Representantes del Ministerio Público Fiscal y de la Policía de Mendoza reconocieron que el femicidio de Florencia Romano podría haberse evitado de no desoírse un pedido de auxilio que ingresó a la línea 911 el sábado pasado. El mismo día en que la adolescente salió de su casa por última vez. Ni Una Menos Mendoza convocó a una movilización a Casa de Gobierno, para hoy a las 18 hs.
Por Redacción EL OTRO
Frente al inmenso dolor que provoca el femicidio de Florencia Romano, la niña de 14 años que era intensamente buscada desde el último sábado, el discurso hegemónico ya oscila entre los morbosos detalles de un crimen aberrante, las más variadas conjeturas en torno a la causa judicial, la interpretación libre de móviles delictuales y la habilitación de discursos de odio centrados en forzar una nueva exigencia de punitivismo y mano dura.
Todo parece indicar, de acuerdo con la información judicial disponible, que Pablo Ramón Arancibia y Micaela Estefanía Méndez fueron coautores del delito de homicidio agravado por ser cometido en contexto de violencia de género, que contempla una condena de prisión perpetua, tal como informó la fiscal de Homicidios Claudia Ríos.
Lo que resulta menos claro y hasta invisibilizado es que el desgarrador hallazgo del cuerpo envuelto de otra piba arrojada a una zanja no se trate de un caso aislado, ni la obra perversa de una pareja de enfermos mentales, sino, como vienen denunciando las organizaciones feministas, la sucesión insoportable de femicidios, travesticidios y transfemicidios a manos de violencia machista naturalizada en una sociedad que comienza a resquebrajarse pero mantiene incólume sus estructuras sociales, económicas, culturales y políticas al amparo de un Estado patriarcal y una casta de dirigentes que sostienen sus espacios de poder y privilegios.
Un femicidio cada 32 horas
Con una perspectiva de género no cosmética sino que hunde el análisis en esas estructuras patriarcales, más de 50 organizaciones que integran Ni Una Menos Mendoza exigieron al Estado, el pasado 25 de noviembre, la Declaración de emergencia en violencia machista, la implementación de la Ley Micaela, más fondos para la aplicación de la Ley 26.485 y recursos para la atención integral de mujeres e integrantes del colectivo LGTBIQ+ a nivel nacional, provincial y municipal.
“En este año extraordinario frente a una pandemia global, las mujeres y diversidades, como todes, hemos sufrido días de aislamiento y zozobra. Sin embargo, el aumento de las violencias machistas, los femicidios, travesticidios y transfemicidios, se ensañan con nuestras vidas y nuestros cuerpos. Hasta noviembre de este año podemos contar 267, en edades que van desde los 14 a los 70 años. Estos datos, exponen niveles de crueldad inimaginables, que el patriarcado y el capitalismo juntos potencian”, señaló Ni Una Menos en uno de los párrafos salientes que fueron leídos en la Legislatura provincial, en el marco del Día Internacional de la eliminación de la Violencia contra las Mujeres.
Las organizaciones feministas puntualizaron que “en Argentina se produce un femicidio cada 32 horas, con una tasa nacional de 0,9 femicidios cada 100.000 mujeres. Una realidad que la pandemia ha profundizado y que sigue produciéndose en el lugar más inseguro para las mujeres, el hogar”. Es por eso que exigieron, gritaron una vez más, ¡Basta de femicidios!, sin ser escuchadas por las y los funcionarios que, de acuerdo con el presupuesto provincial, disponen de $38 anuales por cada mujer o disidencia para la implementación de políticas públicas que eviten, entre otras violencias machistas, el asesinato de mujeres, travestis y trans por su condición de género.
