Dirigentes nacionales del Sindicato Argentino de Docentes Privados interpusieron en Mendoza una demanda judicial para dejar sin efecto el ítem aula. Para SADOP, la medida impulsada por el gobernador Alfredo Cornejo afecta derechos laborales consagrados en la Constitución Nacional.
Fotos: Coco Yañez
“El denominado ´ítem aula´ ha sido establecido al solo efecto de restringir, lesionar y obstaculizar con una multa, y con una confiscación salarial, el ejercicio regular del derecho de huelga de los docentes privados”. Estas líneas sintetizan el argumento central de la presentación que realizó ayer el Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP), ante la justicia laboral mendocina.
El escrito, interpuesto personalmente por representantes nacionales de este gremio, busca que el fuero del trabajo de la provincia declare la inconstitucionalidad de la Ley 8.847 sancionada por la Legislatura local, y el Decreto 228/16 firmado por el gobernador Alfredo Cornejo.
En la explanada de la sede provincial del Poder Judicial, María Lazzaro y Pedro Bayúgar, secretaria general adjunta y secretario gremial –respectivamente- de la Comisión Directiva Nacional de SADOP, explicaron a la prensa los alcances de la acción judicial.
En diálogo con EL OTRO, Bayúgar subrayó la “extralimitación normativa” de la ley y el decreto provincial que establecieron el ítem aula, ya que, de acuerdo con su perspectiva, ambas normas limitan el ejercicio de derechos de los trabajadores fijados en la Constitución Nacional.
Para el secretario gremial, el ítem cercena particularmente el derecho de huelga de los docentes privados, garantizado por el art. 14 bis de la Carta Magna y la Ley de Contratos de Trabajo, un ámbito normativo federal que no puede ser modificado por los legisladores de Mendoza ni por el gobernador Cornejo.
En esa línea argumental, Bayúgar explicó que interpusieron una medida cautelar para que se dejen sin efecto, a la brevedad, los descuentos que las escuelas privadas le realizan a los docentes “en aplicación del inconstitucional, ilegal y arbitrario ítem aula”.
Además, el referente destacó, entre los precedentes jurídicos que respaldan la acción de SADOP, las decisiones ya adoptadas por la Organización Internacional del Trabajo, particularmente los convenios N° 87 y 98, ratificados por la Argentina, que garantizan la libertad sindical.
Ante la consulta de este medio sobre los alcances políticos de la medida de ajuste aplicada en Mendoza, María Lazzaro indicó que “hay indicios” sobre la posible expansión a nivel nacional de rubros salariales que intenten provocar el mismo efecto que el ítem mendocino.
En este posible contexto adverso, la secretaria general adjunta de SADOP destacó la importancia de frenar, judicial y sindicalmente, la avanzada de estas medidas contrarias a los derechos y el bienestar de las y los docentes de la educación de gestión privada.
Lazzaro también fue enfática al expresar que el ítem aula afecta a los docentes pero también, y fundamentalmente, a la educación. “Que las maestras vayan a trabajar enfermas, para que no se les descuente parte importante de su sueldo, no le hace bien a la propia docente, pero tampoco a sus alumnos que pueden enfermarse”, expresó la gremialista, para graficar lo absurdo que supone forzar el presentismo a cualquier precio.
Por último, la referente nacional de los docentes privados, apuntó directamente a Cornejo, al señalar que le resulta “inexplicable que una provincia rica y productiva como Mendoza aplique medidas de ajuste que atrasan décadas”, en un sector tan importante como el de la educación. No obstante, Lazzaro se mostró confiada en la “lucha ejemplar que los compañeros de SADOP están dando en esta provincia, para seguir diciendo ´no al ítem aula´”
La espera de una respuesta judicial, de parte de las maestras y profesores de instituciones del ámbito privado, se suma a la expectativa de los trabajadores de la educación pública, quienes aguardan una demorada decisión de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza sobre la validez constitucional de una de las medidas educativas más cuestionadas de los últimos años.
Leé la demanda judicial completa aquí.
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