El amigo y correligionario de Alfredo Cornejo, Luis Romero, fue nombrado orientador social en una escuela del Complejo Almafuerte. La designación sin concurso, avalada por la Dirección de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos, viola normativa administrativa básica, y pone en evidencia la falta de independencia del Procurador de Personas Privadas de la Libertad respecto del Poder Ejecutivo. ¿Otro caso de ñoquis a la Caroglio?
Por Negro Nasif
La bolsa de empleo político que gestiona Mariana Caroglio en la Dirección de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos (Depja) recibió una reciente incorporación partidaria, que se suma a los fichajes de su hermana, Silvana Caroglio, y del fiel coordinador en Educación de Contexto de Privación de Libertad, Erico Arias.
La Depja que conduce la madre del ítem aula dio el visto bueno para el nombramiento a dedo del titular de la Procuración de Personas Privadas de Libertad, Luis Romero, quien ingresó sin el correspondiente concurso que exige el gobierno escolar, a un cargo para el que no solo no está preparado, sino que además resulta incompatible con la función pública que desempeña.
La meritocracia del amigo
En abril de 2019, el entonces gobernador Alfredo Cornejo comenzó su avanzada para controlar la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura, impulsando la designación de su correligionario y colaborador del Ministerio de Seguridad, Luis Marcelo Romero, como Procurador de las Personas Privadas de Libertad.
Organismos defensores de derechos humanos denunciaron que el candidato oficialista no cumplía con los requisitos de independencia e imparcialidad, condiciones indispensables para quien quedaría a cargo de una institución del Estado, que tiene como responsabilidad la protección de los derechos y garantías constitucionales de los alojados en cárceles, o cualquier establecimiento público o privado que implique restricción de libertad.
Pese a que Romero obtuvo el tercer puntaje en el concurso para acceder a la Procuración, Cornejo avanzó con su maniobra y, con el aval de la escribanía de la Cámara de Senadores, puso a su amigo en la presidencia de la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Es decir, el zorro al cuidado de las gallinas como garantía de impunidad para la invisibilización sistemática de la violencia institucional, impidiendo el monitoreo de cárceles y calabozos por parte de los organismos de derechos humanos.
En el concurso que se llevó a cabo para conformar la terna vinculante que la Comisión Asesora elevó al gobernador, el candidato oficialista había obtenido una calificación de 14,5. Último puntaje, detrás de María Mercedes Duberti (17,15) y Fabricio Imparado (18,40).
Tan obscena fue la movida de Cornejo, que hasta el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel solicitó a la vicegobernadora, Laura Montero, que se respete la independencia e imparcialidad de la función del Procurador, e hizo expreso su apoyo a Imparado, quien obtuvo la calificación más alta en el concurso.
Pero nada ni nadie hizo cambiar lo que ya estaba resuelto, y la meritocrática y amañada carrera de Romero continuó su ascenso, llegando en los últimos días a un nuevo escalón, tan escandaloso como los anteriores.
Alma fuerte, cara dura
De acuerdo con una denuncia de la Liga Argentina por los Derechos Humanos (LADH) Filial Mendoza, “Luis Romero ha sido nombrado ‘orientador social’ con desempeño en el Centro Educativo de Nivel Secundario (Cens) 3-516, que desarrolla sus actividades en la Unidad III de Mujeres del Complejo Almafuerte II, Cacheuta, Mendoza”.
Para la prestigiosa organización de derechos humanos, que aportó en su denuncia planillas de asistencia del Cens (ver imagen arriba), el nombramiento de Romero implica varias irregularidades. Por un lado, señalan que el funcionario cornejista fue nombrado sin cumplir con el régimen de concursos obligatorio de la DGE. Por el otro, su título de grado en Ciencias Políticas “no lo faculta para el cargo, sólo posible para sicólogos, sicólogos sociales, trabajadores sociales o sicopedagogos”.
Sin embargo, para la LADH las irregularidades administrativas no son lo más grave: “Este nombramiento irregular pone en evidencia la falta de independencia del Procurador del Poder Ejecutivo, tal como lo exige el Protocolo Facultativo de Prevención de la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, firmado en el Marco de las Naciones Unidas en el año 2004 (ley 25.932), y el artículo 22 de la ley provincial 8.284 y su modificatoria ley 9.253”.
Incompatible
La incompatibilidad de Romero es tan clara como el acomodo político que lo llevó a aterrizar en el Cens de Almafuerte. La 9.253 establece que “el cargo de Procurador de las Personas Privadas de Libertad en Mendoza tendrá dedicación exclusiva y su ejercicio será incompatible con el desempeño de cualquier otra actividad pública, comercial o profesional, a excepción de la docencia universitaria. Le estará prohibida, asimismo, la actividad política partidaria”.
“Estamos ante un escándalo que afecta directamente el respeto de la dignidad de las personas privadas de libertad”, señala la denuncia de Liga Argentina por los Derechos Humanos. Presentación que posee relevancia institucional, ya que ese organismo integra el Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, encargado, entre otras funciones, del monitoreo de las cárceles mendocinas cuyas puertas vigila el procurador Luis Romero.
