“La gente quiere mano dura”, es un latiguillo que repite la ultraderecha en Mendoza. Sin embargo, las víctimas de la inseguridad social y la represión en el Cordón del Plata no parecen ser “la gente” de la que habla el gobierno. Luego de la brutal violencia institucional de la última semana, la lista encabezada por Alfredo Cornejo solo obtuvo 25,76% de los votos.
Por Negro Nasif
Aunque no le alcanzó para triunfar en Tupungato, el candidato a diputado nacional por Cambia Mendoza, Alfredo Cornejo, mejoró sus resultados en las elecciones del último domingo en comparación con las PASO de agosto. Con 44,26%, la lista de legisladores nacionales del oficialismo quedó a menos de un punto debajo de la boleta del Frente de Todos.
Sin embargo, en Cordón del Plata el escenario electoral fue completamente adverso para el mandatario de Mendoza. Según los cómputos oficiales, con el 100% de las mesas escrutadas de ese distrito tupungatino, Cornejo arañó 26% mientas el justicialismo redondeó 63% de los votos.
Sin lugar a dudas, la inseguridad social que sufre el pueblo del Cordón fue uno de los motivos que provocaron uno de los peores resultados del gobernador, en contraste notable con su triunfo categórico en la elección provincial (52,35%). Pero no es solo la inseguridad lo que restó votos a Cornejo, evidentemente la represión policial como única respuesta a los reclamos de los vecinos hizo mella en el escrutinio final.
Recordemos que la semana pasada Alcides Chaira, de 19 años de edad, fue apuñalado en una de las calles de Cordón del Plata, lo que despertó la impotencia contenida desde hace mucho tiempo por el constante estado de inseguridad que vive ese distrito del Valle de Uco, sumado a la indiferencia de las autoridades sanitarias que tardaron 40 minutos en enviar una ambulancia al lugar, mientras Alcides se desangró hasta perder la vida.
Tras el crimen, las y los vecinos salieron a la calle a exigir seguridad y justicia en un clima de indignación que fue creciendo hasta que la represión policial desató una pueblada, amenaza de linchamiento a la familia de los presuntos delincuentes, y confrontación con las fuerzas de seguridad que hirieron a decenas de personas, con balas de goma, golpes y palos, entre ellos varios niños, algunos trasladados al destacamento del lugar. Sesenta y cinco personas fueron maltratadas y detenidas en diferentes calabozos, y días después liberadas con graves cargos y las marcas de la represión en el cuerpo.
“No tienen atención en salud, no tienen doctores ni enfermeros; y ahora sufren este acto terriblemente agresivo del que han sido objetos como si fueran una pared de tiro”, denunció Francisco Navajas, el cónsul de Bolivia, en clara alusión a la actitud discriminatoria por parte del Estado provincial hacia la comunidad boliviana del Cordón. “Esto es una situación terrible, es un acto de miseria humana quitarle la vida a alguien. La comunidad boliviana está dolida, hubo abusos contra la gente y hay heridos. Las autoridades deben esclarecer esto cuanto antes”, aseguró el diplomático en diálogo con el portal regional Infouco.
La Clínica Socio-Jurídica en Derechos Humanos y Migraciones y la Asociación Ecuménica de Cuyo expresaron “nuestro firme repudio por la brutal represión de las fuerzas de seguridad, ocurrida el día 21 de octubre, ante las exigencias de la comunidad de Cordón del Plata, Tupungato y Tunuyán que reclamaban seguridad y justicia a raíz del asesinato del joven de 19 años Alcides Chaira”.
Desde estas organizaciones exigieron el sobreseimiento de las y los imputados que ejercían el derecho “a la protesta reconocido por nuestra Constitución Nacional”, repudiaron “todo acto de discriminación, racialización, aporofobia y xenofobia hacia la población del Valle de Uco a raíz de su nacionalidad y situación migratoria”, rechazaron la “criminalización de la población migrante” y defendieron “el derecho a la protesta y a la ocupación del espacio público”.
A principios de octubre, con motivo de la inauguración de una cárcel transitoria en el Valle de Uco, donde fueron apresados varios de los detenidos la semana pasada, el gobernador Cornejo sostuvo: “Estamos agregando metros cuadrados para no tener hacinamiento. También estamos invirtiendo en educación y en trabajo en cada una de las cárceles. Todos estos cambios requieren mantener la política de mano dura en materia de seguridad con la posibilidad de que quienes estén privados de la libertad tengan la opción de resociabilizarse. Hay que darles esa oportunidad, eso realmente es libertad, que el Estado de derecho pueda brindar esa posibilidad”.
“La gente quiere mano dura” repite el gobierno de la alianza UCR-PRO. Las víctimas de la inseguridad social y la represión de Tupungato, “la gente” excluida del Cordón, no opina lo mismo.
