El gobernador Alfredo Cornejo y el procurador Alejandro Gullé avanzan en una estrategia común para disciplinar la protesta social. De manera conjunta, el Ministerio Público Fiscal y la Dirección General de Escuelas impulsan un proceso judicial para castigar a tres docentes que participaron de “la toma del Normal”. EL OTRO entrevistó a Patrick Boulet, uno de los profesores imputados por el presunto delito de desobediencia. “La desobediencia es la peste. Ese es un problema para el poder, le tienen mucho miedo, por eso se preocupan por supuestos perejiles”, reflexionó el sociólogo.
Gullé es Cornejo
El 23 de agosto pasado, en el contexto de un prolongado plan de lucha de los Institutos de Educación Superior (IES) de toda Mendoza, estudiantes y docentes del Tomás Godoy Cruz (ex Normal), iniciaron una ocupación pacífica del edificio para desarrollar una asamblea que se prolongaría hasta el 25.
Frente a la posibilidad concreta de cierre de cursos y carreras en los IES de gestión pública y privada, a partir de la publicación de la resolución 2010/18 firmada por el violento Jaime Correas, la comunidad del Instituto de Capital le exigía al director general de escuelas la derogación de esa norma, así como también reclamaba al gobernador Alfredo Cornejo que dejara sin efecto el decreto 530/18 que restringe la autonomía y democracia interna de los centros de formación docente.
A poco de conocerse “la toma del Normal”, la repuesta represiva fue la única opción que ofreció el gobierno, en coordinación con el Ministerio Público Fiscal a cargo del procurador Alejandro Gullé, amigo personal y correligionario de Cornejo, quien promovió su designación en 2016.
El (mal) ejemplo
El conflicto educativo y laboral fue judicializado. El Ejecutivo dio el primer paso: Correas emitió un memorándum, dirigido a docentes y alumnos, para que levantaran “la toma” del establecimiento y restituyeran el inmueble “libre de manifestantes”, antes de las 23 hs del viernes 24 de agosto. El Ministerio Público Fiscal movió la siguiente pieza: el fiscal Gabriel Blanco, acompañado por una decena de policías, se presentó en el Instituto para hacer cumplir la orden de la DGE.
Sin embargo, el funcionario judicial se topó con una importante concentración de alumnas y alumnos, docentes, personas autoconvocadas, dirigentes sindicales y legisladores provinciales de la oposición, quienes se acercaron hasta el lugar para solidarizarse con la asamblea y evitar cualquier riesgo de desalojo o represión policial.
Finalmente, “la toma del Normal” triunfó en su objetivo de visibilizar el profundo conflicto de los IES y resistió el intento de disciplinamiento. El absurdo y antidemocrático memorándum de Correas no pudo ser ejecutado por los miembros de la Fiscalía en turno, quienes, ante la evidente ausencia de delitos, abandonaron el Instituto en las primeras horas de la madrugada del sábado 25.
Incluso, para despejar cualquier duda, los funcionarios del Ministerio Público Fiscal aseguraron que no habría imputaciones. “Yo, el Dr. Giusti, te doy mi palabra que a vos no te va a pasar nada hoy. A él tampoco. Te doy mi palabra como autoridad judicial. No te va a pasar nada en materia penal, que es lo que nosotros decidimos. Queremos que estés absolutamente tranquilo. Ni te vamos a pintar los dedos, ni vamos a imputar… Estamos tranquilos, tratando de llevar paz, algo que lógicamente necesitan todos, tranquilidad”, aseguró ante el micrófono de EL OTRO Gustavo Giusti, ayudante del fiscal Blanco (ver video).
La promesa duró muy poco. El procurador Gullé, en línea con Cornejo, ordenó al fiscal Blanco avanzar en contra de tres docentes del Instituto Tomás Godoy Cruz: Silvia Gabriela Díaz, Patrick Boulet y Miguel Ángel Sarmiento. Presunta “desobediencia” es el delito que se investiga.
Imputados
Patrick Boulet es sociólogo desde hace quince años. Actualmente es profesor de Sociología de la Educación y de Historia y Política de la Educación Argentina en tres carreras del Instituto Tomás Godoy Cruz. También es docente de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Cuyo.
Boulet es uno de los trabajadores de la educación a quién la DGE y el Ministerio Público Fiscal pretende castigar con una pena de prisión de quince días a un año, de acuerdo con el artículo 239 del Código Penal, por haber participado en la asamblea permanente de fines de agosto en la que profesores y estudiantes reclamaban por los derechos a la educación y el trabajo.
EL OTRO entrevistó al profesor Boulet para conocer su punto de vista acerca de una causa que, además de penal, es fundamentalmente política.
¿Cuál es su situación judicial?
Los tres docentes estamos imputados por el delito de desobediencia. Por la información que nos ha dado nuestro abogado, Pablo Salinas, no hay ningún fundamento en el expediente que justifique esas imputaciones. Es por eso que solicitó la nulidad de la causa y el inmediato sobreseimiento por inexistencia de delito.