Lamentablemente
Sin obviar el dolor, la indignación y la rabia, es en ese contexto caracterizado por los feminismos donde debe situarse el femicidio de Florencia y, además de las responsabilidades penales de las y los autores, denunciar otra vez la sistemática irresponsabilidad del Gobierno provincial y el Poder Judicial hegemonizado por funcionarios misóginos y, como se evidenció en el caso particular de este crimen, incapaces de prevenir y abordar situaciones en las que mujeres y disidencias terminan siendo las víctimas fatales cotidianas.
En una conferencia de prensa brindada ayer, el jefe de la Unidad Fiscal de Homicidios, Fernando Guzzo, la fiscal interviniente en la causa, Claudia Ríos, y el Director General de Policía, Roberto Munives, reconocieron que el Ministerio de Seguridad desoyó un pedido de auxilio solicitado al 911, el sábado pasado, cuando la adolescente todavía se encontraba viva.
“El día sábado entró un llamado al CEO que, lamentablemente, no se le dio el curso debido”, asumió Guzzo y, además de anunciar que se iniciará una investigación, detalló que esa comunicación fue realizada a las 18.58, “dando cuenta del domicilio donde finalmente habría estado la menor”. Por su parte Ríos, quien ratificó lo dicho por su jefe, sumó detalles que demuestran aún más la desidia e inoperancia de los funcionarios a cargo del Centro Estratégico de Operaciones, muy prestos para enviar unidades ese mismo día a un banco para desalojar y maltratar a una persona que dormía en el interior del cajero, pero sordos e inmóviles cuando otra niña había sido secuestrada y estaba a punto de ser vejada, torturada y finalmente muerta.
Según Ríos, la persona que llamó con desesperación al 911 adujo que había escuchado gritos de auxilio y que se refirió a la situación como un caso de “violencia de género” que, en lugar de ser rápidamente abordado, “se cortó el llamado por parte de la persona del CEO”. En el mismo sentido, pero recurriendo a una retórica marcial vacua, el jefe de la Policía de Mendoza recordó que “son miles de llamadas las que ingresan al CEO. Es un trabajo muy delicado de encontrar todas las llamadas y, finalmente al encontrase una llamada, es que se somete ésta a compulsa para proceder a la investigación y llegar precisamente a la real verdad del hecho que nos atañe”.
La única verdad, sabrá el comisario, es que Florencia gritó para que alguien la socorriera, que otra persona solidaria pidió auxilio al Ministerio de Seguridad, que un funcionario escuchó pero siguió sin novedad, y ningún superior o mecanismo de control del pomposo Centro Estratégico de Operaciones advirtió nada fuera de lo normal, comportándose como los uniformados que descreen o maltratan a las mujeres golpeadas que van a pedir ayuda a una comisaría para que sus parejas no las maten, y vuelven sin respuestas directo a las manos del agresor.
Evitables
Tanto Guzzo como Ríos y Munives se felicitaron por el trabajo mancomunado y agradecieron a la comunidad por haber contribuido a que el Ministerio Público Fiscal y la Policía de Mendoza encontraran el cadáver de la niña y a los acusados del crimen, seis días después de aquella llamada telefónica que solo sirvió para un registro informático que tanto le costó encontrar al jefe policial.
Munives, en tono paternalista y pedagógico, no se privó de dirigir una mensaje a la comunidad para subrayar que “hechos como estos son evitables, precisamente a través de la educación, del cuidado, del seguimiento que debemos tener los padres sobre nuestros hijos y que este tipo de hechos no se deben repetir, no se deben producir, precisamente, porque debemos tener ante todo en el seno familiar un diálogo de apertura”.
Sin embargo, los familiares de Florencia, a quienes parecían dirigidas las palabras del comisario, se quejaron públicamente de la inacción de la Justicia y de las fuerzas de seguridad. “Desapareció el sábado a las 8, el lunes no pasó nada, recién el martes a la tarde… por los piquetes (que hicimos). Setenta y dos horas casi para moverse”, protestó Nicolás anoche, en vivo por la pantalla de Canal 7, minutos después de confirmar que el cuerpo encontrado en una acequia de Maipú era el de su prima.
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