El derecho es lucha en Campo Flores

El oeste capitalino es escenario de un antiguo conflicto, hoy en sede judicial. Los vecinos del Barrio Flores reclaman a la Universidad Nacional de Cuyo la propiedad de los terrenos que ocupan desde hace décadas. Reacia al pedido, la entidad educativa “donó” la superficie reclamada a la Municipalidad de Mendoza, que instrumenta una agresiva embestida para neutralizar la histórica reivindicación.

Fotos: Cristian Martínez

Antes que Perón

“Campo Flores” es una barriada emplazada en el oeste de la ciudad de Mendoza. Conocido ahora como Barrio Flores, sus primeros pobladores preexisten a la ley 1860 del año 1951 que autorizó a la Fundación Eva Perón a donar los terrenos para la construcción de la Ciudad Universitaria.

Aquel acto administrativo se transformó en el antecedente inaugural de un conflicto que se mantiene hasta hoy.

La historia de lucha de sus pobladores merece un tratamiento más profundo y detallado. Y trasciende los colores políticos de los gobiernos universitarios y de la Provincia. Pues en definitiva es una historia de personas pobres que osaron ejercer sus derechos ciudadanos.

Con más de cuarenta años de ocupación, en los años 90 un grupo de vecinos conformó una organización social, movilizados en hacer valer sus derechos sobre el terreno que habitan. Nació así la “Asociación de Fomento Campo Flores”.

El empujón formal permitió que su histórica demanda accediera al selectivo recorrido de la administración judicial.

Tras años de un extenso litigio, que acumula cuatro cuerpos y centenares de fojas, los vecinos esperan una resolución judicial de la Dra. Olga Pura de Arrabal, sobre quien recayó el expediente.

Tanta trampa

En medio del interminable laberinto, la Universidad Nacional de Cuyo vislumbró una oportunidad para embarrar la cancha. Con bombos y platillos, la gestión del ingeniero Daniel Pizzi anunció en julio de 2016 la donación de los terrenos del Barrio Flores.

La rimbombante publicidad ocultaba el eje del conflicto. La donación en realidad se realizó a la Municipalidad de Mendoza y no a los vecinos que reclaman la propiedad de los terrenos. “El objetivo es que el municipio capitalino pueda disponer de los terrenos para construir las calles, las cunetas, las acequias y la infraestructura necesaria para los servicios. También se les entregará el dominio de los terrenos y casas a sus habitantes”, informaba en su momento la crónica oficial.

Samuel Flores, quien reside hace 44 años en “el Flores” y conoce al extremo el tránsito judicial del reclamo, señala tajantemente que esa decisión de la Universidad transgredió “una medida cautelar de no innovar” dictada por la Justicia.

En la práctica, la Universidad posee lo que se denomina un “título incompleto” en términos de propiedad, pues nunca ocupó los terrenos que disputa.

A su vez, el colectivo que reclama las 4 hectáreas correspondientes a “Campo Flores”, basa su pedido en la ley veinteñal o usucapión. Su historia excede los términos contemplados en el derecho. Cuentan con título supletorio y están a punto de cumplir este año veinte períodos de pago ininterrumpido del impuesto inmobiliario.

Ciudad Suárez

Samuel aclara que la tensión no obedece a motivaciones político partidarias ya que “hablamos con todos los rectores de la Universidad de este tiempo: Bertranou, Martín, Gómez de Erice. Ninguno resolvió el problema”.

Sin embargo, los vecinos nucleados en la Asociación de Fomento Campo Flores denuncian que la Municipalidad de Mendoza ha sobrepasado los límites impuestos por la “donación” universitaria, que si bien promueve la urbanización y está avalada incluso por los vecinos, “está modificando la mensura”, afirma Samuel Flores.

Con esa impronta, el municipio avanza en la construcción de un NIDO (Núcleo de Innovación y Desarrollo de Oportunidades) que para los vecinos litigantes representa un claro ejemplo de usurpación. “No tienen ninguna facultad para ello, están violando doblemente la medida cautelar”.

La cotidiana intervención municipal, habilitada por el “obsequio” de la UNCuyo, actualmente se focaliza en esmerilar la relación de los habitantes del Flores -muchos de ellos recientes residentes y sin lazos con el conflicto- con quienes desde hace años sostienen el litigio por el terreno.

La avanzada de Suárez incluye insólitas conductas al margen de la ley. En medio de la veda electoral del año pasado, funcionarias del municipio se comunicaron con vecinos del barrio a través de WahtsApp prometiendo recursos para mejorar las viviendas en forma de “regalo”, tal como se puede escuchar en el siguiente audio:

El engaño incluyó un risueño “certificado” proporcionado por ANSES pregonado como garantía de escritura.

Una escenografía para el BID

La indecencia de la gestión capitalina colmó los ánimos vecinales hace unas semanas, en ocasión de la cumbre del BID en nuestra provincia. El intendente, quien preside la UCR a nivel provincial, inventó un tour por la pobreza a una delegación banquera. Previamente, sin consulta alguna y con el consecuente malestar de los vecinos, pintó de colores las viviendas del Flores. Con el estilo porteño del barrio de La Boca.

Sin margen para la expansión geográfica, el modelo de gestión del intendente Suárez pondera la renta inmobiliaria a las trayectorias de sus propios ciudadanos. A la par, la sintonía política con el gobierno universitario habilitó un sistemático ahogo hacia los vecinos del antiguo paraje enclavado en el oeste mendocino.

En franca complicidad con la Universidad Nacional de Cuyo, Ciudad Suárez transgrede resoluciones judiciales vigentes, mientras ejerce una tenaz actividad de hostigamiento, aprietes y amenazas sobre los vecinos del Flores.

Ya sea en forma directa a través de sus funcionarios, o indirecta, mediante ominosas prestaciones del hampa, Suárez no resigna la posibilidad de erigirse como el gestor estatal de un gran negocio inmobiliario que parecía perdido.

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