La anticipación de una condena social contra Nélida Rojas, mediante un planificado megaoperativo judicial transmitido en vivo por TV, no pudo ser. La dirigente de la Túpac Amaru se presentó ante la Justicia y, no obstante su expresa voluntad de no eludirla, fue apresada junto a tres familiares. Denuncian una persecución política, clasista y racista, promovida por el gobernador Cornejo y el procurador Gullé. La fiscal Chaves, quien firmó las detenciones, se despegó de los cuestionamientos, acompañada por el fiscal Nazar, reemplazante de Gullé desde hace una semana.

Cobertura especial de EL OTRO – Fotos: Coco Yañez.

Nazar y Chaves

La vuelta de los presos políticos

El viernes pasado, Nélida Rojas, enterada por una radio comunitaria de Lavalle que corría la versión de su posible encarcelamiento, decidió presentarse a las tres de la tarde -junto a miembros de su familia y sus abogados- a la Fiscalía 7ª, para ponerse a disposición de la Justicia. Dos horas después, la fiscal Gabriela Chaves ordenó la detención de la dirigente, su esposo Ramón Martínez y sus hijas Carla y Leonela, imputados por los delitos de asociación ilícita, extorsión, estafa, usurpación y coacción agravada.

Los apresados fueron alojados inicialmente en la Comisaría 16 de Las Heras, para luego ser trasladados a las cárceles de El Borbollón y Boulogne Sur Mer.

Durante el mediodía del sábado, el Comité por la Libertad de Milagro Sala en Mendoza, junto con diversas organizaciones políticas, sindicales, sociales y de derechos humanos, brindaron una conferencia de prensa en la que se calificó como “políticas” las detenciones de los miembros de la Túpac Amaru, se señaló al gobernador Alfredo Cornejo como el responsable de “armar una causa” para atacar a las organizaciones populares, y se denunció que a una de las hijas de Rojas, “apresada en una jaula”, se le impidió amamantar a su bebé de apenas 5 meses.

Horacio Báez, miembro del mencionado Comité, reconocido especialista en derecho penal y ex juez de la Cuarta Cámara del Crimen de Mendoza, señaló que la fiscal que ordenó la detención de Rojas y parte de su familia se valió de calificaciones jurídicas “rabiosamente arbitrarias”, forzando la figura de asociación ilícita para alcanzar el objetivo del apresamiento.

Para el ex juez, la fiscal no hizo más que responder a instrucciones del Procurador General, que orientaron la jugada judicial. “La sorpresa de hacer todo esto en cuatro o cinco días nos indica a nosotros que (la fiscal) ha tenido novedades, órdenes expresas del Ministerio Público de Mendoza, Procurador General Dr. Gullé, nombrado por Cornejo hace poco tiempo”, manifestó Báez en la conferencia de prensa.

La doble vara clasista y racista

Además, el jurista subrayó que la conducta “irresponsable” de la Dra. Chaves no se entiende sin la existencia de un prejuicio racial en contra de personas pobres que forman parte de una organización popular, como es el caso de Rojas y el resto de los miembros de la Túpac. En este sentido, Báez comparó esta situación con el tratamiento judicial que recibieron la difundida “banda VIP” de presuntos violadores, entre los que se encuentra imputado el hijo del presidente del bloque de diputados de la UCR, César Biffi.

Para Báez, en el caso de los llamados mediáticamente “rugbiers”, si bien los sospechosos están acusados de delitos gravísimos -que contemplan penas de entre 6 y 20 años de prisión-, quedaron liberados inmediatamente y el propio Alejandro Gullé salió públicamente a justificar esa decisión “porque no había pruebas suficientes”.

“Esto es pura y exclusivamente arbitrariedad, selectividad penal, solamente los pobres son presuntamente delincuentes”, se quejó el Dr. Báez, al tiempo que destacó que este proceder del Ministerio Público, a cargo de Gullé, también es coherente con la ideología jurídico-penal del gobernador Cornejo, quien ha dado órdenes al Procurador, violando la división de poderes, para que los detenidos –en su gran mayoría pobres- deban esperar en prisión el juicio oral y público.

