La situación salarial de los trabajadores de la educación de Mendoza se instaló con fuerza en la campaña de las elecciones generales de la provincia. El ítem aula es el motivo. A casi ocho años de su aplicación, el “adicional” que introdujo Cornejo cosecha tanto rechazos como cuando el exgobernador impulsó su aplicación. ¿Cuáles son las razones para que se siga aplicando?, es la pregunta que lanzaron los candidatos y que intentaremos responder en esta nota.
Por Juan Sajor | Fotos de archivo: Coco Yañez
Las campañas electorales tienen la virtud de poner en discusión asuntos que pesan por la falta de consensos. Justamente esos tópicos son los que luego definen las propuestas y en los que finalmente los votantes depositarán sus expectativas. En la previa a las elecciones generales de Mendoza, la discusión sobre la continuidad del ítem aula se ha constituido en uno de esos temas, junto a los siempre cruciales como la pobreza, la falta acceso a la vivienda y la inseguridad.
La ponderación de un tema, que se podría decir afecta a solo un sector, refleja que el malestar de las y los trabajadores de la educación por el deterioro de sus salarios rebasa a la comunidad educativa. El conflicto se mantiene encendido a pesar de los continuos reveses y es que, sin dudas, la destrucción de los sueldos de los estatales es uno de los puntos más criticables de las gestiones de Cornejo y Suarez.
En defensa del ítem aula, vigente desde 2016, el oficialismo dice que su aplicación sirvió para generar un ahorro de 5.500 millones de pesos solo en los primeros 4 años, y que este monto extraordinario se utilizó para pagar juicios históricos, mejorar el ítem zona, capacitar a docentes y solventar la “gran inversión en infraestructura” en el gobierno de Cornejo.
Los voceros de la alianza que gobierna desde hace ocho años Mendoza agregan que, con la introducción del “incentivo”, se logró cambiar la conducta de los docentes y que esto derivó en mejoras en la calidad educativa. Según sus estudios estadísticos, el ausentismo bajó del 20% al 5%.
Entre sus fundamentos, el decreto 228 que oficializó un nuevo régimen plantea: “El referido ítem apunta a producir un cambio cultural imprescindible de volver a revalorizar la tarea docente en todas sus dimensiones e instancias”. Precisamente, a ese cambio se refirió el intendente de Rivadavia, Miguel Ronco hace algunos días. Sin reparar en los agravios, el cacique dejó al descubierto el pensamiento sobre el que se sustenta la iniciativa: “En la vida hay que ser cumplidor, hay que ser honesto, no hay que estafar. Imagínense ustedes que tuvieran cuatro intendentes acá en Rivadavia. Porque yo me tomé licencia porque me dolía un pie, porque el otro se tomaba licencia porque se había estornudado, porque el otro posiblemente iba a ser mamá, porque el otro no sé qué… Cuatro docentes en un solo aula. ¿Cómo va a salir el país adelante? ¿Cómo vamos a crecer con planes, con flojera, con certificados de enfermedad?” (sic).
La relación directa que hace el oficialismo entre la baja del ausentismo, la mayor cantidad de días con clases y la mejora de la calidad de la educación es una ecuación vacía. Durante las dos gestiones no se hicieron mediciones que ofrezcan pruebas contrastables sobre los supuestos avances que se lograron gracias la implementación del ítem aula.
La introducción del adicional, que funciona como una intimidación permanente, únicamente logró que las y los docentes naturalicen los sobreesfuerzos para no perder parte de su salario. Los casos de profesores y maestros que asisten enfermos para no perder el adicional, se multiplican en cada escuela, llegando a puntos extremos como tener que concurrir mientras se encuentran bajo tratamientos oncológicos.
En cuanto al aporte económico del ítem, se observa que los millones con los que contó el Gobierno a partir del “ahorro” en suplencias no fueron utilizados efectivamente en la infraestructura escolar. La construcción de una escuela entre 2016 y 2019 tenía un valor aproximado de $30 millones, es decir que Cornejo tuvo la posibilidad de levantar más de 180 escuelas con los $5.500 millones que obtuvo del ítem aula y sin embargo, según los números de la Subsecretaría de Infraestructura Educativa, solo hizo 16. Ocho menos que la gestión de Francisco Pérez y 17 menos que la de Celso Jaque.
Tampoco se observa, como sostuvo el violento Jaime Correas -jefe del gobierno escolar durante la gestión de Cornejo-, que ese ahorro haya reingresado en haberes. Un estudio del CIEC (Centro de Investigaciones en Economía Crítica) basado en los presupuestos provinciales de la serie 2013-2019, refleja la notable retracción del presupuesto educativo en los últimos años. En 2016 la inversión en educación representaba el 24,8% del presupuesto total y en 2019 ésta cayó a 19,9% de las erogaciones totales.
Con los resultados sobre la mesa, se verifica que el adicional introducido durante el gobierno de Cornejo, sirvió únicamente para debilitar los reclamos salariales de los docentes. El recorte extraordinario que se les hizo a los sueldos a partir de 2016 no se hubiese conseguido sin el ítem aula funcionando como amenaza de recorte salarial. Para graficar este descenso extraordinario se puede observar un estudio del CIEC del año 2021 que puntualiza cómo trabajadores de la educación de Mendoza fueron perdiendo frente a la inflación, año tras año.
Presente y futuro
La caída sin atenuantes de los sueldos de los trabajadores de la educación de Mendoza le hizo perder peso al cuestionado ítem. En estos casi ocho años el adicional pasó de representar el 10% al 5% del básico. Esto se debe a que los aportes que llegan de Nación son cada vez mayores en relación a los que paga la Provincia.
En la actualidad, la mitad del salario docente es sostenido por la cláusula de garantía y por otros complementos que se suman para que ningún educador que tenga un solo cargo perciba menos de $130 mil, tal como quedó establecido en la última paritaria nacional y para eso se creó el Programa Nacional de Compensación Salarial Docente. Al no poder alcanzar los aportes nacionales, el adicional docente en cuestión fue retrocediendo. Para un trabajador que recién se inicia, sin zona, representa alrededor de $6.000 y para uno con 15 años de antigüedad y 50% de zona cerca de $12.000.
Por todo esto, se entiende que la discusión sobre la continuidad del ítem es clave para el futuro de la educación de la provincia. Frente a un escenario en el que se anule la paritaria nacional docente, como ocurrió en el gobierno de Mauricio Macri, o frente a un gobierno que recorte el presupuesto nacional para educación, el adicional volverá a ser el látigo para domesticar las pretensiones de las y los docentes.
