantes del CIPPEC.

Mendocita

Foto de archivo: Coco Yañez

En contraposición con Río Negro, las estrategias para materializar la reforma educativa del nivel secundario en Mendoza no fueron las más adecuadas y, como consecuencia, se llegó a resultados mediocres. Un estudio realizado por PiPP (Plataforma de Información para Políticas Públicas), que se publicó en noviembre de 2021 y se denomina Cambio educativo y prospectiva: innovación y reforma de la escuela secundaria de la provincia Mendoza, señala una serie de errores y desaciertos en la reforma de este nivel y en particular en la aplicación del programa La Secundaria Federal 2030.

La autora del ensayo, la politóloga Paola Laspina, advierte que en la Provincia no se logró construir un modelo prospectivo descendente, basado en la interacción y en el diálogo, y que no se aportaron los recursos fiscales necesarios para la reforma. En el caso de la aplicación de Secundaria Federal 2030 el informe detalla que, al asignar la misma normativa para todas las escuelas, se encorsetaron las “posibilidades de acción” de cada una de ellas.

Foto de archivo: Cristian Martínez

Con respecto a los equipos técnicos que llevaron adelante la reforma, Laspina remarca que éstos fueron de carácter interno, todos provenientes de la Dirección General de Escuelas, dejándose fuera del proceso a la Universidad como a los institutos de Educación Superior. A su vez, la autora marca que los docentes no cuentan con formación para la nueva reforma educativa, y que tampoco el Gobierno mendocino ha planeado instancias de capacitación para los próximos años.

La falta de recursos fiscales para el programa Escuela Secundaria 2030, que menciona el estudio, es parte del recorte general para las escuelas en Mendoza denunciado por el Sute (Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación) a fines de 2021. Con un detallado estudio, que elaboró el CIEC (Centro de Investigaciones en Economía Crítica), se demostró la notable disminución del presupuesto educativo entre 2015 y 2022. “En Mendoza, donde por ley el presupuesto educativo debería representar el 35% del presupuesto total del Estado, es cada vez menor: pasamos del 23,7% en 2015 a un mínimo del 17,6% en 2021”, denunció en su momento el sindicato docente.

Foto de archivo: Seba Heras

En consecuencia, el informe económico del CIEC probó que el presupuesto educativo de Mendoza, en comparación con el resto de las provincias, fue retrasándose hasta quedar en los últimos lugares del país. “En 2015, Mendoza ocupaba a nivel nacional el puesto 15 en inversión educativa por cada estudiante. En 2020, el puesto 20. Junto con Corrientes es la que más ha caído: cinco lugares. Es decir, es la que más ha dejado de invertir en educación. Así, no hay calendario que resuelva nada”

Thomas lo hizo de nuevo

Foto de archivo: Coco Yañez

Para dejar en claro que 2023 no será el año en que la partida presupuestaria para educación se destaque por su incremento, el titular de la DGE (Dirección General de Escuelas) José Thomas confirmó recientemente, ante la Legislatura, que el Gobierno de Rodolfo Suarez prevé una inversión de $165.763 millones, para todo 2023. Lo que, en definitiva, representa 21,5% del presupuesto total de la Provincia.

Las novedades aportadas por el titular de la DGE ya no sorprenden a nadie. Los datos duros ratifican la irreversible tendencia al ajuste de los gobiernos radicales en los últimos años. Aunque no para de provocar un sabor amargo que otra vez se deje pasar la oportunidad de que la escuela pública despliegue su potencial, para que los adolescentes y jóvenes de nuestra provincia puedan desarrollar saberes que les permitan el ejercicio de una ciudadanía plena y las condiciones de posibilidad de un proyecto de vida digna.

 

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