La política por otros medios

“No es novedad la judicialización de la política en nuestro país y el cariz que ha ido tomando en los últimos tiempos”, manifestó en la conferencia de prensa Alfredo Guevara, uno de los abogados defensores de Nélida Rojas y su familia.

“Hay instrucciones especiales del procurador designado y puesto por Cornejo para armar un equipo especial para organizar la imputación de asociación ilícita y que la organización social sea criminalizada” (Alfredo Guevara).

En línea con Báez, Guevara apuntó al gobernador como el responsable de que Mendoza vuelva a tener presos políticos. “Esta causa se ha armado por órdenes de Cornejo. ¿Por qué decimos esto? No lo decimos porque esto sea un slogan, lo decimos porque tenemos pruebas, que vamos a incorporar en los momentos procesales oportunos, que demuestran la intervención de funcionarios del gobierno de Cornejo en el armado de estas denuncias”, anticipó Guevara.

“¿Hacía falta detenerla, el show, el suplicio, esto es lo que hacía falta señor gobernador? ¿Así vamos a ganar las elecciones? ¿Así quiere ganar las elecciones?”, preguntó retóricamente Guevara, y sostuvo -en referencia directa a Cornejo-: “Yo no puedo forzar el código penal para inventar acusaciones para meter presos a mis enemigos políticos”.

 

Gullé (izquierda), Cornejo (derecha). Foto: Prensa Gob. Mza.

Guevara se mostró sorprendido que no obstante la plena disposición de Rojas y sus familiares a colaborar con la justicia, se despliegue una campaña mediática y judicial para instalar la criminalización de la Túpac Amaru, y que las imputaciones se comuniquen oficialmente “por goteo”. El abogado defensor puntualizó que, mientras la prensa señala que hay 100 causas contra la organización, la fiscal sólo notificó 17. “Más del 80% de la acusación no la conocemos. Yo les pregunto a ustedes: ¿cómo pueden defenderse de aquello que no conocen?”, evaluó el letrado.

De todos modos, tanto Báez como el abogado de Rojas se mostraron confiados en que la “maniobra política” de Cornejo y Gullé será revertida en los próximos días, cuando el Juzgado de Garantías deba resolver la prisión preventiva de los cuatro detenidos. En su argumentación citaron un fallo reciente de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza poniendo límites a la utilización arbitraria de la figura de asociación ilícita, y antecedentes internacionales en favor de la liberación de Milagro Sala, los que también serían aplicables a los prisioneros políticos mendocinos.

Nélida Rojas Foto de archivo: Cristian Martínez

 

Los fiscales a la defensiva

El mismo sábado, a las 18 hs, los fiscales Gabriela Chaves y Gonzalo Nazar, convocaron a una improvisada conferencia de prensa, en la vereda de la sede del Poder Judicial, con la clara intención de responder a los duros cuestionamientos hacia las detenciones de Nélida Rojas y sus familiares.

Chaves, (titular de la Fiscalía 7, Unidad Fiscal de Las Heras y Lavalle) confirmó las circunstancias de las detenciones, la filtración de información judicial (que ya denunciaron administrativa y penalmente) a partir de la cual los miembros de la Túpac se hicieron presentes en su fiscalía, la plena disposición de los mismos a colaborar con la justicia, y las argumentaciones legales de la Fiscalía en su avoque.

“Nélida tiene una cantidad de 24 causas, y en las 24 ha quedado detenida (…) Ella está como jefa de la asociación ilícita, en carácter de jefe, igual que el marido. Además hay otras causas por extorsión, por estafa, por usurpación en la modalidad de despojo y también por coacción agravada”, puntualizó la miembro del Ministerio Público, quien también precisó que Leonela, la hija de Rojas, “está imputada en 2 causas por extorsión y estafa y está como miembro de la asociación ilícita”, y que Carla, la hermana de ésta, “está en 9 causas como miembro de la asociación ilícita, y las otras son todas por extorsión, y creo que hay algunas por usurpación”.

