Azucena Medina vive con custodia policial tras el inicio de una causa contra el padre de su hija por violencia machista y violación reiterada de una prohibición de acercamiento. La mujer denuncia que mientras su expareja, con graves antecedentes penales, sigue teniendo contacto con la niña -actualmente al cuidado de la abuela paterna- no puede verla desde hace diez días debido a la inacción del Estado.
Texto: Negro Nasif | Fotos: Coco Yañez
“Estoy desesperada, ayúdenme por favor”, escribe Azucena Medina al messenger de EL OTRO y, sin alternativas institucionales, nos invita a su casa para intentar visibilizar la dramática situación que vive desde hace meses.
En la puerta del hogar de un barrio obrero nos encontramos con una patrulla de la Policía de Mendoza. Un agente nos pide con amabilidad que nos identifiquemos y expliquemos las razones de nuestra visita. La consigna está allí desde hace días, por orden de la Fiscalía de Violencia de Género, para proteger a Azucena, quien recibió amenazas y agresiones de su expareja y, además, merodeó por ese domicilio y su trabajo, pese a que se lo impide una prohibición judicial de acercamiento.
“Él es capaz de matarme y mi hija está en riesgo”, sostiene convencida y con temor evidente. Pero eso no es lo que más le aterra sino la imposibilidad de no volver a ver a la niña, nacida hace tres años y que hoy, por un acuerdo vencido ante el Órgano Administrativo Local (OAL) de Godoy Cruz, está “bajo el cuidado y protección integral de su abuela paterna”, quien no permite el contacto de la menor con la madre ni otros miembros de su familia.
Entre la frondosa documentación que reúne de forma cronológica, Azucena nos muestra la copia de un informe psicológico firmado por la licenciada Carina Aguirre Ascorra, psicóloga matriculada bajo el N° 2687, quien desde el 11 de noviembre de 2019 la asiste profesionalmente.
“Azucena relata episodios de violencia de su marido hacia su persona propiciados por el temperamento violento del Sr. H. (omitieremos su identidad para no vulnerar derechos de niños, niñas y adolescentes). Ella ha padecido de él maltrato psicológico, físico y económico, ante el cual su conducta fue pasiva, sumisa, intentando evitar la confrontación. Ella le tenía y tiene mucho temor a su marido. Era tan elevada la sensación de indefensión ante él, por sus amenazas de matarla o quitarle a su hija, sobre todo propiciadas en ocasiones en que ella expresaba querer separarse de él, que la Sra. Medina no pudo denunciarlo al momento que ocurrieron los hechos que atentaron contra su integridad física (él la ha golpeado, amenazado, encerrado bajo llave y roto sus pertenencias en momentos de arrebato de ira)”, dejó constancia la Lic. Aguirre Ascorra en el escrito que fue presentado a la OAL a mediados del año pasado.
La especialista en psicóloga clínica agregó que “el miedo de Azucena se incrementa cuando descubre que el hombre con el que se casó tiene antecedentes penales por robo con uso de arma y con una pena de tres años con prisión en suspenso”. El informe de cinco páginas consigna además que Medina, a partir de evidencias muy precisas, denunció el 24 de julio a uno de los familiares directos de su expareja por un presunto delito muy grave, y concluye que “la Sra. Azucena Medina es apta desde lo psicológico para desempeñarse en el cuidado personal de su hija”, por lo que se solicita que ”sea reintegrada a su madre para favorecer su sana evolución psicoafectiva y para proteger a la pequeña de cualquier riesgo que pueda correr viviendo con su familia paterna”.
Sin embargo, para el Órgano Administrativo Local de Godoy Cruz habría pesado más una pericia psicológica que le realizaron a Azucena sin tener en cuenta, según subraya la mujer, los antecedentes de violencia de género que sufrió durante la relación con el padre de su hija.
La “Medida de Protección Integral de Derechos” por 90 días, acordada por las partes en noviembre de 2019, y avalada por el licenciado en Psicología Gustavo Elgueta (Mat. 4104), establece que la criatura viva con la abuela paterna y que la propia madre del varón denunciado por violencia de género asuma “el compromiso de continuar con la vinculación con ambos progenitores y la niña”.
Estas disposiciones se renovaron en julio de 2020 por tres meses más.
En diálogo con EL OTRO, Azucena exhibió documentación oficial que acredita todos los pasos institucionales que, infructuosamente, ha seguido para proteger las integridades y las vidas suya y de su hija, al mismo tiempo que manifestó que el último acuerdo ante la OAL venció los primeros días de setiembre de 2020 y nunca más fue renovado.
Ante ese “vacío legal”, el pasado 21 de octubre Medina presentó una nueva nota ante el Equipo Técnico Disciplinario (ETI) del Órgano Administrativo para que resuelva la revinculación y restitución definitiva de su hija, sin que ese pedido formal haya tenido respuesta a la fecha.
En el escrito enumeró el cumplimiento de sus responsabilidades para demostrar que puede ejercer el cuidado personal de su hija. “Cabe destacar que yo cumplí estrictamente con todo lo dispuesto sobre mi persona: Inicié y continué tratamiento psicológico con una respuesta favorable al mismo; respeté la orden de prohibición de acercamiento separándome definitivamente de hecho del Sr. H. en el mes de noviembre de 2019; asistí a los talleres familiares dados por la Lic. María José Oliver; acudí a cada citación del ETI; cumplí con las visitas a mi hija en los días y horarios dispuestos por su abuela paterna, no falté ni una sola vez; procuré proveer a mi hija con los alimentos, ropa, transporte, el pago del jardín maternal y cada situación emergente que surgiese…”
En contraste, Azucena denuncia que nunca el padre se hizo cargo del sostenimiento económico de la pequeña, que la abuela paterna le impide tener vínculo con ella y que, debido a esa postura que señala arbitraria, “hace más de una semana que no me la dejan ver”.
Medina relata, acompañada por una captura de mensaje de WhatsApp, que su hermana era el nexo con la abuela para facilitar los encuentros, pero que el 15 de febrero la señora cortó toda comunicación. “Dada las circunstancias que seguro usted ya conoce, no considero prudente que la bebé salga de mi domicilio”, les comunicó como si tuviese el pleno ejercicio de la patria potestad.
Azucena asegura que la abuela paterna “está tomando venganza por las denuncias penales que yo hice contra sus hijos y tiene como rehén a mi hija”. Explica que no quiere hacer nada fuera de la ley para que no sea usado como excusa para realizar una “contradenuncia” que pueda afectarla aún más, pero sostiene que el padre y el tío de la niña nunca dejaron de tener contacto, transgrediendo las prohibiciones de acercamiento que pesan sobre ellos, “con la complicidad de su madre”.