La jueza Miriam Moltó rechazó el pedido de nulidad, en una audiencia que se hizo el 27 de setiembre, sin posibilidad de acceso público de cerca de cincuenta compañeros y compañeras docentes que se acercaron a tribunales para apoyarnos ese día.
Nuestro abogado apeló la decisión de la doctora Moltó y estamos esperando una respuesta favorable de la Cámara.
La DGE se constituyó como querellante particular en contra de ustedes. ¿Cuál es su interpretación respecto a la intencional del gobierno en esta causa?
Los trabajadores de la educación pretendemos debate, participación democrática, proteger los derechos laborales de las compañeras y compañeros docentes, pretendemos más educación superior para todos.
Queremos que haya más carreras y más estudiantes, por eso peleamos para que continúen las becas Progresar, para que aumenten los fondos destinados a la educación pública, para que tengamos más laboratorios, más recursos.
Nosotros queremos eso. ¿Qué pretende la DGE con este procedimiento judicial y la meteórica campaña de prensa en contra de las y los trabajadores de la educación? Eso debieran preguntárselo a ellos.
La peste social
Más allá de lo judicial, para usted como sociólogo, como trabajador de la educación que lucha, ¿qué análisis le merece que se lo acuse de desobediente?
La figura del desobediente es muy antigua y se contrapone a la idea de la potestad ordenadora del gobierno.
En los gobiernos de la Generación del 80, en la Argentina de la oligarquía, “el orden” era el lema. Si pensamos en el contexto actual, lo que hay, en lo amplio, es una intención clara del gobierno nacional y de los gobiernos provinciales de Vidal en Buenos Aires, de Morales en Jujuy y de Cornejo acá, entre otros, de un ordenamiento social coherente con aquellas teorías conservadoras de fines de siglo XIX.
Nosotros como docentes imputados somos un pedacito chiquitito, no somos lo importante, si tenemos en cuenta el marco del Código Contravencional sancionado hace poco, las imputaciones a sindicalistas, las multas permanentes a SUTE, ATE, CTA y SADOP por manifestarse…
En ese contexto político, ¿quién es el desobediente?
El desobediente es aquel que se sale de la norma. El pensamiento conservador de fines del siglo XIX hacía una semejanza entre el cuerpo humano y la sociedad. A eso le llamamos en Sociología “metáfora organicista”, la sociedad entendida como un organismo.
Para los neo funcionalistas del siglo XXI la sociedad es como una gran computadora, tal como lo muestra de forma crítica la película Matrix. Esas máquinas tienen virus informáticos, enfermedades que la atacan de la misma manera que los virus afectan a los cuerpos orgánicos, a los animales, a las plantas. En ese marco, la desobediencia es entendida como una enfermedad social que debe ser atacada con el mismo rigor que se usa para eliminar una infección.
Para esta visión, el problema de la desobediencia como anomia, como oposición a la norma, es su alto nivel de contagiosidad. Los virus son chiquitos pero representan un grave peligro, propagan una enfermedad infecciosa muy virulenta a la que hay que aplicarle una medicina muy fuerte.
En el famoso libro La peste, de Albert Camus, esto está genialmente pintado. Camus critica la malaria, la fiebre amarilla o el cólera, ya no como enfermedad, sino que nos habla de la “peste social”. La desobediencia es la peste. Ese es un problema para el poder, le tienen mucho miedo, por eso se preocupan por supuestos perejiles.
Alfredo Cornejo es licenciado en Ciencias Políticas, él estudio en la misma facultad que yo pero un poco antes. Seguro que cuando era estudiante debía criticar aquellas teorías sin sentido.
El remedio de la “víctima”
La constitución del Estado como querellante particular en una causa penal no es algo que ocurra con frecuencia. Solo en casos graves, como por ejemplo delitos de lesa humanidad, el gobierno de Mendoza ha impulsado procesos judiciales.
Es por eso que sorprende y preocupa que el Estado provincial, invocando en el expediente su carácter de “víctima del delito de desobediencia”, se presente como querellante en esta causa en la que busca llevar a prisión a educadores.
En la entrevista con Boulet, el docente sugirió a este diario consultar a las autoridades de la DGE sobre las verdaderas intenciones del proceso judicial por “desobediencia”. Como suele ocurrir, los funcionarios provinciales se negaron a dialogar con EL OTRO. No obstante hay registros de prensa que arrojan algunas pistas y confirman sospechas.
De acuerdo con la crónica del diario El Sol de la audiencia judicial del 27 de setiembre pasado, el asesor legal de la DGE, Francisco Fernández, explicitó que el gobierno perseguirá penalmente a los docentes que participen de una asamblea. “Para cualquiera que interrumpa el normal funcionamiento de un establecimiento educativo, la DGE va a proceder de la misma manera, planteando las acciones a la Justicia y presentándose como querellante”, advirtió el abogado oficial.