La fiscal enfatizó que la primera denuncia contra los imputados se hizo a fines de abril de 2015, que “llevó bastante tiempo porque la gente no quería hablar, pero después hubo una explosión así en noviembre del año pasado, en donde la misma gente de la Túpac espontáneamente se volcó a ponernos en conocimiento de estos hechos y ahí empezamos a procesar toda la información”

En el lugar de Gullé

Chaves, visiblemente agotada, estuvo acompañada por el fiscal Gonzalo Nazar. El magistrado se presentó ante los medios como “titular de la Cuarta Fiscalía de Cámara del Crimen y, desde el lunes 3 de abril, fiscal adjunto en lo penal interino de Procuración General”.

De viaje fuera de Mendoza, el procurador Alejandro Gullé, señalado por la defensa de Nélida Rojas como responsable de “armar” la causa judicial contra los militantes sociales, designó el 3 de abril a Gonzalo Nazar como su reemplazante interino. Mediante la Resolución N° 263/17, Gullé autorizó a Nazar a “dictar directivas particulares a todos los Fiscales del fuero penal”, entre otras funciones.

Cuando un periodista preguntó a la fiscal Chaves sobre la vinculación del caso con la causa de Milagro Sala, Nazar salió al cruce: “A ver…, disculpemé, si me permiten, evidentemente van por cauces paralelos, más allá de algún punto de contacto que periodísticamente hablando, o incluso jurídicamente hablando, cosa que al día de hoy no nos consta, haya entre estas dos situaciones procesales, esta es una investigación totalmente paralela, iniciada a raíz de una denuncia de abril de 2015…”, diferenció el fiscal.

Nazar admitió que “una de las primeras reuniones que tuve en mi nueva función laboral fue justamente con la Dra. Chaves” quien la interiorizó sobre la causa de la Túpac. Sin embargo, consultado por EL OTRO sobre la posibilidad de instrucciones específicas del Dr. Gullé en ese expediente, el fiscal negó tal versión. “Si advierto a dónde se dirige su pregunta, nosotros no podemos pasar por alto que, en el día de la fecha, quienes han asumido la defensa técnica de las personas imputadas hasta el momento han hecho saber, o han expresado, que sobre todo Nélida Rojas sería algo así como una presa política. Por supuesto que esta es una discusión que no atañe al Poder Judicial, desde ya Procuración General afirma de modo contundente que no hay un trasfondo político en la detención de Nélida Rojas, o la investigación, o la detención de los otros restantes coimputados…”, respondió Nazar.

“Asociación” poco usual

Los miembros del Ministerio Público reconocieron que es excepcional que haya personas detenidas en Mendoza imputadas por el delito de asociación ilícita, la calificación que según los defensores de Rojas se ha forzado con intencionalidad política.

Ante la consulta de este medio, la fiscal Chaves argumentó: “no están solamente detenidos por el delito de asociación ilícita, están detenidos por un montón de causas”, a lo que Nazar reforzó: “una cosa es que la asociación ilícita no sea un delito usual, que eso no escapa a nosotros, y otra cosa es que cuando alguien es investigado por el delito de asociación ilícita arriesgue una pena alta, que es uno de los factores que se tienen en cuenta para ordenar la previa detención y la posible posterior prisión preventiva”.

Sin derecho a lactancia

El abogado Alfredo Guevara denunció que Rojas y sus familiares fueron alojados en la Comisaría 16 “en una jaula en condiciones infrahumanas”, y que a una de las detenidas la policía le impidió amamantar a su bebé de apenas 5 meses. No es un dato menor que tres de las/los cuatro detenidas/os sean mujeres.

EL OTRO le consultó sobre esta situación a la fiscal Chaves, quien respondió con cierta vacilación: “Hay una de las detenidas que, no sé, una de las dos chicas, Leonela o Carla, creo que es Carla, que tiene nueve causas ella, o sea le he ordenado la detención en nueve causas… me planteó la defensa de que era mamá que tenía un bebé de cinco meses. (…) lo que hemos hecho es darle trámite a una prisión domiciliaria. Yo ya he pedido al director del penal que me informe si en el domicilio que ella me denunció, que va a constituir la prisión domiciliaria, es apto para colocar el aparato de geoposicionamiento y la pulsera electrónica para poder ordenar esa medida (…) Lo mismo pasa con la otra chica, con Leonela, una de las dos tiene una bebé de cinco meses y la otra creo de un año y medio, las dos estarían en la misma situación y para las dos he pedido la misma medida”.