Una lectora de EL OTRO comparte su perspectiva crítica sobre la necesidad de una “Ley de paridad”, que asegure representación igualitaria en los cargos electivos.
Sólo una fotografía: el 8 de marzo pasado se realizó en la Legislatura una sesión especial donde la totalidad de las bancas fueron ocupadas por mujeres.
Por Paloma Scalco
En Canadá desde el año 2015 el gobierno cuenta con un gabinete de 15 hombres y 15 mujeres, es el primero que se constituyó desde la perspectiva de género garantizando la paridad e inclusión de minorías. Parte de la política mendocina está en las antípodas del pensamiento del primer ministro del norte, y hoy lo evidencia negándole a los y las mendocinos/as la posibilidad de contar con una Ley de Paridad.
Muchos de los que se oponen al cupo creen que esta medida haría que esposas, amantes, “hijas de”, todas sin experiencia ni preparación, colmaran las listas legislativas. El pensamiento de fondo cada vez más evidente es que las mujeres “no calificamos para esos cargos”, sólo los “llenamos para cumplir la ley”.
El Equipo Latinoamericano de Justicia y Equidad (ELA), en el informe “Detrás del número”, mostró que en el caso de Mendoza el 83% de las mujeres legisladoras tenían estudios superiores mientras que el 72% de los hombres legisladores habían alcanzado ese grado de instrucción. Se observó también que la mayoría de los hombres y mujeres poseían experiencia previa en el sector público. Son las estadísticas las que derriban el mito de que el cupo llena la Casa de las Leyes de mujeres poco preparadas e inexpertas.
En Mendoza, cada 100 mujeres viven 95 hombres. Demográficamente somos más pero a la hora de representarnos en todos los espacios terminamos siendo menos. En la Legislatura el cupo del 30% sólo se supera en un 4 y 5 % en Senadores y Diputados respectivamente. Tenemos sólo una ministra que llegó al cargo luego de la salida escandalosa de Rubén Giacchi, al ser denunciado por efectuar violencia contra su pareja. Hay sólo una intendenta. En Mendoza no hay juezas en la Suprema Corte, debemos conformarnos con ser juezas de primera instancia.
¿Por qué es necesaria una ley de paridad?
Algunos piensan que las mujeres acceden casi naturalmente a los cargos y por lo tanto no es necesario sancionar una norma de tal índole, es decir que carecería de fundamento esta “discriminación positiva”. La historia demuestra que esto no es así, sino por el contrario a las mujeres les es muy difícil acceder a cargos de decisión, sólo 2 de cada 10 puestos de decisión están ocupados por mujeres.
Con la reforma de la Constitución en 1994, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW) adquiere jerarquía constitucional. Dicha norma promueve, entre otras cosas, que los Estados partes fijen medidas para eliminar la discriminación contra la mujer en la vida política y pública del país. Cada Estado deberá garantizar la igualdad de condiciones a hombres y mujeres para ejercer el derecho a votar y a ser elegidos. Determina también que las medidas estatales tendientes a concretar la igualdad no serán discriminatorias y cesarán cuando se hayan alcanzado los objetivos de igualdad de trato y oportunidades.
A 26 años de la sanción de la ley nacional, y a 16 años de la ley provincial, las mujeres seguimos estando subrepresentadas y es por ello que creemos en la importancia y oportunidad del tratamiento de la Ley de Paridad, con el fin de subsanar desigualdades que experimentamos al momento de conformar listas para cargos legislativos. Es una medida concreta y positiva que el Estado debe impulsar, una de las tantas que debe adoptar si quiere encabezar la lucha para erradicar la violencia contra la mujer.
¿Qué sucede si no es discriminación?
Tenemos que fundamentar por qué exigimos mayor participación en todos los espacios de poder, hecho que de por sí es discriminatorio. Se objeta, discute y critica a la paridad, al 50-50, porque en realidad vivimos en una sociedad en que la naturalidad parece ser la ausencia de mujeres en los lugares de poder y eso no se objeta, no puede discutirse y el gobierno “del cambio” mucho menos quiere modificarlo.
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