Desde hace un trimestre que el gobierno provincial no paga los sueldos de la totalidad de los profesores que llevan adelante un trayecto de formación técnico profesional. Peligra la acreditación de 120 títulos y la continuidad de la carrera en el 2017.

El “Profesorado de Educación Secundaria en la Modalidad Técnico Profesional en Concurrencia con Título de Base” se dicta en Mendoza desde el año 2010, en cuatro comisiones de tres sedes regionales: Gran Mendoza, Valle de Uco y Sur. Este programa educativo depende operativamente de la DGE, aunque se financia con fondos del Estado nacional.

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Foto: Cristian Martínez

La formación técnico profesional es indispensable para el desarrollo industrial de la provincia y la generación de empleo calificado.

El dictado del profesorado vino a cubrir una demanda muy importante de egresados de escuelas secundarias técnicas que, si bien se encontraban acreditados para ocupar cargos de maestros de enseñanza práctica en escuelas de nivel medio, requerían formación pedagógico-didáctica y actualización científico-tecnológica para desempeñarse como docentes en las aulas. Es así que desde el 2010, decenas de técnicos y técnicas pasaron por los cursos de tres Institutos de Educación Superior de Capital, Tupungato y San Rafael y, luego de tres años de esfuerzo obtuvieron su diploma.

Tras el éxito de la primera promoción, en 2014 se inició la formación de la segunda cohorte. Sin embargo, durante este año la desorganización administrativa de la DGE, que provocó el inicio tardío de las clases y la falta de pago de tres meses de sueldos,  ha puesto en peligro la finalización de la carrera.

Edificio del IES N° 9-011 de San Rafael, donde funciona la Sede Sur.
Edificio del Instituto N° 9-011 de San Rafael, donde funciona la Sede Sur.

 

En San Rafael ya se escucharon voces de protesta de parte de los alumnos. “Los que cursamos esta carrera, en su totalidad docentes del nivel medio, nos encontramos en un verdadero dilema porque a pesar de realizar un gran esfuerzo para asistir a clase y estudiar, hoy nos encontramos imposibilitados de rendir nuestras ultimas tres materias y lograr el título de profesor, que tanto necesitamos para sostener nuestros puestos de trabajo”, señala parte de un testimonio reproducido por el portal diadelsur.com.

Otra vez los “contratos basura”

Para conocer más de cerca esta problemática, EL OTRO entrevistó a Daniela Méndez, quien se incorporó como docente de esta propuesta educativa en el 2010 y desde 2011 coordinadora la Sede Valle de Uco. “En la gestión de (Celso) Jaque la situación fue un desastre, no cobramos por un año y medio. En el gobierno de (Francisco) Pérez se arregló y cobrábamos a mes vencido. Esta gestión de (Alfredo) Cornejo ha tardado muchísimo en iniciar las clases y desde septiembre estamos trabajando sin contrato”, reseñó la profesora Méndez.

En total son 20 docentes mendocinos los que trabajan en este programa nacional que se viene implementando en distintas jurisdicciones del país. Docentes de Ciencias de la Educación, Química, Psicopedagogía y profesionales de Agronomía, Ingeniería Civil, Arquitectura, Informática, Matemáticas, Psicología y Ciencias Políticas fueron incorporados por el gobierno provincial, bajo modalidades conocidas popularmente como “contratos basura”, es decir formas de fraude laboral que desde hace años se utilizan para precarizar a trabajadores del Estado y con ello “reducir costos”.

IES N° 9-009 de Tupungato. Sede Valle de Uco.
IES N° 9-009 de Tupungato. Sede Valle de Uco.

 

La DGE les pagaba “honorarios” mensualmente a los profesores contra la presentación de una factura, lo que los obligaba a categorizarse como Monotributistas ante la AFIP y, en consecuencia, asumir sus propias cargas sociales e impuestos. Además, al figurar como autónomos, el gobierno no formalizó relaciones de dependencia que se prolongaron en el tiempo, razón por la cual los trabajadores carecían -y carecen- de derechos laborales básicos como estabilidad, pago de vacaciones, aguinaldos, licencias por enfermedad, embarazo, etc.

Pero la situación, de acuerdo con el relato de la Coordinadora del Valle de Uco, tocó fondo nuevamente este año. En el segundo semestre las clases empezaron más tarde de lo pautado, los contratos nunca fueron firmados por la DGE, los meses de septiembre, octubre y noviembre jamás se abonaron y, como si no fuese suficiente, no hay ninguna información oficial que dé certezas sobre cuándo se harán efectivos los haberes.

A raíz de esta situación, en los centros Valle de Uco y Sur los profesores resolvieron, hace tres semanas, cortar el servicio educativo (técnicamente no se trataría de un paro sino de retención de débito laboral por incumplimiento de obligaciones por parte del gobierno), y en el caso de la Sede Capital anunciaron que no entregarán las notas de los exámenes hasta que no se les pague lo adeudado.

¿Querés que te cuente el cuento de la buena pipa?

Según confiaron fuentes del Ministerio de Hacienda a EL OTRO, los fondos nacionales del programa han sido depositados en las cuentas del gobierno provincial, pero éstos no se ejecutaron todavía por ineficiencias de gestión de la DGE. El contador José Zambudio fue puesto en funciones recientemente al frente la UCPP (Unidad Coordinadora de Programas y Proyectos), él es uno de los responsables de que los trámites burocráticos se realicen para que los profesores cobren y se permita la continuidad de la formación técnico profesional.

“Todos nosotros -por los docentes- le entregamos hace poco una nota a Zambudio para informarle de la grave situación y del corte de servicio de todas las comisiones de las sedes provinciales, pero no hemos tenido respuestas todavía. Es más, Zambudio nos cuestionó personalmente por qué habíamos empezado las clases en septiembre si aún no habíamos firmado contrato”, nos contó Daniela Méndez con indignación ante la manifiesta incoherencia del funcionario.

Américo y Capone.
Américo y Capone. Foto: gentileza DGE

 

También son responsables de este conflicto el Director de Educación Técnica y Trabajo, Néstor Américo y el Director de Educación Superior, Gustavo Capone. A pesar de los reclamos que les han hecho llegar, el Sr. Américo y el Prof. Capone no han dado respuesta alguna. Desde la DGE sólo dejaron trascender informalmente que pagarían este año la mitad de noviembre y diciembre, y septiembre y octubre en enero, febrero y marzo del 2017.

Resulta paradójico que las mismas autoridades de la DGE, que insisten con la importancia de no perder un sólo día de clases y penalizan las inasistencias docentes con el descuento del controvertido “ítem aula”, no garanticen en este caso el derecho básico a la educación continua de los alumnos, que asumen la responsabilidad de profesionalizarse, y el respeto de los derechos laborales esenciales de los docentes que hacen posible esa formación.

En suma: los futuros egresados están a tres materias de terminar la carrera; en pocos días deben comenzar las mesas de exámenes; no están previstos horarios de apoyatura ni de consultas para los alumnos que deben asignaturas de primero y segundo año; muchos de ellos rendirán y no tendrán sus notas ni los ansiados títulos; y los profesores y profesoras no cobran los magros haberes con los que sostienen a sus familias.

Estos educadores no están sindicalizados, ya que por su condición de contratados el Estado tampoco les permite el ejercicio de ese derecho constitucional. No obstante, esta semana prevén hacer oír su protesta colectiva en la sede del Ejecutivo provincial.